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La Xunta expropió al doble de su precio la cantera de una empresa afín a Louzán

El fiscal investiga el pago de más de un millón de euros a la compañía

Variante de Meis, en terrenos que antes ocupaba la cantera expropiada
Variante de Meis, en terrenos que antes ocupaba la cantera expropiada

El justiprecio de la expropiación por parte de la Xunta de una cantera de granito explotada por la empresa Áridos de Curro, SL (Aricur), propiedad de Juan Luis Abal Piñeiro, familiar del presidente del Partido Popular y de la Diputación Provincial de Pontevedra, Rafael Louzán, por la que la Administración autonómica pagó más de un millón de euros, está bajo sospecha de la Fiscalía de Pontevedra tras una denuncia anónima y varios meses de investigaciones. En los expedientes de la denuncia figura una tasación que estipula el precio real de la cantera en apenas medio millón de euros y aporta datos oficiales de su escasa actividad antes de la expropiación, en 2008, para construir la variante de Meis, una conexión con la AP-9 y con la autovía de O Salnés. Juan Luis Abal, primo segundo de Louzán, además de contratista habitual con la Diputación, es socio de uno de los diputados del PP en el organismo provincial.

 Los trámites de expropiación se iniciaron con el bipartito en la Xunta, cuando se encargó la tasación de la cantera a una empresa privada, que hizo una valoración de más de un millón de euros. El pago lo hizo efectivo el actual Gobierno poco después de ganar las primeras elecciones, en 2009. Según los peritajes que contradicen a los técnicos de la Xunta que firmaron el finiquito, la tasación de la cantera expropiada en Meis se hizo muy por encima de su valor real, ya que no costaría ni la mitad de lo que se pagó. Este notable desfase de cálculo se ha cotejado con los movimientos económicos de la empresa derivados de la extracción de áridos y que constatan que, al menos en los cuatro años anteriores, la cantera apenas tenía recursos y por tanto actividad. En la documentación en poder de la fiscalía figuran copias de la contabilidad de la empresa antes de ser expropiada.

La denuncia anónima no solo implica al empresario de Ribadumia Juan Luis Abal sino a varios técnicos de la Xunta y de la empresa que en su día realizó la tasación, quienes tendrán que prestar testimonio judicial. La firma Áridos de Curro figura en el listado de empresas que han venido contratando habitualmente con la Diputación Provincial de Pontevedra para el alquiler tanto de vehículos como de maquinaria pesada, al menos entre los años 2008 y 2013. En la última década, la arenera se hizo con una decena de contratas ofertadas por el ente provincial, casi todas por el procedimiento negociado sin publicidad y por importes inferiores a 60.000 euros, según las adjudicaciones publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia. Además, en 2009, la Diputación le compró una partida de granito por valor de 59.000 euros.

La denuncia por presunta malversación de fondos públicos en la expropiación de la cantera de Aricur derivó posteriormente en la investigación económica abierta por la fiscalía al diputado provincial y concejal del Ayuntamiento de Pazos de Borbén Severino Reguera Varela, al aparecer este último como socio de Juan Luis Abal en otros recientes proyectos empresariales. Después de cruzar datos económicos de las empresas y socios de Abal, los negocios del diputado, que también tiene una empresa de panadería, han llegado a salpicar al propio Rafael Louzán, quien le ha alquilado unos bajos comerciales en el barrio de Navia, en Vigo, donde Reguera abrió en 2008 una sucursal para el despacho de pan y otros productos derivados de alimentación. Presidente y diputado provincial fueron citados el pasado martes por el fiscal de delitos económicos de Pontevedra para aclarar el alquiler de esos bajos, al detectarse un precio de arrendamiento por encima del promedio habitual en esa zona. Después de esta comparecencia, la fiscalía tendrá que determinar si hay o no materia para emprender acciones judiciales.

El presidente de la Diputación pontevedresa explicó públicamente que su citación por la fiscalía era consecuencia de una denuncia anónima por “asuntos privados que no afectan a la institución”.

 

Negocios con un antiguo contrabandista

Dos años después de la expropiación de la cantera, el pariente de Rafael Louzán denunciado ante la fiscalía, Juan Luis Abal Piñeiro, y el diputado provincial del PP y concejal de Pazos de Borbén Severino Reguera emprendieron nuevos negocios. En marzo de 2011 constituyeron la sociedad Desarrollo Global Atlántico, SL, según la inscripción en el Registro Mercantil de Pontevedra.

En la última actualización corporativa de la sociedad, el 31 de enero de 2013, la dirección de la empresa también es compartida por otro nombre conocido en los anales judiciales del desaparecido contrabando de tabaco de las rías gallegas: Ramiro Martínez Señoráns. Reconvertido en uno de los más potentes empresarios relacionados con la industria cárnica en Galicia, Ramiro Martínez estuvo judicialmente implicado como uno de los principales integrantes de las tres históricas redes de contrabandistas de los años ochenta, una causa que finalmente nunca llegó a juicio. Ramiro y sus antiguos socios, entre ellos Sito Miñanco, coparon las portadas de los periódicos de la época.

La sociedad Desarrollo Global Atlántico se dedica al “asesoramiento en inversiones dentro y fuera de España, dirección y gestión de acciones, participación y valores representativos de los fondos propios de sociedades mediante la organización de medios materiales y humanos”, según su objeto social declarado.

Con un capital de 50.000 euros, la empresa hizo una ampliación de 295.750 euros en septiembre de 2012 y el pasado año otra de 225.000. En el órgano directivo mancomunado y con igual aportación económica participan otros dos empresarios, Manuel Castro Fariña, del ramo de la fontanería, y Cristóbal Monteagudo Padín.