Unión Europea y democracia

El continente europeo, sobre todo Europa occidental y septentrional, es un referente mundial en la formación, evolución y consolidación de sistemas políticos democráticos. El progreso social que se desarrolló en Europa durante el siglo pasado se asentó en el respeto a unas instituciones, a unos movimientos y a unos valores democráticos. Tras la Segunda Guerra Mundial, la distribución del poder político y la acción política derivada de un diálogo colectivo, la ampliación y la garantía de derechos civiles y políticos, el proceso legislativo como resultado de constantes negociaciones entre múltiples agentes sociales, o la intervención del Estado en determinados ámbitos económicos, entre otros aspectos, contribuyeron a la expansión del bienestar social y de la democracia en la mayoría de países de Europa occidental.

En este contexto, la Unión Europea también basa su acción en la defensa de la democracia. El Tratado de la Unión Europea confirma desde su preámbulo la adhesión a los principios democráticos, y su artículo 2 establece con firmeza los grandes valores en los que se fundamenta la Unión Europea y que deben asumir como propios los Estados miembros: “Respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías”.

Si la UE es coherente con su trayectoria, se mostrará favorable a las demandas democráticas apoyadas por una mayoría

Aceptar y promover estos valores es, según el artículo 49 del Tratado, el único requisito para que un Estado pueda solicitar el ingreso como miembro de la Unión. En consecuencia, a lo largo de su existencia, la UE ha desarrollado una incesante actividad de protección de la democracia, no solo dentro de sus fronteras sino también a través de su política exterior.

Internamente, la Unión Europea establece todo tipo de mecanismos para acompañar y garantizar los procesos destinados a desarrollar e intensificar la democracia, la transparencia, la responsabilidad política y el control social en los Estados miembros. La Unión Europea, que parte de un concepto de democracia en permanente evolución, es consciente de la heterogeneidad de sistemas democráticos, elogia esta diversidad y quiere preservarla. En todo caso, la variedad de modelos de democracia tiene como único común denominador los valores que señala el mencionado artículo 2, de manera que, según el artículo 7 del mismo Tratado, el Consejo Europeo puede suspender determinados derechos de participación institucional a aquellos Estados miembros en los que exista una violación grave y persistente de estos valores básicos.

Otro gran objetivo de la Unión Europea es el fomento de la democracia en el resto del mundo. Desde la Oficina para la Promoción de la Democracia Parlamentaria, por ejemplo, se elaboran programas de apoyo y consolidación de las llamadas democracias nuevas y emergentes. A través de la formación, el asesoramiento y el intercambio de experiencias, se establecen hojas de ruta para capacitar institucionalmente a los parlamentos de las nuevas democracias y se impulsan políticas de cooperación para garantizar la paz en los países mediterráneos.

Estos son los avales democráticos de una organización internacional que a lo largo de 2014 estará pendiente, como el resto de la comunidad política internacional, de lo que suceda en Cataluña y que deberá analizar al detalle el proceso soberanista. Históricamente, la Unión Europea se ha mostrado partidaria de aceptar las movilizaciones democráticas y pacíficas (como las manifestaciones masivas en Cataluña durante las dos últimas Diadas), respetar los resultados de las urnas (como las elecciones catalanas de 2012, en las que 107 de los 135 diputados se presentaron en candidaturas favorables a la convocatoria de una consulta), conocer la opinión de los ciudadanos a través de consultas democráticas (sobre todo, en un contexto global de crisis de legitimidad política), fomentar el ejercicio del derecho de participación de los ciudadanos en aquellos asuntos que generan un debate social profundo y transversal (como ocurre en Cataluña con el proceso soberanista) y proteger los derechos de las minorías (incluidas las nacionales).

Si la Unión Europea es coherente con su trayectoria, se mostrará favorable a las demandas democráticas planteadas por la mayoría del pueblo de Cataluña, pero no lo hará antes del momento de clímax conflictual.

Todavía es pronto para solicitar pronunciamientos públicos internacionales sobre este asunto y, en cambio, sería necesario realizar una actividad diplomática clásica basada en un trabajo de persuasión discreto y prudente. Se trata de proporcionar múltiples e inapelables argumentos para que la comunidad internacional en general, y la Unión Europea en particular puedan entender el conflicto, valorarlo y pronunciarse sobre él en el momento oportuno, ya sea justo después de una hipotética consulta popular de resultado favorable a la independencia o de una posible declaración de independencia avalada por unos resultados electorales inequívocos.

Jordi Matas Dalmases es catedrático de Ciencia Política de la UB.