La Intervención del Estado insiste en que la Junta debió frenar los ERE

“Los fondos nunca debieron destinarse a subvenciones sociolaborales (...) La Junta tuvo la posibilidad legal, que no ejerció, de realizar las modificaciones precisas en el presupuesto de la Consejería de Empleo para disponer del crédito presupuestario adecuado”. La Intervención General del Estado ha vuelto a censurar al Gobierno andaluz por el mecanismo utilizado en el fondo para empresas en crisis. Los cuatro interventores han entregado a la juez Mercedes Alaya un segundo informe ampliatorio después del voluminoso análisis (8.245 folios con anexos) que enviaron hace un mes a la magistrada.

En el primer informe los interventores apuntaron al expresidente de la Junta José Antonio Griñán y a la vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Magdalena Álvarez, por permitir como consejeros de Hacienda la existencia del fondo. Los auditores fueron muy críticos con la gestión y vigilancia del fondo por parte del Ejecutivo autónomo. Frente a esta censura, la Junta ha defendido que el fondo fue incluido en la Ley de Presupuestos año tras año, por lo que lograba rango de ley, y una ley no puede ser ilegal.

El principal inconveniente que censuran los auditores es el uso de las transferencias de financiación para conceder subvenciones públicas, cuando su única finalidad debía ser la cobertura de pérdidas de las entidades públicas de la Junta. Además, seis de las modificaciones presupuestarias para elevar el gasto fueron aprobadas por el consejero de Hacienda y 16 se elevaron al Consejo de Gobierno de la Junta.

Al margen de los dos exconsejeros de Hacienda, los interventores inciden asimismo en el papel desempeñado por el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, imputado en la causa, por ignorar su “obligatoriedad legal de emitir un informe de actuación” tras detectar “graves irregularidades en el proceso de concesión de subvenciones por parte de la Consejería de Empleo”. Entre estas irregularidades destaca haber prescindido por completo del procedimiento establecido por ley para la concesión de ayudas sociolaborales y por haber autorizado las modificaciones presupuestarias que ampliaron el techo de gasto del fondo para empresas en crisis.

Gómez siempre ha defendido que su departamento no pudo haber emitido dicho informe de actuación porque entre otras razones el órgano fiscalizado era la agencia Idea y no la Consejería de Empleo, donde residían los expedientes.

Los auditores del Ministerio de Hacienda discrepan y consideran que Gómez debió alertar del fondo a sus superiores, tal y como reflejaron en el primer informe: “En nuestra opinión, era de aplicación la obligatoriedad legal de la Intervención de emitir el correspondiente informe de actuación”.

Además, los interventores del Estado advierten de la falta de competencia legal del ex director general de Trabajo para conceder las ayudas, ya que debían haber sido otorgadas por el consejero.

Al margen de la censura a la actuación de la Junta, los auditores consideran que la actuación del Parlamento al aprobar las transferencias de financiación a la agencia Idea “fue plenamente consecuente” con la legislación. Es decir, en línea con la tesis de la juez, los interventores eximen de culpa a los diputados que aprobaron la tramitación del fondo.

Por último, los interventores subrayan que los auditores de la Cámara de Cuentas andaluza no debían haber deducido el uso inadecuado del fondo de los ERE a través de la Cuenta General que recibían cada año. “Aunque la Cuenta General incluya las cuentas de ambas entidades [agencia Idea y Consejería de Empleo], no pone de manifiesto por sí misma y de forma automática que la transferencia de financiación que Idea recibía de la Consejería de Empleo por el programa 31L no tenía como destino equilibrar su cuenta de pérdidas y ganancias, que es su única finalidad legal”, añade el informe.