El PP sitúa soberanismo y conflictividad laboral como enemigos de la recuperación

“El País Vasco debe volver a ser el motor económico nacional y eso pasa solo por la creación de empleo, no por ninguna otra historia”. Con esa aspiración a medio y largo plazo como base, el PP ha presentado este miércoles la ponencia económica que llevará a su congreso de la próxima semana, un texto que plantea que para esa reactivación económica y la creación de empleo resultan claves tanto la estabilidad política e institucional como rebajar la conflictividad laboral.

Estabilidad política supone para el PP en esta materia aparcar cualquier veleidad soberanista. No ayuda al crecimiento, considera la ponencia, redactada por el portavoz popular en materia económica, Antón Damborenea, que el Ejecutivo y el PNV “propongan como gran debate la separación del resto de España de forma más o menos velada”. “Estamos viendo cómo en Cataluña a las empresas no les gusta el plan soberanista de Convergència, para que no aprendamos de errores pasados con el plan Ibarretxe", añade a continuación. “Alguien que fuese nacionalista de verdad debería querer vivir en un país solvente”, ha sostenido Damborenea en la presentación del texto en una comparecencia en la sede de su partido en Bilbao.

Junto a ello, Euskadi se halla “a la cabeza de Europa” en conflictividad laboral, “y no es la mejor tarjeta de presentación para que las empresas inviertan y creen empleo”, reza el texto. Esa conflictividad tiene, para el PP, unos responsables: los sindicatos nacionalistas ELA y LAB, cuyas siglas no cita la ponencia, que “se están convirtiendo en un lastre para crear empleo estable”. “Su falta de diálogo y acuerdo empeora la situación de muchas empresas, que se ven abocadas a presentar ERE, incluso al cierre”, añade el documento. A ellos suma un Ejecutivo autónomo “alineado con los sindicatos y en contra de una reforma laboral que empieza a dar sus frutos”.

El PP defiende una bajada de impuestos que ponga más recursos a disposición de los ciudadanos

La ponencia no hace referencia al pacto de estabilidad que el PP firmó con el Gobierno a comienzos de diciembre pasado y que se tradujo en su abstención en la votación de las cuentas del Ejecutivo para este año. Damborenea ha insistido en que ese acuerdo supone una exigencia al Gabinete para que la ejecución de las cuentas se ajuste a “la realidad de los ingresos”. “En marzo [cuando se hagan públicos los primeros datos de ejecución presupuestaria] veremos si el Gobierno está cumpliendo con lo que firmamos o no”, ha indicado Damborenea.

Pese a haber suscrito con PNV y PSE un acuerdo fiscal que se ha traducido en una subida efectiva de impuestos en los tres territorios, la ponencia popular vuelve a apostar por una rebaja fiscal que ponga a disposición de los ciudadanos “más recursos para incrementar la demanda”.

El PP explica que se sumó a aquel pacto fiscal para rebajar el aumento de impuestos y añadir incentivos a las empresas. “No se está fomentando el ahorro con la política fiscal actual”, ha apuntado en su intervención el también presidente del PP de Bizkaia, quien ha alertado del riesgo de deslocalización de empresas que ven aumentar sus cargas tributarias. Junto a ello, se postula primar el ahorro en los impuestos de Sociedades y de la Renta en lugar de gravarlo y eliminar los impuestos de Patrimonio y de Sucesiones.

El PP considera urgente una norma que delimite claramente las competencias de cada institución y que los medios económicos de cada una se adecuen a esas competencias. “Puede ser la ley municipal o una reforma de la LTH, lo importante es que exista la carta de obligaciones de cada Administración”, apunta el texto.

Tenemos que ir a un modelo basado en la recaudación real y no ficticia que hace que siempre gane el Gobierno"

Defiende a renglón seguido, al igual que viene haciendo la Diputación alavesa, gobernada por los populares, una reforma cuando antes de una ley de Aportaciones que “cada vez demuestra más su ineficiencia”. “Tenemos que ir a un modelo basado en la recaudación real y no ficticia que hace que siempre gane el Gobierno vasco en perjuicio de Diputaciones y Ayuntamientos”, apunta el texto, antes de considerar el modelo foral como “el que mejor responde a los intereses de los ciudadanos”.

La ponencia defiende igualmente que todas las instituciones adapten sus gastos a sus ingresos reales para controlar la deuda y disminuir el déficit y esboza someramente una serie de políticas sectoriales en turismo, donde respalda la ampliación de horarios y jornadas, industria o la demanda de mayor apoyo al sector agroalimentario.