Urkullu pide fondos a las Diputaciones para proyectos de paz y convivencia

El Gobierno vasco intentará que las Diputaciones se sumen a su intento de “reforzar” a las asociaciones que trabajan por la paz y la convivencia, organizaciones que a través del plan de paz desea que incrementen su presencia y su trabajo en la sociedad vasca con proyectos en centros educativos y en actividades impulsadas por los Ayuntamientos vascos.

Para conseguir que los proyectos se adentren en estos lugares, el Ejecutivo ha elaborado el borrador de decreto de la herramienta con la que se intentará que se implanten, los bonos Elkarrekin, para los que espera sumar fondos forales en un momento en el que, según el documento, “es prioritario invertir en convivencia”.

El Ejecutivo ha presupuestado para los proyectos en el ámbito educativo 250.000 euros. Los bonos permitirán que una asociación y, por ejemplo, un colegio, acuerden poner en práctica un proyecto de formación o una dinámica de grupo para impulsar “la cultura de paz, los derechos humanos, la solidaridad con las víctimas, la reconciliación o la resolución de conflictos”, señala el borrador, que está abierto a aportaciones.

Después, la asociación deberá solicitar los bonos del Gobierno, explicando con detalle el proyecto que quiera trasladar a las aulas de ese centro. En el caso educativo, la propuesta se valorará en una comisión en la que participarán Educación y responsables de la Dirección de Víctimas y si se aprueba contará con financiación pública.

En el caso de los Ayuntamientos, se crearán tres fondos distintos, uno por provincia, con recursos del Gobierno y de cada diputación, que participará en la valoración de los proyectos de su territorio. El borrador del decreto busca, en definitiva, “co-impulsar” con las Diputaciones el pago y la autorización de estos proyectos.

Los bonos suponen que los fondos públicos paguen una parte de los proyectos, por horas dedicadas a ello, mientras que la otra tendrá que correr a cargo de quienes vayan a contratar esos proyectos. El decreto no recogerá en qué porcentaje tendrán que asumir el coste los Ayuntamientos y centros escolares, ya que este se concretará en cada convocatoria anual que se publique para solicitar los bonos Elkarrekin.

Los proyectos deberán incluir la “voluntad de querer formar parte” del acuerdo Gizalegez de respeto a los derechos humanos —un acuerdo entre agentes educativos que sucede al conocido como compromiso del Carlton y que no han firmado los sindicatos abertzales, mayoritarios en la enseñanza— y de “impulsarlo”, así como un “compromiso inequívoco” con los derechos fundamentales.

También exige que los proyectos y las personas que los promuevan “respeten escrupulosamente el conjunto de los derechos humanos”. El decreto otorga al Ejecutivo un amplio control de los proyectos y su materialización. Una vez presentados y aceptados, la modificación de estos deberá contar con el visto bueno de la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos.

Los bonos tendrán ciertos requisitos, como tener al menos 40 personas apuntadas a las dinámicas en el caso de iniciativas municipales o no acumular más de 40.000 euros de financiación pública por esta vía. Esta nueva vía de financiación se suma a las ayudas ya habilitadas desde hace años para proyectos de paz y convivencia, que en una reciente resolución se conceden, con cargo a 2013, a 71 organizaciones por 126 proyectos presentados. Entre ellas se encuentran asociaciones de víctimas y organizaciones como Lokarri o Baketik.