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Barcelona pide duras penas de cárcel por los incidentes de la huelga del 29-M

El Ayuntamiento solicita 5,5 años para cuatro jóvenes por volcar contenedores en Poblenou

Las acusaciones del Consistorio superan con creces a las de la fiscalía

Imagen de los disturbios del 29 de marzo de 2012.
Imagen de los disturbios del 29 de marzo de 2012. AFP

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Barcelona parecen haber asumido el mensaje que el alcalde, Xavier Trias, lanzó tras los incidentes ocurridos durante la huelga general del 29 de marzo de 2012: “Perseguiremos estas actitudes violentas con la máxima contundencia”. La mano dura municipal resulta evidente en los juzgados: el Consistorio está solicitando penas de cárcel muy elevadas para los presuntos alborotadores. En la mayoría de ocasiones, el Ayuntamiento supera con creces las pretensiones de la fiscalía y de la Generalitat.

La jornada del 29-M se saldó con más de un centenar de detenidos por desórdenes públicos. La suerte de esos casos es dispar: algunos se han archivado o han acabado en absolución; buena parte de ellos, sin embargo, se siguen investigando o están a punto de llegar a juicio. Es el caso de cuatro jóvenes de Poblenou para los que el Ayuntamiento exige cinco años y medio de cárcel; o de un piquete que afronta otra petición de seis años y medio, más del doble de la que propone la fiscalía.

El Ayuntamiento se ha personado en esos procedimientos como acusación particular, al ser perjudicado por los daños. “Lo hacemos siempre que hay afectación al mobiliario urbano; cuando hay disturbios, el alcalde pide contundencia”, señalan fuentes municipales. El Departamento de Interior también ha perseguido los actos vandálicos como acusación popular, o sea en defensa del “interés público”. De las dos administraciones en manos de CiU, es la encabezada por Trias la que pide las penas más altas.

La Rambla del Poblenou fue uno de los muchos escenarios en los que, la mañana del 29-M, actuaron los piquetes. “En concierto con unas 50 personas” y “con intención de alterar la paz pública”, según el escueto relato de la fiscal, cuatro acusados —Lluís A., Bernardo S., Jean Pierre N. y Alberto C.— “cruzaron contenedores” a lo lago de la calle y “los lanzaron al suelo”, con lo que lograron interrumpir el tráfico. Los jóvenes arrojaron uno de los contenedores contra un supermercado Mercadona; tiraron bolsas de basura en la avenida Diagonal y “pintaron la fachada y pusieron silicona” en una sucursal de Caixabank.

La fiscalía cree que esos hechos se corresponden con tres delitos —desórdenes públicos, daños y contra la seguridad vial— y solicita una pena de tres años y medio de cárcel. El Consistorio, en cambio, eleva la petición a cinco años y medio y narra los mismos sucesos, pero de forma más incisiva: los acusados, argumenta, “menoscabaron el normal desarrollo de la vida ciudadana”, alteraron “el funcionamiento de los servicios públicos” y “pusieron, a sabiendas, en peligro la integridad física” de los ciudadanos. Interior, en cambio, se mantiene en una línea similar a la de fiscalía (tres años de cárcel) pese a que atribuye al grupo otros incidentes, como la rotura de la persiana de un bar o de los cristales de una oficina de CatalunyaCaixa.

Las defensas ven "desproporcionadas" las peticiones del Consistorio

Ricard C. también participó, presuntamente, en otro de los piquetes matutinos del paro general, convocado por UGT y CC OO. “Se encontraba con un grupo numeroso de personas en la Via Augusta”, según la fiscalía, cuando, “con evidente ánimo de alterar el orden establecido”, el acusado “colocó o tiró en medio de la vía los contenedores de basura” que iba encontrando a su paso. Esa acción “obligó a los vehículos a invadir las acercas o a circular en sentido contrario al de la calle” para esquivar los obstáculos. Ricard C. repitió esas acciones hasta la plaza Molina, donde fue detenido por una patrulla policial.

El fiscal concluye que el joven causó desperfectos por valor de 800 euros y le atribuye dos delitos: daños y desórdenes públicos; en total, solicita para él una pena de dos años y ocho meses. Si el juez acepta el relato del ministerio público, el joven puede pasar un tiempo (breve) en prisión. Si asume el del Ayuntamiento, ese tiempo puede prolongarse algo más: el consistorio solicita más del doble de esa pena (seis años y medio) por los mismos delitos. Según su escrito, Ricard C. formaba parte de un piquete de unas 50 personas que, al volcar contenedores, obligó a los conductores a “realizar maniobras peligrosas” para evitar colisiones. El Ayuntamiento también le atribuye que, junto a otras personas, bajó la persiana de un bar y “presionó a los trabajadores y a la dirección para que cerrasen el negocio, mediante silbidos y gritos tanto a aquéllos como a los clientes”.

Tres jóvenes para los que se pedía 7,5 años por incidentes en el Clot fueron absueltos

Aunque los incidentes más graves del 29-M ocurrieron por la tarde —las imágenes de los destrozos en comercios y contenedores ardiendo dieron la vuelta al mundo— los casos que ahora llegan a juicio ocurrieron por la mañana, durante la organización de piquetes informativos. Otro de esos episodios ocurrió en el barrio del Clot. Tres jóvenes —Javier T., Óscar M. y Sergio Z.— fueron acusados, también, de interrumpir el tráfico volcando contenedores a la altura de la avenida Diagonal. De las tres instituciones que ejercieron la acusación —Fiscalía, Generalitat y Ayuntamiento— fue esta última la que solicitó un castigo más severo: siete años y medio de cárcel. Ninguna prosperó: los acusados fueron absueltos por falta de pruebas. El consistorio también pidió seis y dos años de cárcel para otras dos personas —Roger S. y el sindicalista y conductor de autobuses Saturnino M.— por bajar las persianas de comercios en Sant Andreu.

El abogado Jaume Asens, que defiende a una decena de acusados por los incidentes del 29-M, considera “desproporcionadas” las peticiones del Ayuntamiento y reprocha, además, que el Departamento de Interior ejerza a menudo como acusación popular: “Es una medida discriminatoria, porque no se adopta frente a otros delitos, como los de corrupción”, describe Asens, que considera que esa personación es “claramente superflua y redundante”, porque la fiscalía ya está presente en todos esos procesos como garante del interés general. La presencia de las Administraciones, remacha, es “antieconómica”, porque supone “un gasto de fondos públicos innecesario”.