_
_
_
_
_

La división de la causa llevaría a celebrar decenas de juicios

La iniciativa perjudica a los excargos de Empleo que tramitaron las ayudas

Alaya, a su salida de los juzgados este lunes.
Alaya, a su salida de los juzgados este lunes.Julián Rojas

La división del caso ERE que propone la Fiscalía Anticorrupción supondría —en caso de aceptarlo la instructora Mercedes Alaya— decenas de piezas separadas por cada ERE y ayuda directa a empresa, así como una que englobe las sobrecomisionespagadas a los intermediarios y otra para el diseño del fondo. Esta última es la que atañe a los 20 altos cargos imputados y los siete políticos aforados (dos expresidentes y cinco exconsejeros de la Junta). Los fiscales matizan que, dado que ciertos ERE y ayudas directas comparten protagonistas, el número final de piezas separadas serán menor al total contabilizado de 400 expedientes, que se pagaron gracias al fondo. La estimación de los fiscales “supera ampliamente la cantidad de 200 expedientes”.

Está por ver aún que el número final de juicios se traduzca en dos centenares de vistas orales, algo improbable, ya que es previsible que en el futuro se imponga la unión de los procedimientos instruidos por economía procesal. A priori, los fiscales establecen esos tres focos principales: ERE y ayudas directas a empresas, sobrecomisiones y diseño del fondo. Y para ello Anticorrupción esgrime la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuyo artículo 762 establece la potestad de la juez para enjuiciar los delitos conexos “con independencia” mediante “piezas separadas (...) para simplificar y activar el procedimiento”.

Durante la instrucción algunas defensas han pedido la separación en piezas de la investigación para hacerla más manejable, pero nunca para su enjuiciamiento ¿Por qué razón? Pues porque la multiplicación de juicios perjudica a los imputados responsables de la tramitación de ayudas (tanto en la Consejería de Empleo como en la agencia Idea, pagadora de los ERE), cuyas defensas son las más activas en el procedimiento. En caso de prosperar esta multiplicación de casos, estos acusados deberían responder por cada supuesto delito cometido en la tramitación de expedientes, en vez de asumir sus responsabilidades como delitos continuados, al estar estos prolongados en el tiempo y repetirse el modus operandi que la juez considera ilegal.

Si finalmente se produjera una separación total en piezas independientes, las posibles condenas derivadas para los exdirigentes de la Consejería de Empleo como supuestos responsables de la ejecución de la partida 31L, sumarían una suma de años de cárcel desorbitada. “Guerrero estaría en todos los juicios. De esta forma sus derechos se vulnerarían de forma flagrante”, argumentan fuentes de las defensas, en referencia a Javier Guerrero, ex director general de Trabajo y principal implicado.

Por establecer una comparativa, el juez del caso Invercaria, Juan Gutiérrez, instruye numerosas piezas por cada firma en las que participó la empresa pública, dentro de un solo procedimiento que abarca los cinco años de actividad investigada (2005-2010). De este modo, el magistrado aún no se ha pronunciado sobre la preferencia para enjuiciar las inversiones de Invercaria en sociedades diferentes como FIVA o la aerolínea Ándalus por separado o de manera conjunta. En paralelo el magistrado ha abierto nueve procedimientos independientes para estudiar el uso de las transferencias de financiación en empresas como Egmasa o RTVA.

Ante la posibilidad o no de aglutinar el enjuiciamiento de la causa en solo una vista o hacerlo de manera separada, los fiscales puntualizan que optan por las múltiples piezas separadas dado que de otro modo propiciarían “dilaciones” que perjudicaría el procedimiento, un riesgo latente dada la extensión del periodo investigado, que se remonta al año 2000.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

La diferencia estriba en la “conexidad necesaria” o “conexidad por razones de conveniencia o economía procesal”, que se traducen en dos opciones para los fiscales, establecidas en diferentes sentencias del Tribunal Supremo. “La regla de enjuiciamiento conjunto de los delitos conexos no es una regla imperativa y (...) hasta debe de ceder ante razones de simplificación o rapidez del proceso”, arguyen los fiscales Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo
Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_