Buch no se sorprende de la existencia de bolsas de pobreza en la Comunidad

La imagen del deterioro de la Comunidad Valenciana que ofrece el último informe de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) fue recibida este miércoles por el Gobierno valenciano con estoicismo. Pese a que el informe señala que la Comunidad Valenciana es una de las autonomías donde más ha repercutido la crisis, con una caída del PIB del 9% en los últimos cinco años y una destrucción de empleo del 21%, el consejero de Economía, Máximo Buch, admitió que las conclusiones del estudio no le habían producido “ninguna sorpresa”.

Buch, que presentó un programa de las cámaras de comercio valencianas para fomentar la exportación empresarial, justificó el incremento de la pobreza porque “la Comunidad Valenciana tenía una mayor dependencia del sector constructor que otras comunidades y ha sufrido una contracción brutal”. “Por tanto”, añadió, “lo que dice el informe Funcas es algo que ya sabíamos”.

El titular de la Consejería de Economía argumentó que “también es cierto que la recuperación está siendo más rápida, puesto que tenemos, sobre todo, la reactivación del sector automovilístico, del sector cerámico y la apuesta por la exportación”. Buch puso como ejemplo el último índice de producción industrial, el más elevado de España que en su conjunto decrece. “En ese sentido estamos muy satisfechos”, remachó.

“Es cierto que la Comunidad ha perdido margen económico en el sector de la construcción, pero se está recuperando en el sector industrial y en el turístico, que son más estables y generan puestos de trabajo”, relató el consejero de Economía.

La visión de Buch distó mucho de parecerse a la del secretario general del PSPV, Ximo Puig, quien reconoció, durante un desayuno informativo en Alicante, que el principal problema que tiene la Comunidad Valenciana es poder atender al 30% de la población que sufre exclusión social. “Hemos pasado de ser ricos a ser pobres”, admitió Puig que tildó de “inmoral e indecente” la situación.

Para el dirigente socialista los índices de pobreza que se han alcanzado en la Comunidad Valenciana son fruto de la política liberal del PP que aplica la ideología de Margaret Thatcher de defendía aquello de que un tercio de la población debe ser pobre para que la economía de un país funcione. “Es indecente que deje en la cuneta a tantos valencianos”, se lamentó Puig que anunció que el primer decreto que derogarán, en caso de alcanzar la presidencia de la Generalitat, será el copago de los servicios a las personas dependientes.

“Este copago solo trae marginalidad y sufrimiento”, dijo Puig, quien recordó que los 16 millones de euros que el PP piensa obtener haciendo pagar a los enfermos por los centros de día o las residencias son equivalentes a lo que se pagó por el contrato para retransmitir la Fórmula 1 por Canal 9 y que jamás se realizaron.

“El mito se desmontó, es una broma macabra decir que el PP gestiona bien”, dijo Puig que recordó que la Comunidad Valenciana está por debajo en la renta per cápita, tiene más paro que el resto de autonomías, un mayor número de pobres y está infrafinanciada, “con lo cual estamos ante la tormenta perfecta”, apuntó.

El secretario de los socialistas valencianos estima que con un sistema de financiación más justo y una Generalitat eficiente se podrá atender las necesidades de todas estas familias que no llegan a final de mes.

En medio de esta polémica por la publicación del informe Funcas, el consejero de Economía explicó que el Consell sigue “presionando” a Coca-Cola para evitar que cierre su planta de Alicante.

Buch explicó que el Consell ha trasladado a la empresa Coca-Cola la disponibilidad de la Administración valenciana a “facilitar todo tipo de ayudas y apoyos” para evitar el cierre de la planta de Alicante. El consejero, que mostró su oposición a que una empresa con beneficios cierre su planta en Alicante, admitió: “Coca-Cola puede tomar las decisiones que quiera. La compañía gana dinero, es rentable y está buscando aumentar más su rentabilidad, pero nos gustaría, y ahí seguimos presionando, para que se evite su cierre”, insistió. “Seguiremos insistiendo, pero la impresión que tenemos es que hay bastante cerrazón en cuanto a cambiar de criterio”, dijo.