La Cámara de Cuentas alerta sobre el aumento de la deuda de la Junta

La advertencia se repite un año más. La Cámara de Cuentas ha alertado de que la “sostenibilidad de las finanzas” de la Junta de Andalucía dependerá de su capacidad para generar ingresos ante el aumento de su deuda. Según el informe presentado ayer por el órgano que fiscaliza la contabilidad de la comunidad, el endeudamiento de la Administración ascendió a 19.711,98 millones de euros en 2012, un 41,8% más que en el ejercicio anterior —cuando ya creció un 17%—. La deuda supone el 13,82% del Producto Interior Bruto de Andalucía (PIB). López ha entregado este martes el informe al presidente del Parlamento, Manuel Gracia. 

El presidente de la Cámara de Cuentas, Antonio López, ha indicado que, pese a este incremento, el endeudamiento de la Junta aún permanece por debajo de la media de las comunidades autónomas. Tomando los datos del Banco de España sobre el tercer trimestre de 2013, López ha detallado que el ritmo de endeudamiento de la Administración se ha reducido. En esa fecha, ascendía a casi 22.000 millones (15,74% del PIB).

Según el informe de Fiscalización de la Cuenta Pública General —que se aprobó más tarde de lo normal ante la falta de acuerdo entre los consejeros del órgano—, la recaudación neta de la Junta en 2012 fue de 28.412,84 millones de euros (13,7% más) y los pagos realizados ascendieron a 28.062,16 millones (un 5,28% más). Por su parte, los derechos reconocidos fueron 22.829,88 millones (un 4,17% menos), mientras que sus obligaciones subieron un 3,28% hasta situarse en los 25.745,20 millones. El remanente de tesorería arroja un déficit de 1.484,93 millones, frente al de 606,54 millones de 2011.

Entre otros datos “significativos”, Antonio López ha apuntado que las pérdidas sufridas por las entidades empresariales de la Junta ascendieron a 217,12 millones de euros, frente a 8,17 millones del ejercicio anterior. Las transferencias de la Administración a estas empresas —procedimiento administrativo que se siguió para financiar los ERE fraudulentos— se incrementaron en 2012 en 869,62 millones de euros.