Mas fía al plan soberanista la lucha contra la pobreza y la desigualdad

El Gobierno catalán tiene una propuesta para luchar contra la pobreza y es la misma que enarbola para cualquier problemática que suceda en Cataluña: el proceso soberanista. Esta es la principal solución que lanzó en el pleno monográfico sobre pobreza el presidente de la Generalitat. En su discurso, Artur Mas evitó asumir cualquier responsabilidad en su gestión sobre esta lacra que achacó a las desigualdades estructurales, al tripartito y especialmente al Gobierno central.

Mas se saltó la única petición que le había hecho el lunes su asesora en materias sociales, Teresa Crespo. “No podemos aceptar que se hable de pobreza estructural”, apuntó la presidenta de Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS). Mas hizo oídos sordos y apuntó que se debe abrir un debate sobre “la base estructural” de las desigualdades. “No es una situación nueva. Antes de la crisis había un 19% de la población en riesgo de pobreza”, alegó.

Mas acusó al Gobierno tripartito de no haber luchado lo suficiente contra las desigualdades y señaló a Madrid para lamentar el objetivo de déficit impuesto y la incapacidad de Cataluña para decidir. Para Mas, la comunidad no podrá luchar en condiciones contra esta lacra hasta que no tenga los instrumentos de un Estado. “El debate sobre la pobreza liga perfectamente con el proceso político del país”, concluyó Mas.

La oposición criticó la labor del Gobierno y le pidió un esfuerzo para ofrecer soluciones a las entidades sociales, presentes en el hemiciclo pero sin voz. PSC, Iniciativa y la CUP, que han forzado la celebración del pleno monográfico, reprocharon el veto impuesto por la mayoría parlamentaria a la intervención de las asociaciones.

CiU y ERC intentaron compensar su discurso (más crítico en el caso de los republicanos) con medidas concretas, recogidas en las propuestas de resolución que ambos grupos pactaron. La federación nacionalista y los republicanos se comprometerán hoy, cuando se voten los textos de todos los grupos, a ofrecer mejoras en los tres ejes que centran las reivindicaciones de las entidades: la pobreza energética, la renta mínima y las becas comedor.

La tregua energética que el Gobierno aprobó por decreto este invierno para no cortar los suministros básicos se ampliará. De ser solo temporal, pasará a aplicarse todo el año (a partir del 31 de septiembre) y se rebajarán los requisitos para pedir esa ayuda en caso de no poder pagarla: del máximo de percepción de 569,12 euros (la renta de suficiencia) se pasarán a 853,68 euros.

Las entidades lamentan que el Gobierno no ofrezca ningún avance real contra la pobreza

La Renta Mínima de Inserción, una de las políticas que más han lastrado las relaciones entre el Gobierno y las entidades sociales, también se someterá a reforma. El compromiso suscrito por CiU y ERC apunta que el Gobierno se pondrá al día de pago y revisará que todos los que tienen derecho a recibir la prestación lo hagan. Además, prometen ampliar las partidas destinadas a planes de formación. En paralelo, la mayoría parlamentaria aprovechará la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular que reclama una Renta Mínima Garantizada para revisar y facilitar el acceso a las prestaciones de la Generalitat.

CiU y ERC votarán hoy también una ampliación de las becas comedor: se podrán pedir durante el curso si cambian las condiciones económicas de las familias y su alcance se ampliará a la secundaria. Además, estudiarán cómo implantar una ayuda para la alimentación de los más pequeños durante el verano.

Las asociaciones exigen políticas basadas en la redistribución de la riqueza

De entre la decena de propuestas de republicanos y nacionalistas destaca también la creación de un Fondo Social de Vivienda con los inmuebles no ocupados de las entidades financieras intervenidas y la Sareb.

Oposición y mayoría parlamentaria tendrán oportunidad hoy de apartar sus diferencias para pactar parte de sus resoluciones. Esa fue una de las exigencias de las entidades sociales, decepcionadas por el reguero de datos sin propuestas que había ofrecido el Gobierno en el pleno. “Ha habido una exposición de lo que las distintas consejerías han estado haciendo, cosa que el sector ya conoce, y a partir de ahora, ¿qué?”, cuestionó Teresa Crespo. La presidenta de ECAS también criticó que de la primera sesión plenaria —antes de conocer las conclusiones de los partidos— no saliese “ningún avance real” para luchar contra la pobreza.

La presidenta de la Mesa del Tercer Sector, Àngels Guiteras, “exigió “un compromiso de país” para combatir la exclusión social. La plataforma Pobreza Zero también reclamó que las políticas de pobreza tengan como “principio básico y rector” la redistribución de la riqueza. Tras afear que CiU y ERC hayan impedido la intervención directa de las entidades en el Parlament, estas reiteraron sus demandas de “mayor justicia social y acción efectiva para erradicar la pobreza mediante un sistema que garantice los servicios públicos universales y la igualdad de oportunidades”.