El naval respira con la promesa de 1.000 empleos para los buques de Pemex

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, recuperó ayer todas esas frases para grandes ocasiones, como “esto es una puerta a la esperanza” o “la industria gallega es competitiva en todo el mundo”. Sonriente y tranquilo, no paró de estrechar manos en el único acto oficial de su agenda, la clausura de una jornada técnica del sector naval ante la patronal del ramo en Madrid. Habían pasado menos de 12 horas desde que México confirmaba la adjudicación de dos floteles (buques para alojar al personal que trabaja en plataformas petrolíferas) a Barreras y Navantia por 300 millones de euros cada uno.

 Excluyendo lo que costará la puesta en servicio de las dos naves durante diez años, concepto que va incluido en el contrato, la construcción reportará a Galicia una facturación de 150 millones por barco y unos 1.000 empleos netos que Galicia necesita urgentemente. Con esa decisión, la empresa pública mexicana cierra el dilatado culebrón que comenzó cuando Feijóo, en vísperas de las elecciones autonómicas, comprometió su palabra de que se ejecutarían en astilleros de las rías.

16 meses después, el titular de la Xunta quiso rentabilizar su mediación y la del presidente, Mariano Rajoy, con los dos últimos Gobiernos de México —el de Felipe Calderón y el actual, de Enrique Peña Nieto— para conseguir los ansiados contratos de la petrolera. Pasando por alto que la política industrial de la Xunta pivota en las energías renovables, desde la eólica hasta el coche eléctrico, no paró de repetir que en el petróleo hay mucho futuro. “Tenemos que abrirnos y buscar alianzas con las grandes empresas del mundo, que son las que se dedican al sector del petróleo, y que siguen necesitando de la industria naval. La industria petrolera mundial es una gran oportunidad”. Le escuchaban los principales constructores de barcos del país, muchos de los cuales hace más de una década que trabajan en ello.

Feijóo habló también del abismo al que se asomaban los astilleros en 2011: “Hemos vivido momentos malos, yo también, y no oculto nada si lo digo en público. Nos encontramos en Galicia con la mayoría de los astilleros en una situación crítica, sin carga de trabajo desde hacía seis años, en suspensión de pagos. Se cuestionó el sistema de amortización anticipada [el llamado tax lease] El Gobierno anterior estuvo dos años sin ofrecer una alternativa coherente [a la UE]. En 2009 el sector estaba apoyado por 53 bancos y cajas. En 2011 eran solo 10”. Lo llamó la “gran tormenta perfecta”, y él mismo se presentó como una parte importante de la solución, junto con los sindicatos y la patronal. “Comprobé la pasta de la que está hecha este sector. Se formó una extraña alianza para convencer con razones a la Comisión Europea” a fin de que no tumbase el tax lease. Ese triunfo, dijo, se ha redondeado con la apuesta de Pemex, que no necesitará de ese esquema para financiar los buques.

A esa misma hora en Vigo, el presidente de Barreras, José García Costas, ofrecía más datos sobre los contratos: en dos o tres meses comenzarán los trabajos para el flotel, que coincidirá con un buque atunero también encargado por Pemex, dueño al 51% de la empresa gallega. Antes del verano podrían ponerse en marcha otros encargos que completan una cartera que añadirá 300 millones a la facturación de la empresa. Otros astilleros hacen cuentas: Metalships, Freire, Armón, Nodosa... todos tienen contratos a la vista. Sin embargo, Vulcano sigue sin actividad y los sindicatos creen que este resurgir podrá seguir asfixiando a la industria auxiliar. “Sospecho que con tanta escasez de contratos les apretarán de nuevo las tuercas y las consecuencias las sufrirán los trabajadores”, resume desde CIG César Rodríguez.

Aun así, Vigo vive una contenida alegría mientras que Ferrol se contenta pero no se conforma. El flotel es un parche pequeño para unos astilleros muy grandes. “Es un balón de oxígeno para una empresa que se ahogaba, pero el agua sigue ahí”, resume un miembro del comité de Navantia. Supondrá 1,2 millones de horas de trabajo durante 30 meses en construcción naval civil, un segmento que Navantia tiene limitado al 20% por la UE y que no es su mercado habitual. “Insuficiente”, aseguró el presidente del comité de empresa, Ignacio Naveiras, que definió el contrato como un “alivio triste”. Genera actividad para un cuarto de su plantilla directa (2.300 personas) y poco o nada para los 3.600 operarios de auxiliares despedidos desde 2011.

La mejor prueba de su inconformismo es que saludaron el anuncio del flotel —el primer contrato en nuevas construcciones desde el 2007— con una movilización a mediodía. Dos mil trabajadores salieron de la factoría para llevar a Correos una petición que dirigen al Congreso: el dique flotante, un compromiso electoral de todas las fuerzas políticas, sigue enredado en consultas informales en los despachos de Bruselas. “No pedimos limosna, pedimos financiación”, aseguró Naveiras. Defienden el dique como una herramienta que generaría medio millar de empleos al año en un mercado, las reparaciones navales, en el que son punteros pero que se les escapa porque no tienen espacio para buques de gran porte. Calculan que recuperarían la inversión en 25 años y solo en construirlo, unos 140 millones de euros, ya trabajarían más de un millar de operarios.

Y frente a los contratos adjudicados, critican la espera agónica. No tienen claro cuándo podrán cortar las primeras chapas de un flotel que tienen que entregar antes del 13 de julio del 2016. Las gradas de Ferrol y Fene están vacías desde diciembre, y el 70% de la plantilla en subactividad.