El Ejecutivo cuenta con dos ofertas de compra de las instalaciones de Epsilon

La exconsejera de Industria y actual viceconsejera de Justicia, Ana Agirre ha garantizado sobre la decisión tomada en 2009, de avalar a Epsilon ante Kutxabank, por el parque tecnológico de Álava, “ha quedado probado que no ha producido un perjuicio patrimonial para las arcas públicas” porque el Gobierno a través del parque tecnológico y los bancos “tenían créditos privilegiados” al entrar Epsilon en concurso de acreedores. Al contrario de lo que opinaba el anterior Gobierno socialista, esta dirigente del equipo actual del PNV y al mismo tiempo del que dirigía Juan José Ibarretxe ha zanjado que "lo que adquiere el parque tecnológico es superior a lo que pagan el parque y el Gobierno”, en referencia al túnel de viento y la infraestructura de Epsilon, aunque estos aún no tienen actividad. El aval hizo que el Gobierno del PSE firmara en 2012 un acuerdo con Kutxabank para pagar 16,3 millones en vez de 25 millones.

Agirre y el director de Desarrollo Industrial del Gobierno vasco y quien tenía el mismo cargo entre 2003 y 2008, Alejandro López Cárcamo, han comparecido hoy ante la comisión parlamentaria de Desarrollo Económico para explicar su gestión ante el fallido proyecto automovilístico Epsilon, que ha finalizado con su liquidación y con una sentencia contraria a su administrador, Joan Viladelprat. La actual consejera de Desarrollo Económico, Arantza Tapia, ha corroborado la idea subrayada por Agirre sobre la pérdida patrimonial y ha detallado que están a la espera de un recurso judicial antes de confirmar la compra de las instalaciones y la maquinaria de Epsilon por parte del parque tecnológico por 19,6 millones de euros, por unas instalaciones, la maquinaria y el suelo tasado en cerca de 25 millones. La consejera ha detallado que tienen dos ofertas de compra por 20 y 21 millones de euros respectivamente y varias empresas interesadas en alquilar o comprar partes de las instalaciones.Entre ellas está Tecnalia.

Ante las críticas que ha recibido la solución que se buscó en 2009 desde el Gobierno del PNV antes del cambio de manos, que consistía en la compra de activos en caso de que el proyecto fracasase, es una solución “favorable para el proyecto, las entidades y el parque, porque es una infraestructura de altísimo interés para el parque, con o sin Epsilon”, ha subrayado también López Cárcamo. Agirre ha recalcado que ella no participó en la toma de decisión porque no participaba en el parque, pero la ha defendido. El socialista Vicente Reyes ha señalado que un despacho de abogados que asesora al Gobierno señala en un informe que la operación se nombra "eufemísticamente" y que en realidad es "un aval o fianza" y que, en caso de impago "hay un tercero que paga" a las entidades bancarias, en este caso el Ejecutivo, que se "subroga" a las cajas.

Tapia avanza que hay dos ofertas para comprar las instalaciones de Epsilon por 20 y 21 millones de euros

La exconsejera ha restado validez a ese informe señalando que "no está analizando la operación que definitivamente se formalizó". "Lo que el parque decía era que si este proyecto va mal, el parque tecnológico, porque le interesa, no avala el proyecto, el parque no pagaba por las deudas de Epsilon, sino lo que hacía era que en determinadas condiciones le interesa como parque, como infraestructura, porque era un proyecto estratégico, por eso lo planteaba comprar en unas determinadas condiciones".

Sobre el plano gestor de Epsilon, López Cárcamo ha asegurado que todo fue positivo, porque hasta 2008 “no tenemos ninguna pega respecto a ningún aspecto de gestión o de evolución del proyecto”. “El problema surge en 2008, cuando con una inversión de 25 millones, con financiación legítimamente esperada de 21,30 millones” por parte del Ministerio de Educación y Ciencia, ha relatado el director, porque Epsilon recibió en diciembre de ese año una de 4,7 millones. Esta situación dejó a la empresa con un “déficit de 16,5 millones de euros y ninguna capacidad de maniobra”, una situación que “no fue única” en España. "Si ha habido una pérdida es para la administración central del Estado”, ha abundado la anterior consejera, porque fue el Gobierno central el que más dinero aportó al fallido proyecto automovilístico.

Ante una contundente oposición, que ha criticado la actuación de la administración autonómica, liderada por el PNV, López Cárcamo ha asegurado que en las dos ayudas en cuya concesión participó “valoración altísima”, un “rotundo éxito”. Agirre ha tirado de la sentencia judicial que condena a Joan Viladelprat por concurso culpable y ha ratificado las palabras de su anterior director que "hay un párrafo que dice taxativamente, este proyecto tenía expectativas razonables hasta el año 2010". Los problemas no empezaron, han detallado, hasta que en 2008 del compromiso del Ministerio de Educación y Ciencia no se cumplió. "A este proyecto no le dio tiempo, lamentablemente ha fracasado el proyecto, pero tenía la posibilidad de desarrollo, si no hubiese ocurrido la crisis, tenía potencialidades", ha indicado convencida la exconsejera. 

La oposición critica con dureza la gestión del anterior Gobierno del PNV con el proyecto automovilístico

Reyes ha recordado al alto cargo del Ejecutivo que según el administrador concursal el único ejercicio en el que hubo beneficios fue en 2007 y ha denunciado que se "dilapidó" dinero público. “Nunca tuvo verdadero mercado, pero sí tuvo dinero público que para seguir adelante”, ha subrayado Reyes, que ha acusado a López Cárcamo de burlarse del Parlamento por no responder a las preguntas de la oposición.

El alto cargo ha insistido en que “no ha habido ninguna duda respecto a la calidad de este proyecto” y en que a 2008 “las inversiones iban a un ritmo mejor de lo previsto, se ajusta a su plan, va bien el proyecto”. “Cosas posteriores, no le puedo decir, no tengo criterio porque no estaba, sé que en 2010 tienen un problema grave, se les cae el mercado, no consiguen desarrollar el plan como habían previsto, pero a partir de ahí no tengo forma de saber, no sé si es mala gestión, mala comunicación con el Departamento de Industria”. El director ha añadido que la sentencia contra Viladelprat se centra en decisiones empresariales posteriores, en una venta y en un endeudamiento que se produjeron cuando él no tenía responsabilidades en la gestión pública, pero ha asegurado que durante el tiempo que las tuvo "no podemos decir que hubiera mala gestión".

EH Bildu, a través de Igor López de Munain, ha considerado que la apuesta por el proyecto automovilístico "era una moda y se convirtió en planes estratégicos aunque carecía de la viabilidad, de un plan económico que pudiese comercializarse". Desde el PP, Carmelo Barrio ha señalado que se trata de un proyecto “irreal”, “fundamentada en dinero público y en la expectativa de dinero público, pero no de privado”. Ambos partidos han defendido que es necesaria la creación de una comisión de investigación que analice, después de la sentencia judicial, las actuaciones públicas que se realizaron.

El responsable del Gobierno solo ha recibido el apoyo del PNV, que a través de Leire Corrales ha recordado que el Tribunal vasco de Cuentas Públicas, al que se ha solicitado un informe, ya ha indicado que las ayudas concedidas eran “legales”. La parlamentaria se ha centrado en defender que el proyecto ha fracasado por una cuestión económica y no por la intervención pública. Asimismo, ha recordado que el Gobierno socialista anterior premió al proyecto y a sus gestores.