Hacienda prefiere no incluir la multa en el próximo Consejo de Finanzas

La Diputación Foral de Bizkaia tiene muy claro que, si al final hay multa y la Corte de Luxemburgo no especifica cómo repartírsela entre las instituciones vascas —tal y como solicitó la guipuzcoana en sus últimas alegaciones— no va a correr con los gastos a medias. Aunque la sentencia definitiva no llegará hasta mayo o junio, y será entonces cuando se conozca si hay sanción y su cuantía, el Consejo Vasco de Finanzas se reúne la semana del 10 al 14 de febrero —porque el quince es sábado— se va a convertir en la primera oportunidad para empezar a fijar posiciones y un criterio de reparto, ya que el siguiente se convocará en octubre, entre tres y cuatro meses después de la eventual imposición de la multa.

El Gobierno prefiere esperar a que todo se confirme para discutir sobre hechos concretos y se inclina por no incluir ese asunto en el orden del día, posiblemente para evitar un nuevo atasco como el que enfrentó en octubre de 2012 a Bizkaia y Álava por una parte, contra el Gobierno del PSE y Gipuzkoa, a cuenta de si meter o no en el sistema común de las aportaciones, el dinero que las haciendas forales habían recuperado hasta ese momento de las ayudas ilegales que concedieron en la década de los noventa, las denominadas vacaciones fiscales.

Bizkaia, sin embargo, no descarta que el tema se suscite en el capítulo de varios, fuera del orden del día, habida cuenta de que no estaría de más empezar a ver el asunto para que no haya malos entendidos y enfados de última hora. El equipo de José Luis Bilbao quiere llegar a una fórmula de reparto a partir de los porcentajes de recuperación de los fondos, pero con un índice corrector que tenga en cuenta y cargue a cada diputación por su responsabilidad en los retrasos.

Con el sistema de reparto común la multa para Álava sería de 2,5 millones

Es decir, menos de 10,5 millones de la multa de 50, porque la razón de la multa es el retraso y ellos recuperaron las cantidades antes que Álava. Con el sistema de reparto común le tocaría menos dinero al entrar en juego el Gobierno vasco, que asumiría el 70% de la multa, es decir, unos 35 millones. La mitad del resto habría que imputar a Bizkaia, 7,5 millones. Pero ahí surgen las disputas. En ese caso a Álava sólo le tocaría ingresar 2,5 millones.

La abogada de la UE rebajó el jueves la cantidad total oficial a recuperar, desde los 358 millones de euros fijados por la Comisión hasta los 322,3 millones. A la Diputación alavesa le corresponden 212,4 millones, el 65,89% del total, a la de Bizkaia 68,7 millones, el 21,31% del total, y a la de Gipuzkoa 41,2 millones, el 12,80%.

La reunión del Consejo Vasco de Finanzas se celebrará seguramente el jueves 13 o el viernes 14 de febrero, y el “debate es ineludible” calificaron ayer fuentes de Gipuzkoa. Pero coinciden con el Gobierno en que quizás es precipitado cerrar todos los flecos sin una sentencia sobre la mesa. También Álava comparte la tesis. Aunque tampoco eludirían el debate si se precipita fuera del orden del día. Para Bizkaia que puede resultar la más afectada de las tres, sin contar al Gobierno vasco, posiblemente contra antes quede claro el criterio, sería mucho mejor. La factura de las vacaciones fiscales acabará siendo mucho más cuantiosa de los 50 millones, en caso de confirmarse la multa, y ello sin contar la fractura de la imagen y el posible daño institucional que las fallidas maniobras de las instituciones forales pueden tener sobre la credibilidad de Euskadi como aspirante a ser un actor principal en la Europa de las Regiones.

La minuta por la defensa de los instrumentos fiscales que desde el año 2000 encabezaba el especialista Ignacio Sáenz Cortabarria ya ascendía en 2006 a tres millones de euros, más las generadas hasta entonces por otros bufetes que habían actuado en calidad de asesores como Cuatrecasas, o en Álava para cuestiones más provinciales pero relacionadas. A eso habría que sumar los esfuerzos de numerosos funcionarios de los tres territorios históricos con el asunto y los también numerosos viajes de cargos públicos a lo largo de una década a Luxemburgo, Bruselas y Madrid, entre otras capitales, a preparar o a asistir a vistas.