La abogada del Estado acusa al juez del Alvia de hacer una “inquisición general”

La Abogacía del Estado ha dirigido un escrito al juez instructor del accidente del tren Alvia con durísimas descalificaciones a la investigación que viene desarrollando el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, Luis Aláez. La representación legal de la Administración acusa a Aláez de convertir el sumario sobre el siniestro en el que murieron 79 personas, el pasado 24 de julio a la entrada de Santiago, en “una suerte de inquisición general sobre la actividad de Adif”, la empresa pública que gestiona las líneas férreas. Además, también le reprocha que plantee a Adif “exigencias arbitrarias y carentes de base técnica o normativa” basándose en las “conjeturas, sospechas, elucubraciones y juicios personales” del abogado defensor del único imputado, el maquinista Francisco Javier Garzón Amo.

 El escrito, firmado por la abogada del Estado Consuelo Castro Rey, es un recurso contra el último auto de Aláez, dictado el pasado día 5, en el que solicitaba la declaración en calidad de testigos de cinco cargos de Adif al tiempo que daba un plazo de diez días a la empresa pública para remitir al juzgado una serie de documentos. En otras cosas, el juez quería conocer los estudios previos que se realizaron para desconectar un año antes del accidente, en la línea Ourense-Santiado, el sistema más avanzado de control de velocidad y frenado automático, el llamado ERTMS. Ese sistema fue desactivado por problemas informáticos de compatibilidad con los trenes y todavía hoy continúa fuera de servicio. El ERTMS hubiera frenado el convoy automáticamente y paliado así el despiste del maquinista, que entró a casi 200 kilómetros por hora en una curva en la que la velocidad máxima autorizada era de 80.

Los documentos solicitados por el juez pretenden reconstruir cómo se tomó la decisión de prescindir del ERTMS y qué informes técnicos se encargaron para garantizar que la desconexión no entrañase mayores riesgos para el tráfico ferroviario. Aláez también reclamó a Adif todas las actas de las reuniones de su comité de dirección de los años 2010, 2011 y 2012.

La Abogacía del Estado argumenta que “buena parte” de las diligencias ordenadas son “innecesarias y reiterativas, carecen de la debida concreción y no están justificadas” sino que “parecen encaminadas a hacer una indagación en busca de posibles hechos delictivos o de posibles responsables de los que ningun indicio mínimamente sólido existe en este momento”. La representación legal de la Administración pone como ejemplo la solicitud de las actas de tres años del comité de dirección, “un órgano cuya naturaleza y funciones ni siquiera se especifican”. Según la abogada del Esyado, ese comité “no tiene ninguna competencia atribuida y carece de capacidad para adoptar acuerdos o decisiones con eficacia jurídica”, por lo que sus miembros “en modo alguno podrían ser responsables de los hechos objeto de la investigación”.

En cuanto a uno de los documentos más importantes reclamados por Aláez, los informes sobre la evaluación de los riesgos que entrañaba desconectar el sistema ERTMS, la abogada del Estado da a entender que no existen. En su recuso argumenta que “no existe ninguna previsión técnica o normativa relativa a la necesidad de que el gestor de la infraestructura realice” tal estudio previo sobre los peligros que podría acarrear tal decisión. Y en todo caso afirma que la decisión sobre el sistema de control de velocidad corresponde a Renfe.

La abogada del Estado pide además que, en caso de que el recurso fuese desestimado, se amplíe en diez días el plazo para que Adif entregue al juzgado la documentación reclamada.