Crisis en el Consell por el anticatalanismo

Alberto Fabra ya ha encontrado los dos chivos expiatorios con que hacerse perdonar que la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) se haya atrevido a equiparar el valenciano con el catalán en su Diccionari. Fuentes oficiales de Presidencia de la Generalitat no dudaron este miércoles en señalar directamente a la consejera de Educación y Cultura, María José Català, y al presidente de la AVL, Ramón Ferrer, como los responsables de que la entrada valencià venga definida como “Llengua romànica parlada a la Comunitat Valenciana, així com a Catalunya, les Illes Balears, el departament francés dels Pirineus Orientals, el Principat d’Andorra, la franja oriental d’Aragó i la ciutat sarda de l’Alguer, llocs on rep el nom de català”.

A la consejera, que ya estaba en el punto de mira de Presidencia desde hace tiempo por su capacidad para gestionar una cartera tan endiablada como Educación, se la responsabiliza de no haber estado diligente a la hora de controlar los trabajos de los académicos en la elaboración del Diccionari y de no haberse anticipado a los hechos.

Al presidente de la AVL se le señala como “desleal al Consell”. Català y Ferrer vienen siendo objeto en los últimos tiempos de acusaciones de “catalanistas” por parte de grupos de extrema derecha como el Grup d’Acció Valencianista y de miembros de la Real Academia de Cultura Valenciana y Lo Rat Penat, dos instituciones que obtienen la mayor parte de sus ingresos de fondos públicos. El presidente de la Acadèmia, además, viene sufriendo amenazas personales. Ramón Ferrer llegó a la AVL desde el secesionista Rat Penat; pero se ha caracterizado por su carácter tolerante y abierto al diálogo.

Amenazas al presidente de la AVL tras conocerse el ‘Diccionari’

Las críticas formuladas desde Presidencia de la Generalitat contra Català y Ferrer abren una crisis en el seno del Gobierno valenciano y dejan desamparado al máximo responsable de la institución autonómica que tiene la obligación, según el Estatut, de dictar las normas del idioma valenciano.

Paradójicamente, la consejera de Educación y Cultura se ha mostrado muy activa en los últimos días para conseguir que la Academia Española de la Lengua modificara su definición de valenciano: “Variante dialectal del catalán que se habla en la mayor parte del antiguo Reino de Valencia y que se siente como propia”. Sus gestiones han sido infructuosas.

Català remitió este miércoles una carta al presidente de la Acadèmia pidiéndole trabajar juntos para evitar que “cualquier decisión” que se tome “pueda romper el espíritu con que nació la AVL de velar por la protección de la lengua valenciana”. La consejera recuerda que en el preámbulo de la ley por la que se creó la Acadèmia se dice que “es necesario que la cuestión de nuestra lengua propia sea sustraída a partir de ahora del debate partidista cotidiano y acontezca así al objeto de un debate sereno entre los partidos a fin de llegar a los consensos más amplios posibles”.

Fruto de ese consenso fue la AVL; pero el PP nunca ha renunciado a controlar una institución que es determinante para liquidar la polémica sobre el idioma. El anterior consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, irrumpió en su día en una sesión del plenario de la Acadèmia para evitar que se aprobara un dictamen sobre la identidad del valenciano muy similar al que recoge ahora el Diccionari. Hace unos días, el consejero de Gobernación y secretario general del PP, Serafín Castellano, amenazó con cerrar la institución porque, según dijo, con la definición de valenciano aprobada “la AVL pierde su razón de ser y se enfrenta al sentimiento de la mayoría del pueblo valenciano (...) ¿Para qué sirve la Acadèmia si no es capaz de defender nuestra lengua? Ese es su cometido, por lo que esa institución no es capaz de hacer aquello para lo que ah sido creada, pierde su razón de ser”.

La consejera envía una carta a Ferrer para “trabajar juntos en la decisión”

El PP intentó controlar la hoguera que encendió Castellano con sus manifestaciones, a las que siguieron otras parecidas de Alberto Fabra, trasladando al Consell Jurídic Consultiu (CJC) un escrito en el que solicitaba con carácter de “urgencia” un dictamen jurídico sobre la “adaptación a la normativa vigente” sobre al definición de valenciano incluida en el Diccionari. La respuesta de Vicente Garrido, presidente del CJC, fue meridiana: “El valenciano es lo que la AVL diga que es”.

La contundencia de Garrido vino a demostrar que las relaciones del Consell Jurídic con Fabra no atraviesan su mejor momento desde que el presidente designara como nuevo consejero a Federico Fernández, quien había sido destituido como secretario general de la institución el pasado mes de diciembre por el propio Garrido.

La consejera Català, responsabilizada ahora por su presunta pasividad, tampoco está bien vista en Presidencia desde donde ha recibido varios toques de atención para reducir su protagonismo o, en su defecto, para que su agenda se coordine mejor con la de Alberto Fabra. La resurrección del anticatalanismo ha desvelado las costuras internas del Consell.