El juez cierra el ‘caso Adigsa’ y acusa a excargos de CiU de cobrar comisiones

Nueve años después, la investigación del caso Adigsa toca a su fin. El juez ha dado por cerrada la instrucción y ha concluido que hay “suficientes indicios” para que siete personas se sienten en el banquillo de los acusados por malversación, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad documental. Entre ellos figuran tres excargos de Adigsa durante el último gobierno de Jordi Pujol, cuando ocurrieron los hechos: Josep Antoni Fondevila, consejero delegado; Xavier Sala, responsable económico; y Jordi Huguet, director técnico.

“Ustedes tienen un problema que se llama 3%”. La frase, pronunciada por el expresidente de la Generalitat Pasqual Maragall en el Parlament, en 2005, fue el origen del caso Adigsa, que desde entonces persigue a Convergència i Unió (CiU). La alusión de Maragall al pago de comisiones en la etapa de Pujol llevó al entonces fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, a abrir diligencias. La investigación sobre Adigsa —la empresa pública de la Generalitat que rehabilita viviendas sociales— ha mostrado, según ratifica ahora el auto judicial, que las comisiones existieron. Maragall, pese a todo, erró: las mordidas no fueron del 3%, sino del 20.

En el escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona, Gonzalo de Dios, rechaza la petición de tres imputados para archivar la causa al considerar que, como mucho, habían cometido alguna “infracción administrativa”. El juez cierra la investigación y da traslado a la fiscalía, que solicitará penas de prisión para los siete implicados. El magistrado mantiene “íntegramente” los hechos que ya plasmó en una resolución de 2007. La defensa del expresidente de Adigsa Ferran Falcó —entonces imputado y ahora, exonerado— recurrió la decisión para pedir una tasación de las viviendas de Adigsa rehabilitadas. La instrucción del caso Adigsa entró entonces en una espiral de diligencias, recursos y decisiones judiciales que la habían dejado inconclusa. Hasta ahora.

El personaje clave del caso Adigsa es José María Penin, “la persona alrededor de la que giran todos los hechos de la investigación”, según el auto judicial. Penin no trabajaba en Adigsa, pero se jactaba de tener “cierto poder” en la empresa pública y ejercía como intermediario. Según el magistrado, Penin instaba a los constructores a empezar obras de rehabilitación en los pisos de Adigsa de forma urgente, a pesar de que no se había tramitado ningún expediente.

El juez mantiene las acusaciones de 2007 con la “excepción” de Falcó

Fue Penin quien solicitó al constructor autónomo Juan Antonio Salguero, en 2003, “que cargue en las facturas que confeccione un 20% más de lo que correspondería”. Él y su cuñado, el también imputado Jordi Honrubia, cobraron a Salguero, presuntamente, 108.000 euros. A cambio, Penin percibió casi 30.000 eurosde Adigsa por tasaciones de viviendas que jamás realizó.

La investigación de la fiscalía a punto estuvo de llegar muy alto: en su primera declaración, Penin afirmó que tanto el entonces consejero de Obras Públicas, Felip Puig, como el ex número dos de Convergència, Oriol Pujol, estaban al corriente de las irregularidades de Adigsa. El intermediario, sin embargo, no se ratificó ante el juez y el caso quedó limitado a los responsables de la empresa pública.

El constuctor Salguero, que abonó la mordida, representa el reverso de la trama. También está imputado y por los mismos delitos, pero su declaración —motivada por una cantidad que Adigsa le adeudaba— fue capital para apuntalar las sospechas: declaró que había pagado comisiones de hasta el 20% por obras de reforma en 18 viviendas de Adigsa a Penín. Éste, según su versión , le amenazó con no adjudicarle más proyectos ni pagarle si no pagaba el peaje.

El TSJC exculpó al diputado de CiU porque no participó en la trama corrupta

Los dos personajes volvieron a ser citados a declarar, como imputados, el año pasado. Esta vez, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que asumió la investigación del caso Adigsa por la condición de aforado de Ferran Falcó, que logró ser elegido diputado del Parlament en 2010, cuando ya llevaba cuatro años imputado. El concejal de Badalona por CiU se desligó de la trama y dijo que sus funciones eran solo políticas. En septiembre del año pasado, el TSJC le dio la razón y concluyó que ni participó en el cobro de comisiones ni conocía las irregularidades. La magistrada que tomó aquella decisión, Núria Bassols, fue nombrada tres meses después responsable del programa de políticas de transparencia del Gobierno de Artur Mas.

Con la “excepción” de las alusiones a Falcó, el juez “reitera” su escrito de 2007 y se alinea con la fiscalía para rechazar las peticiones de archivo. En su escrito, el exconsejero Fondevila había alegado, como Falcó, que desconocía por completo la trama.