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La Junta ultima con Interior el pacto para reanudar el servicio jurídico a los presos

El consejero de Justicia anuncia que la prestación se destinará a reclusos sin abogado

El consejero de Justicia, Emilio de Llera. Ampliar foto
El consejero de Justicia, Emilio de Llera.

La Consejería de Justicia y el Ministerio del Interior parecen estar más cerca que nunca de alcanzar un acuerdo para restablecer la asistencia jurídica para los más de 16.000 presos que cumplen condena en las cárceles de Andalucía. Así lo ha anunciado este miércoles el consejero Emilio Llera, quien ha afirmado que el ministerio se ha mostrado "dispuesto a firmar" el convenio remitido por la Administración andaluza. Ahora solo resta que el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, el tercer implicado en el acuerdo sobre este servicio, dé también el aprobado al escrito. La prestación quedó suspendida en abril de 2012 después de que la Junta y el Gobierno central se enzarzaran en un cruce de acusaciones sobre su renovación.

El consejero ha asegurado que el ministerio ha dado el visto bueno al documento tras incorporar "leves" modificaciones. El convenio, según Llera, presenta dos novedades con respecto al suscrito en 2008 —y prorrogado en 2010—, cambios encaminados a reducir costes. "Dejará de ser un servicio de orientación y asistencia jurídica penitenciaria para convertirse en una prestación más que ofrecerán los abogados. De esta forma, no es necesaria la figura de los coordinadores", explica el consejero. "Además, esta atención no se va a prestar a cualquiera. Se le dará a aquellos presos que no tengan abogado", ha precisado el consejero, quien no quiso aventurarse a dar una fecha para el restablecimiento del servicio. "Está claro que no será de hoy para mañana. Esto lleva su tiempo, pero mi objetivo es que sea lo antes posible", ha asegurado.

La Consejería de Justicia, que financiaba desde 2001 este servicio, decidió en abril de 2012 dejar de sufragarlo porque, según afirmó, Interior no había renovado el convenio que sustentaba su funcionamiento. La Junta argumentaba que faltaba una adenda que el Gobierno central no había remitido. Durante estos meses, el ministerio ha mantenido que, al igual que pasa en otras comunidades, el servicio podía aplicarse sin necesidad de renovar ese documento. Como recuerda el coordinador del área de cárceles de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Valentín Aguilar, hasta 2008 —cuando se rubricó este acuerdo tripartito— el servicio funcionaba con acuerdos entre los colegios de abogados y las cárceles. "La participación de Instituciones Penitenciarias es necesaria porque regula una serie de trámites indispensables como es el control de los horarios y días de prestación del citado servicio", defiende el consejero de Justicia, quien señala que el presupuesto para esta prestación se incluye en el montante destinado a la asistencia jurídica gratuita (38,4 millones de euros). Según fuentes de la consejería, la partida oscilará en torno a los 400.000 euros, como en años anteriores.

Tras el visto bueno del ministerio, Llera ha entregado este miércoles el acuerdo al presidente del consejo de abogados, José Rebollo, quien ha anunciado que se estudiará en la comisión permanente que la institución tiene convocada para el próximo día 21. De alcanzar el consenso, el acuerdo deberá ser también aprobado por el Ministerio de Hacienda, encargado de estudiar todos los convenios firmados entre Administraciones que supongan un gasto económico. "El restablecimiento del servicio debe ser inminente", defiende el coordinador de APDHA ante el procedimiento burocrático a seguir.

Durante estos meses, organizaciones como la de Valentín Aguilar han denunciado la situación de "indefensión" en la que se encuentran los presos. "Denuncias por malos tratos, por tortura o por el precario servicio sanitario que reciben que no han sido escuchadas", apunta Aguilar.