La burocracia deja sin sanidad pública al bebé de dos inmigrantes con papeles

Marian se ha pasado la primera etapa de su maternidad entre el placentero arrobamiento por su bebé y la indignación y el miedo constantes: su pequeña, nacida hace 16 meses en A Coruña, ha estado los últimos siete sin cobertura sanitaria pública. “Los nueve primeros meses estuvo en mi cartilla; después, ha tenido derecho a la asistencia en Urgencias pero le han negado todas las revisiones periódicas preventivas a las que se someten todos los niños españoles”. En realidad, la hija de Marian —argentina con más de 12 años de residencia legal en Galicia, en donde tiene trabajo estable y paga puntualmente, como su compañero, sus impuestos— no es todavía española. Al menos a efectos de derechos básicos. Tampoco es argentina. El bebé, nacido en A Coruña en octubre de 2012, ha estado hasta ahora en un borroso limbo como consecuencia de un malentendido burocrático.

Si Marian y su pareja hubieran sido ilegales en España todo habría sido más fácil: a su niña la habrían incluido en el Programa Galego de Saúde garantizándole la cobertura sanitaria pública. Pero la maquinaria burocrática se tornó plomiza en su caso. El viernes pasado, tras más de un año de un vía crucis administrativo que mantuvo a la pequeña sin nacionalidad —y sin derechos—, una trabajadora social del Servicio Galego de Saúde (Sergas) solucionó el problema: inscribió a la pequeña en ese Programa Galego de Saúde que le da derecho a asistencia sanitaria plena en esta comunidad. La solución llega al mismo tiempo que la concesión de la nacionalidad española para la pequeña. Tarde, aunque “afortunadamente”, puntualiza la madre de la criatura, “yo tenía un seguro privado y la niña es muy sana”.

El primer escollo en los derechos de la hija de Marian surgió el mismo día en que nació. La madre quiso inscribirla en el juzgado pero allí le dijeron que tenía que ir al consulado argentino. Los funcionarios del registro indicaron que debía cumplir con ese trámite previo, explica esta mujer, para que su país de origen no la reconociera como argentina: “¡Mi niña tenía que ser apátrida!”, exclama Marian, aún alarmada por una situación que no comprende. “Me dijeron que el nacer en España no le daba derecho a ser española”, sigue relatando, “que la nacionalidad se la transmite la madre y yo, aunque pendiente del último trámite, el del juramento, que han tardado tres años en convocar desde que el Gobierno aceptó mi solicitud, aún no tenía el Documento Nacional de Identidad”.

Marian consiguió el DNI hace un mes, cuando por fin pudo realizar el juramento de fidelidad al Rey y a la Constitución y cuando su niña llevaba ya tiempo sin derecho a la sanidad pública; tres años después de tener una resolución favorable a su petición de nacionalidad; y casi 12 después de mantener un trabajo, ingresos y residencia estables en Galicia. “Me marearon. En cada institución me decían una cosa; es para volverse locos”, sentencia.

Cuando la pequeña cumplió los nueve meses tuvo que retirarla de su cartilla. “Si mi hija hubiera sido hija de ilegales no habríamos tenido ningún problema: le habrían dado la cobertura sanitaria al nacer; el problema es que no tenía nacionalidad”, se lamenta Marian todavía mientras recuerda que en la Tesorería de la Seguridad Social le propusieron incluir a la niña en un programa de menores sin recursos. Pero cuando llamó al centro de salud que le corresponde en A Coruña para que examinaran a su pequeña, le dijeron que tendría que haberla inscrito en el departamento de Extranjería. “No podía creérmelo, porque había ido cuatro veces a Extranjería buscando soluciones y cada vez me habían dicho una cosa distinta. No podía entender cómo me ocurría esto”.

Una de las últimas opciones que le ofrecieron fue concederle a su hija una tarjeta para menores en situación de exclusión social “cuando mi niña no lo está, no es el caso: su padre y yo tenemos trabajo, recursos y pagamos siempre nuestros impuestos. Me pareció increíble. No paraba de preguntarme qué hacían con nuestro dinero”.

La solución llegó hace una semana de la mano de la trabajadora social del Sergas que la alertó de que el problema residía en la falta de nacionalidad de la pequeña. “Mi hija no era nada: ni española ni argentina; entre unos y otros la mantuvieron en esta situación”, explica.

Ahora, mientras insiste en agradecer el trabajo de los empleados del Sergas, “los únicos que en estos 16 meses han estado conmigo buscando una solución, hasta encontrarla”, el Estado le concede a la pequeña la nacionalidad española que le transfiere su madre (la ha obtenido hace poco más de un mes). Como las alegrías nunca vienen solas, la niña consigue sus plenos derechos al mismo tiempo que la sanidad gallega le garantiza todas las prestaciones de las que ha carecido durante los últimos siete meses.

Un complejo viaje a la identidad que se habría evitado si “en cuanto nació la niña” le “hubieran informado bien en la Seguridad Social, en donde le dieron un alta que no era válida”.