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Povisa despide a 13 empleados tras renovar su concierto con el Sergas

El hospital afirma que no se ha comprometido con la Xunta a mantener empleo

Protestas de los trabajadores
Protestas de los trabajadores

Pese a que el mantenimiento del empleo es uno de los principales argumentos del Sergas para la renovación por 10 años del concierto singular con Povisa, 13 de sus trabajadores se disponen a perder el empleo. El hospital privado vigués, que recibe 75 millones de euros anuales de las arcas autonómicas por atender a casi 150.000 habitantes del área de Vigo, emprenderá el despido de esos empleados tras rechazar ayer la plantilla en asamblea la única alternativa que les presentó la empresa, que abría el melón de la redistribución de horarios.

 La decisión del hospital se produce después de que un juzgado de Vigo, y posteriormente el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, dieran la razón al comité de empresa y anulasen la reducción de jornada a 101 trabajadores, una decisión que la dirección del centro trató de imponer de forma unilateral. Tras restituir el horario anterior, Povisa presentó una modificación de las condiciones laborales de 67 empleados, que comenzarían a trabajar también fines de semana, y el despido de otros 13 que considera excedentes del citado turno. La empresa sostiene que seguirá adelante con los despidos, una medida que el comité anuncia que puede provocar una nueva huelga indefinida como la del pasado verano.

“Cada vez que ganamos en los juzgados, se aplica un nuevo castigo a los trabajadores”, lamentó la presidenta del comité, María Jesús Neira. Los trabajadores niegan que exista excedente de personal en un hospital que cuenta con una plantilla menor que en 2006. Pese a esa reducción, Povisa sigue teniendo una de las nóminas de trabajadores más grandes de Vigo, con 1.350 empleados.

La necesidad de garantizar el empleo es uno de los principales argumentos que maneja la Consellería de Sanidade para renovar por ocho años, prorrogables por otros dos, el concierto singular con Povisa, que caducó en 2008. “Existe un compromiso por el mantenimiento del empleo en Povisa, y sin actividad no hay empleo”, afirmó la semana pasada el director de Asistencia Sanitaria del Sergas, Félix Rubial. El acuerdo para prolongar la participación de Povisa en la sanidad pública de Vigo fue anunciado por la consellería a finales de 2013 y debería entrar en vigor el 1 de abril, aunque de momento solo se conocen sus líneas generales.

Fuentes de Povisa aseguraron ayer desconocer si el nuevo concierto con el Sergas incluirá garantías de mantenimiento del empleo, una posibilidad que consideran prácticamente descartada. “Povisa es una empresa privada y actúa como tal, aunque asuma un porcentaje de la población de la sanidad pública”, manifestó un portavoz del centro, perteneciente al Grupo Nosa Terra 2000. Tampoco los representantes sindicales de los trabajadores conocen los detalles del nuevo convenio, un documento que se comprometió a facilitarles el portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario del PP, Miguel Santalices, en la reunión que mantuvieron el pasado martes en Santiago.

De lo que ha trascendido del nuevo concierto, el Sergas deja de asignar población a Povisa por el criterio territorial actual. El hospital será de libre adscripción, aunque atenderá inicialmente a la población de los mismos barrios de Vigo y ayuntamientos de su entorno que lo tienen como referencia en la actualidad. Por cada paciente facturará al Sergas 540 euros anuales, con un tope de 139.000, y 75 millones de euros anuales. La consellería abre la puerta al establecimiento de un mínimo de 120.000 pacientes —65 millones de euros— merced a una cláusula que blinda esa cantidad si es la Administración la responsable de la retirada de tarjetas sanitarias.

De confirmarse, la nueva huelga indefinida sería la segunda que se lleva a cabo en este hospital vigués en menos de un año, después de que el verano pasado un paro provocara durante 12 días una caída significativa de la actividad quirúrgica y de las consultas externas. El motivo de aquella huelga fue la imposición del convenio provincial del sector en lugar del específico, tras finalizar sin acuerdo las negociaciones para su renovación, lo que significaba un recorte salarial medio del 40%. Povisa tuvo que reponer el marco laboral tras un fallo judicial que daba la razón a los trabajadores.

 

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