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aportaciones subordinadas de eroski

EH Bildu avisa a Darpón de una posible reprobación por su gestión

El Parlamento no logra aprobar una resolución que reclamaba evitar en el canje de las aportaciones de Eroski una quita

El consejero de Consumo, Jon Darpón, escucha el debate parlamentario junto a la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia
El consejero de Consumo, Jon Darpón, escucha el debate parlamentario junto a la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia

En vísperas de que se cumpla un año del primer debate en el pleno del Legislativo autonómico sobre el problema de las aportaciones subordinadas de Eroski, el Parlamento ha vuelto a tratar la situación de los afectados por la compra de aportaciones financieras subordinadas de la cooperativa vasca, que en su mayoría desconocían que se trataba de bonos a perpetuidad y no a cinco años.

La Cámara ha sido este jueves incapaz de cerrar un texto ante los últimos hitos de este problema, entre ellas el canje pactado por Eroski y las entidades financieras adoptado en enero, y las explicaciones de la directora de Kontsumobide, Elena Unzueta –que ha mediado en ese acuerdo- y el consejero de Consumo, Jon Darpón, la Cámara, que han sido duramente criticadas por considerarlas un intento de no informar correctamente a los afectados y por “desalentar” la vía judicial. El portavoz en la materia de EH Bildu, Igor López de Munain ha advertido al consejero de que si no cumple las resoluciones parlamentarias ya aprobadas, “tendremos que pedir la reprobación” de este también. La última resolución, de junio, incluía entre otras medidas la reprobación ante la anterior directora de Kontsumobide, Belen Greaves, que finalizó con su dimisión.

El documento pactado por PSE y UPyD no ha sido apoyado por otro grupo que en esta cuestión realiza unas reclamaciones similares a las que respalda EH Bildu. La falta de apoyo de la coalición ha hecho que decaiga el escrito, en el que se pedía desde una auditoría de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ante estos productos a los que ya dio el visto bueno antes de que se comercializaran, reclamaba trasladar a varias Fiscalías el caso, y exigía al Gobierno vasco crear un servicio de asesoramiento a afectados, les apoye judicialmente y se persone en los procesos.

El escrito también reclamaba al Ejecutivo central que “regule” las operaciones de canje y que en ellas no se admitan quitas como la del 30% que propone Eroski ni cambios del producto subordinado a perpetuidad a bonos subordinados a doce años –solo a cinco-. Asimismo, la enmienda transaccional que finalmente ha decaído muestra su “rechazo” a Unzueta por “desalentar” a los afectados a acudir a los tribunales enumerando los costes económicos de esa vía y pedía a la comisión de seguimiento del código ético que estudiara si el Gobierno se ha saltado su articulado en esta materia.

Entretanto, el Parlamento ha seguido discutiendo sobre quién es el culpable. El PNV ha apuntado a la CNMV porque fue la que dio el visto bueno a la comercialización del producto, el PP ha cargado con dureza contra Eroski y contra el resto de la oposición por centrarse en los bancos. Antón Damborenea ha intentado hacer el contrapeso a las últimas sentencias que hablan de una mala comercialización por parte de los bancos -Eroski emitió los bonos y, por ley, encargó a los bancos su venta-. “Los bancos son muy malos”, ha ironizado el portavoz popular, “los bancos van a tener que pagar el dinero que tienen otros”, ha señalado en referencia a Eroski.

“Antes o después los jueces van a dar la razón a los bancos”, se ha mostrado convencido y ha criticado al resto de grupos porque en sus propuestas no reclaman a Eroski que devuelva el dinero. “Si es una estafa lo lógico es que el estafador que tiene el dinero lo devuelva”, ha zanjado. “El fraude se realizó por parte de las entidades financieras”, le ha respondido el portavoz de EH Bildu, no hay que “trasladarlo” o “añadir otras aristas”, sino “centrarlo” en los bancos. "Aquí no hay estafa, ninguna sentencia ha hablado de estafa y la estafa es un concepto jurídico", ha criticado el portavoz peneuvista Luis Javier Tellería.