Alaya pone bajo sospecha a la Cámara de Cuentas por su papel en los ERE

La juez Mercedes Alaya quiere saber qué papel jugó la Cámara de Cuentas en el caso de los ERE. La magistrada ha ordenado a los peritos de la Intervención General del Estado (IGAE) que amplíen la investigación —en diciembre ya les encomendó que estudiarán las funciones del órgano fiscalizador— para determinar qué pudo haber hecho la Cámara de Cuentas “para poner de manifiesto las irregularidades que se estaban produciendo en la concesión de subvenciones sociolaborales” y, “en definitiva, para evitar la continuidad de la partida 31L, a través de las transferencias de financiación”, un procedimiento que la juez considera ilegal.

Ante la nueva orden, la magistrada ha suspendido la comparecencia prevista para el próximo martes de los peritos de la Intervención y la pospone para el 1 de abril, una vez que esté ampliado el informe pericial.

Según un auto firmado el jueves, Alaya quiere determinar “la intervención que pudiera haber tenido” la Cámara de Cuentas “en el mantenimiento a lo largo del tiempo de los hechos objeto de las presentes actuaciones”. El órgano fiscalizador era el encargado de dar el visto bueno cada año a las leyes de Presupuestos que incluía el programa con las ayudas sociolaborales. La magistrada requiere a la Intervención General de la Junta y a la Cámara de Cuentas la misma documentación con el objetivo de cotejarlas.

Rechaza de nuevo que se graben las declaraciones en su juzgado

Ambos organismos deberán remitir a la magistrada “a la mayor urgencia posible y en un plazo no superior a cinco días” la información que enviaron o recibieron sobre “la Cuenta General relativa a los años 2000-2010 de IFA/Idea, referido a la partida 31L” y “los expedientes de modificaciones presupuestarias de la Consejería de Empleo y relativas” a este programa.

Una vez recabados dichos documentos, los peritos de la IGAE deberán determinar “qué pudo haber hecho la Cámara de Cuentas a la luz de dicha información para poner de manifiesto las irregularidades que se estaban produciendo en la concesión de subvenciones sociolaborales al margen de la Intervención General”. Fuentes de la Cámara de Cuentas han asegurado que el órgano aportará toda la documentación y reiteraron su “total colaboración” con la Justicia, informa Europa Press.

Con la ampliación de la investigación sobre el órgano fiscalizador, la juez responde al escrito presentado por el abogado Juan Carlos Alférez en nombre de un exalto cargo imputado en la causa. En el documento, el letrado asegura que los peritos de la Intervención del Estado “no han analizado los extremos verdaderamente relevantes que la investigación exige sobre el nivel de información que la Cámara de Cuentas pudiere haber tenido del contenido de la partida 31L”. Asimismo, Juan Carlos Alférez defiende que su cliente desarrolló “sus funciones en la creencia y seguridad de que si en este concreto programa presupuestario o en otros hubieren existido irregularidades administrativas constitutivas de delito, los distintos organismos de control tanto del poder ejecutivo como del poder legislativo lo hubieran alertado”.

La magistrada abre la vía para investigar todas las ayudas concedidas

A raíz de la investigación judicial, la Cámara de Cuentas sí constató en un informe de 2012 el descontrol con el que la Administración andaluza concedió ayudas del fondo de los ERE mediante un procedimiento ajeno al previsto por la ley. El órgano fiscalizador denunció tras un año y medio de trabajo el “abuso de la discrecionalidad” para dar subvenciones y el sistema alegal que siguió Empleo, entre otras múltiples irregularidades. La Cámara de Cuentas identificó en su análisis “responsabilidades contables y administrativas”.

En el auto, la magistrada también atiende a una petición de la Fiscalía Anticorrupción en la que solicita que los peritos de la Intervención del Estado analicen la totalidad de las ayudas sociolaborales. Alaya da traslado de dicha solicitud a la IGAE “a fin de que se informe de las disponibilidades de dicho Cuerpo para acometer el estudio interesado de todas las ayudas sociolaborales, ya sea por los mismos peritos o por otros nombrados al efecto”. Además, la magistrada rechaza la petición de los abogados de los ex directores generales de Presupuestos de la Junta Buenaventura Aguilera y Antonio Lozano y de la ex secretaria general de Empleo Lourdes Medina para que se grabe la comparecencia —pospuesta para abril— de los peritos de la Intervención.