110 millones de desfase en la Renta de Garantía de Ingresos en Euskadi

El Gobierno vasco rebasó el pasado año una nueva cifra simbólica: la de un desfase presupuestario de más de cien millones de euros con respecto a lo establecido para costear la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y el complemento de vivienda, ambos derechos subjetivos que el Ejecutivo debe costear a toda familia que cumpla con los requisitos pese a que los recursos dedicados a ellos se hayan agotado. El nuevo aumento llega en el momento más crudo de la crisis para la ciudadanía, el año 2013, en el que las cifras de perceptores tocaron un nuevo techo, con 62.695 familias en diciembre de ese mismo año.

En total, durante el pasado ejercicio Euskadi invirtió en ambas ayudas 435 millones de euros, cuando la prórroga presupuestaria tenía establecida la cantidad de 322 millones, con una diferencia de 113. El desfase obliga año tras año a los gestores a peinar los presupuestos de manera que se redirijan a la RGI créditos o remanentes de otras partidas. En los últimos años, ese desvío ha llegado en buena parte desde el área de empleo del Gobierno autonómico. También lleva a realizar maniobras como la de 2012, en la que se materializaron retenciones de crédito para contar con más fondos para áreas como la de protección social en la que están enmarcadas las dos ayudas sociales.

Superar con creces el presupuesto —obligados por el derecho subjetivo que suponen ambas ayudas— se ha convertido en algo tradicional. La escalada ha hecho que los recursos adicionales, al margen de lo presupuestado,para este fin fueran de 23 millones en 2010, de 68,13 en 2011 y 93,48 en 2012, según varias respuestas parlamentarias. La ejecución de 2013 apunta a una diferencia de 110 millones, 79 más de lo previsto en RGI y 34 añadidos en el complemento de vivienda, que solo pueden cobrar quienes reciben la renta de garantía. Ni la reforma legal de 2011, en la que se dificultó el acceso a las ayudas a algunos colectivos, ni el recorte del 7% en la cuantía mensual han frenado la escalada.

Para 2014 está previsto que se corte la tendencia a que la bolsa de desfase crezca, ya que el Ejecutivo actual ha preferido aumentar la partida de la RGI y el complemento de vivienda hasta los 384 millones en vez de que el presupuesto se distancie más del gasto real. En todo caso, es previsible que este año el gasto siga siendo superior a lo establecido debido a las perspectivas económicas.

Hay 17.485 pensionistas que reciben la RGI para complementar bajas pensiones

En realidad, la diferencia en millones pagados por las arcas públicas de 2013 con respecto al año anterior es de 16,7 millones más. El aumento se debe al incremento de personas que cumplen los requisitos para acceder a las prestaciones sociales. De 57.714 perceptores en enero y un gasto mensual de RGI de 28,94 millones, en diciembre Euskadi cerró el mes con el pago de ayudas a 62.695 personas, un incremento que a su vez supuso el abono de 30,88 millones ese mes, solo de RGI. “La prestación media se ha reducido en cantidad, de 501 euros a 492”, indica el director de Lanbide, Adolfo Alustiza, que señala que ese 1,25% de descenso “no es significativo” y se explica por cambios en el tipo de familias perceptoras.

Y es que la reforma de la ley que regula las ayudas, aprobada a finales de 2011 para llevar ambas ayudas a Lanbide y para dificultar su acceso a colectivos como el inmigrante, no ha frenado el incremento de perceptores, pero sí ha cambiado el peso de los distintos colectivos que conforman las ya cerca de 63.700 familias, a febrero de 2014. De esta manera, ahora el hombre de 35 a 55 años desempleado que recibe mensualmente la RGI ha aumentado un 40%, aunque el perfil mayoritario sigue siendo el de una mujer perceptora con personas a su cargo.

Hoy en día, con cerca de 63.700 perceptores en febrero de 2014, Euskadi cuenta con 17.485 pensionistas que reciben la RGI para complementar bajas pensiones y 8.848 familias monoparentales. Entre quienes reciben la principal ayuda social vasca, 17.892 titulares de las ayudas son extranjeros, el 28% del total, un colectivo con un peso muy similar al de los pensionistas.