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La policía detiene a José Luis Aneri por la estafa de los cursos de formación

Los agentes le han arrestado a las nueve de la noche y han registrado su domicilio

José Luis Aneri.
José Luis Aneri.

La policía detuvo este jueves a José Luis Aneri, el empresario cordobés investigado por una supuesta estafa en los cursos de formación de la patronal madrileña. La Unidad Adscrita a los Juzgados de la plaza de Castilla le arresto por la mañana y registró su domicilio, en la calle de Rosario Pino, cerca de los propios juzgados de la capital, donde tenía su empresa, Sinergia Empresarial.

Aneri es el principal sospechoso de la desaparición de 4,4 millones de euros de subvenciones de la Comunidad de Madrid destinadas a la realización de cursos de teleformación, que se realizaban a través de una plataforma digital. En realidad no había cursos; y tampoco los alumnos eran reales. Eran los trabajadores de su empresa Sinergia Empresarial los que, con el mandato de Aneri, diseñaban las actividades con lo que encontraban en internet o copiando libros. En cuanto a los alumnos, estos salían de listados que Aneri conseguía. Luego multiplicaba sus identidades en todos los planes de formación que podía. Cuantos más alumnos, más dinero.

La policía actuó ayer por orden de la juez del juzgado número 9 de instrucción que investiga el caso tras la denuncia de algunas de las organizaciones empresariales que se han sentido estafadas por Aneri.

Al presunto fraude a las arcas madrileñas hay que añadir 11 millones de ayudas concedidas por el Ministerio de Empleo a otras organizaciones representadas por Aneri. Ese asunto lo investigan los agentes de la Sección de la Seguridad Social de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Mientras ambas investigaciones se desarrollaban, José Luis Aneri actuaba como si nada ocurriera. Seguía actualizando su página de Facebook diariamente y narrando en ella sus desamores y sus juergas en la noche de Madrid. Incluso ponía artículos de este diario sobre la investigación en curso, que él mismo ha denominado el caso Aneri.

Los policías han estado encima de él desde que en octubre de 2013 le denunciaran algunas de las organizaciones empresariales. Para entonces, el empresario ya se había metido en una espiral de drogas, prostitución y gastos desmesurados. Algunas fuentes que han trabajado con el empresario señalan que, meses antes, en verano, su despacho ya estaba lleno de notificaciones de los técnicos de la Comunidad de Madrid, en las que se le avisaba de que había mucho dinero que no estaba justificado. Pero Aneri no daba señales de vida y seguía con su vida como si nada.

Por ahora es la única detención en el caso, aunque fuentes policiales expresan sus dudas de que un hombre solo haya podido quedarse con 15 millones en subvenciones sin la ayuda de terceras personas.

Conversación telefónica con Aneri

En conversación telefónica, él mismo señaló a este diario a finales de diciembre de 2013 que él era solo un empleado y que probaría con documentos que otras personas estaban implicadas y que recibían mordidas para que todo el sistema funcionara.

El caso ha salpicado a otros empresarios. Alfonso Tezanos, cargo de la patronal madrileña CEIM y hombre de Arturo Fernández, fue quien introdujo a Aneri en Madrid. Desde una de las organizaciones de Tezanos, la federación de empresarios Fedecam, Aneri empezó en el mundo de la formación. Tezanos dimitió hace unos días de sus cargos en la Comisión de Formación de la Cámara de Comercio y en la Confederación de Comerciantes Minoristas.

La investigación apunta a que las organizaciones de Tezanos también empleaban el mismo método de multiplicar alumnos en los cursos. EL PAÍS ha hablado con algunos de los que figuran en listados de Tezanos y han confirmado que nunca hicieron cursos. Tezanos lo niega tajantemente.

El caso Aneri saltó a la prensa en diciembre pasado, cuando este diario publicó un informe de la Comunidad de Madrid en el que la Dirección General de Empleo señalaba algunas irregularidades que se estaban dando en la formación impartida por Sinergia.

La Consejería de Empleo, que nunca llevó el caso a los tribunales, demanda ahora el dinero a las empresas que recibieron las ayudas. Joaquín Velázquez, subdirector general de Formación Continua y el único cargo del Gobierno regional que acudió a testificar ante la policía el pasado 11 de febrero, fue destituido de forma fulminante tres días después.

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