Detenido el medallista olímpico y exedil del PP de Alicante Kiko Sánchez Luna
A los siete detenidos se les imputa un fraude fiscal de 700.000 euros por la venta de móviles
Un nuevo escándalo salpica a excargos del PP en Alicante. El medallista olímpico y exconcejal del PP en el Ayuntamiento Francisco Sánchez Luna fue detenido este martes junto a su padre, dos hermanos y otras cinco personas más por un supuesto delito de fraude fiscal, en una operación conjunta de la Agencia Tributaria, la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía.
Según confirman este miércoles fuentes policiales, la operación giró en torno a una presunta evasión de impuestos (en torno a 700.000 euros) por la venta de móviles de alta gama que Kiko Sánchez Luna, como se le conoce, y el resto de arrestados importaban para vender posteriormente.
El exconcejal del PP, que llegó al Consistorio de la mano de Luis Díaz Alperi en la alcaldía, fue detenido este martes y tras declarar en comisaría salió en libertad con cargos. La investigación ha recaído en el juzgado número 7 de Alicante, que ha decretado el secreto del sumario.
Pero este no es el único caso que empaña la gestión del exconcejal del PP, y también ex compañero de regatas del Príncipe Felipe y campeón olímpico de vela en los juegos de Barcelona 92. Otro juzgado investiga desde el año 2009 un presunto caso de corrupción por el que la Fiscalía Anticorrupción solicita para el exedil penas cercanas a los cinco años de prisión. Se le imputa tráfico de influencias, cohecho y prevaricación.
Sánchez Luna, y su hermano Jacobo, están acusados de utilizar empresas pantalla para beneficiar a una empresa en la que ambos tenían intereses. El ex edil figuraba como apoderado cuando formaba parte del equipo de gobierno del consistorio alicantino. La investigación, tras varios años en el juzgado, está a las puertas del juicio oral.
Kiko Sánchez Luna, entonces concejal de Modernización adjudicó a su propia empresa a través de dos sociedades pantalla la gestión de los telecentros municipales, tal como recoge la denuncia que dio lugar al proceso judicial. Un empresario al que supuestamente quiso extorsionar fue quien puso el caso en manos de la Fiscalía Anticorrupción.
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