El alcalde Trias reconoce que Barcelona sufre una “fractura social”

El primer Pleno Municipal del año que se celebra en Barcelona tiene un punto en la orden del día para repasar el estado de la ciudad. Este fue uno de los cambios que introdujo el alcalde Xavier Trias. Para afrontar este debate con la oposición, el Gobierno municipal preparó un informe de 81 páginas que transpira optimismo en casi cada línea. Bajo el título: Barcelona 2014. El compromiso con las personas y la creación de ocupación, el documento hace un balance esperanzador y positivo, a pesar de las cifras que deja la crisis, como un paro de 107.677 personas o una media de 17 desahucios al día. Pero todos los esfuerzos de la Administración municipal para encontrar la parte positiva a la dura realidad chocaron con la sinceridad del alcalde en su primera intervención durante el debate: “Es cierto que tenemos una fractura social”, reconoció, ante la sorpresa de la oposición.

Durante toda la semana, se ha discutido mucho sobre las cifras del informe, que revelan que las rentas de las familias de Sarrià-Sant Gervasi triplican a las de los vecinos de Nou Barris. Es en estos barrios donde los desahucios se repiten constantemente y donde están cogiendo fuerza muchas de las movilizaciones que siguen vivas en la ciudad, como las quejas semanales por la subida de precio del transporte público o la misma oposición a los desahucios.

El alcalde Trias, eso sí, señaló como culpables de esta “fractura social” a los “gobiernos que han tenido responsabilidad” en referencia a los tripartitos de la Generalitat y del Ayuntamiento. Trias se comprometió a “gastar lo que haga falta para que nadie se quede sin comida ni sin poder pagar un recibo de la luz”.

El líder del PSC, Jordi Martí, le reprochó la acusación: “No intente traspasar la responsabilidad. Yo no he dicho nunca que la diferencia de rentas sea por su culpa. Lo que digo es que no hace nada para combatirla”. También Ricard Gomà, líder d'ICV-EUiA, se indignó por la acusación y recordó que fue CiU quien “votó a favor de la liberalización del suelo, de la reforma laboral y en contra de la dación en pago”. Jordi Portabella, de UpB (ERC), lamentó que el informe no dijera nada de la consulta independentista: “El país está en una profunda revolución democrática y la capital no le dedica ni una página”, criticó. También dijo echar de menos información sobre los valores, como “la cohesión o la inmigración”.

Alberto Fernández Díaz, presidente del PP en Barcelona, pidió al alcalde Trias que “haga la transición municipal que había prometido”. Ni a favor, ni en contra, ni abstención. Los cuatro concejales de UDC que forman parte del Gobierno de Trias abandonaron ayer la sala de plenos para no tener que afrontar el debate sobre el aborto. La concejal socialista Imma Moraleda, la responsable de que el debate se colara en el Ayuntamiento, lamentó que siendo la votación nominal en vez de por grupos —lo que permite que cada concejal vote lo que considere oportuno— los miembros de Unió no quisieran pronunciarse. La propuesta pedía reclamar al Estado que frene la reforma de la ley del aborto.

Sònia Recasens, segunda teniente de alcalde y miembro de Unió, argumentó que “no tiene sentido” oponerse a un anteproyecto. Finalmente, la proposición se aprobó con los votos del PSC, CDC, ICV-EUiA y UpB.

El alcalde también avivó la polémica al defender que Enric Truñó “ha dejado” el cargo de comisionado para los Juegos Olímpicos de Invierno porque no quería “estar a las órdenes de quien manda en Deportes, que es Maite Fandos”. Jordi Martí le respondió: “El señor Truñó no ha dejado su cargo, lo ha destituido usted”. La carta que Truñó mandó a todas las formaciones para despedirse, a la que ha tenido acceso este diario, deja claro que es “el equipo de Gobierno” quien le comunica que “ya no cuenta” con su colaboración.

En el Pleno también se aprobó, a propuesta del Consejo Municipal, una declaración de apoyo a la moción de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). El Ayuntamiento buscará los pisos vacíos de las entidades financieras e impondrá hasta tres multas coercitivas, que pueden dar lugar a una sanción de hasta 100.000 euros, si se mantiene su desocupación.