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La Justicia ratifica la paralización de la privatización sanitaria en Madrid

El Tribunal Superior de Justicia rechaza un recurso de reposición de la Comunidad y de las adjudicatarias de los seis hospitales

Más de un millón de madrileños (el 18,02% de los que tienen tarjeta sanitaria) y 5.128 profesionales sanitarios y no sanitarios podrían sufrir "perjuicios irreparables" si no se hubiera paralizado la privatización de seis hospitales madrileños, una operación que conllevaría transacciones económicas de casi 4.680 millones de euros. Esas son algunas de las razones esgrimidas por la sección tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para ratificar la suspensión de la externalización aprobada por el Gobierno de Ignacio González (PP). En su resolución, los magistrados han puesto números a "la dimensión extraordinaria del proceso" que, aseguran, podría no tener vuelta atrás en caso de que hubiera seguido adelante.

La decisión llega después de que el expresidente de lo Contencioso del tribunal madrileño y ahora vocal en el Consejo del Poder Judicial a propuesta del PP Gerardo Martínez Tristán, avocara al pleno de esa Sala todos los recursos contra la privatización al considerar que podían dar lugar a resoluciones contradictorias, lo que parecía poner en peligro la paralización decretada en septiembre por la sección tercera. El 9 de enero, ese pleno, formado por más de 40 magistrados decidió sin embargo dejar sin efecto lo ordenado por el presidente y devolver a las respectivas secciones (tribunales entre tres y cinco magistrados) sus respectivos recursos.

Ahora, la sección tercera resuelve el recurso presentado por la Comunidad de Madrid contra la paralización y ratifica esta última especificando con cifras la importancia del concurso, un proceso "de dimensión extraordinaria", como recuerdan los magistrados. Aparte del número de usuarios y profesionales afectados, la sala recuerda que la externalización puesta en marcha por el Gobierno madrileño afectaría a seis hospitales (Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, Del Henares, Del Sureste y del Tajo) con 1.149 camas, cuatro centros de especialidades y otros cuatro de salud mental. En total, los municipios afectados serían 92 además de dos distritos de la capital, lo que "engloba a una población sanitaria de 1.151.588 personas".

"En materia de personal hay parte de él que extingue su contrato", recuerda el auto. "Hay plazas que se amortizan, se producirán traslados en masa y cambios de destino en cadena de importante magnitud si se tiene en cuenta el número de profesionales afectados (5.128), por lo que la recomposición del capital hgumano de los equipos de trabajo parece realmente inviable", asegura. "Hay subrogación en 392 contratos y las concesionarias, lógicamente, harán infinidad de nuevos contratos cuando venzan aquellos en los que se subrogan", prosiguen los magistrados, que recuerdan: "Se habría impuesto un nuevo sistema de toma de decisiones y de gestión", por lo que "el director y los cargos directivos" de cada uno de esos centros privatizados "los designarían las concesionarias".

Pero, además, los magistrados adelantan que aprecian "la existencia de una causa de nulidad" de la decisión de la Comunidad de Madrid de modificar la fianza que las concesionarias debían prestar. Solo cuatro días antes del final del plazo de presentación de ofertas, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicó como "corrección de errores" un cambio sustancial en la garantía del 5% que deben presentar los adjudicatarios. Al añadir la palabra “anual”, redujo en cerca de un 90% este aval —el contrato es por 10 años—, así que los 233 millones que debían aportar se quedaron en 28. Esa modificación podría haber impedido a otras empresas optar a ese concurso, según el tribunal.

Esa drástica reducción de la fianza introducida mediante "corrección de errores", según los magistrados, constituye también "una grave infracción legal que no solo afecta a las condiciones de competencia entre las empresas", sino también "al servicio que van a desarrollar dichas empresas y a los servicios que van a recibir los usuarios", ya que esas fianzas están destinadas a "asegurar que puede afrontarse cualquier tipo de responsabilidad derivada de una mala o incorrecta ejecución del contrato". Los 28 millones a los que quedan reducidas no sirven ni siquiera "para garantizar los pagos anuales adelantados" que la Comunidad iba a realizar a cada concesionario.

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