La trama de Correa actuó como unos servicios jurídicos de la Generalitat

Las últimas investigaciones del juez del Tribunal Superior de Justicia valenciano José Ceres, que investiga el caso Gürtel en Valencia ha vuelto a poner de relieve la gran actividad jurídica que la trama desarrolló en la comunidad autónoma. La Intervención General del Estado ya concluyó que fue la red la que redactó las bases del primer concurso público de la feria turística Fitur que ganó Orange Market, el de la edición de 2005.

La policía descubrió igualmente que el 8 de mayo de 2006, el mismo día en que la mesa de contratación de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) adjudicaba el gran contrato que la trama consiguió en Valencia (el de las pantallas gigantes para retransmitir los actos del Papa, en el que usó como tapadera a la constructora Teconsa), por 7,5 millones de euros, la red se dedicaba a retocar “cláusulas” del pliego de condiciones del contrato.

Pero hay más. Cuando la red de Francisco Correa todavía esperaba en poder controlar todos los contratos relativos a la visita del Papa, su abogado de confianza, Tomás Martín Morales, elaboraba en 2005 un documento de 60 páginas y título interminable que, resumidamente, se llamaba “Pliego de condiciones economico-administrativas particulares y de prescripciones técnicas” para la visita del Papa.

La línea en la que debía figurar el nombre del “organismo” que adjudicarse “por procedimiento abierto mediante concurso” los trabajos relacionados con el V Encuentro Mundial de las Familias está vacío porque, según varios testimonios, cuando la madrugadora trama elaboró el documento, aparentemente en 2005, todavía no se sabía qué institución manejaría los contratos.

La red trataba de sustituir a los servicios jurídicos de la Generalitat por una razón evidente que el exproductor de Orange Market Juan Carlos Feliu describió en su última comparecencia ante el juez Ceres: “La idea es construir las cláusulas del pliego de manera que cuando se hace público el concurso, evidentemente, la empresa que ha estado preparándolo tiene todas las papeletas de llevárselo. Es hacer un traje a medida, vamos”.

El control de las cláusulas, y la dejación de funciones de la Administración autonómica al permitir que sus contratos fueran redactados desde fuera, alcanzó también adjudicaciones mucho más pequeñas. Como la que la red obtuvo de la empresa de medio ambiente de la Generalitat Vaersa para una campaña de concienciación sobre el uso del contenedor amarillo. Martín Morales, que está imputado en la parte original del caso que investiga en la Audiencia Nacional Pablo Ruz y que declaró en diciembre en Valencia como testigo, reconoció que revisó los acuerdos con Vaersa, y aportó los documentos que lo demostraban.

Las últimas revelaciones sobre el amaño de la visita del Papa, que han confirmado el interés de Gürtel por controlar todos los contratos, hacen sospechar que la trama pudo, de hecho, hacerse con más adjudicaciones que todavía no han sido desveladas. El abogado Martín Morales dijo al juez que creía haber revisado también contratos sobre “sillas” y “vallas”. El letrado se presentó ante Ceres como un mero ejecutor de “encomiendas” del grupo de Correa. Pero la investigación apunta a que su papel fue muy destacado. Y que se dedicaba a hacer lo mismo en Administraciones de Madrid, como el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en una de cuyas empresas públicas trabajaba. Allí Martín Morales también elaboraba pliegos de condiciones. Y le indicaba a sus servicios jurídicos lo que debían hacer.