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Los jueces reabren la investigación sobre el accidente de metro de Valencia

Los magistrados aceptan el recurso de la fiscalía, que alegó que existían datos nuevos

"No puede dejarse indefensas a las víctimas del siniestro”, zanja la Audiencia de Valencia

Manifestación de apoyo a las víctimas de metro el pasado 3 de enero.
Manifestación de apoyo a las víctimas de metro el pasado 3 de enero.

El accidente de metro de Valencia, que en julio de 2006 se cobró la vida de 43 personas y dejó a otras 47 heridas, debe volver a investigarse a fondo. La Audiencia de Valencia ha enmendado en un auto fechado el lunes a la juez instructora, que archivó por segunda la vez la causa el año pasado, obligándola a seguir investigando.

“No puede dejarse indefensos a quienes en la búsqueda de la legítima verdad y la reparación adecuada, pretenden evitar la permanencia de vacíos sin cubrir en la investigación”, señala la resolución. Y deben por ello practicarse las diligencias “que puedan esclarecer lo sucedido, de forma que las víctimas nunca puedan ni sospechar que no se hizo lo debido, y con ello se impidió descubrir el porqué de la muerte o lesiones de sus familiares más queridos”.

Los jueces no se limitan a ordenar la reapertura, sino que imponen las diligencias concretas que la juez, Nieves Molina, debe realizar. Todas se basan en “la existencia de nuevos elementos” de los que en su momento “no se informó al juzgado ni al perito” que evaluó en 2006 las causas del siniestro.

La instructora deberá revisar los datos que la Generalitat ocultó al juzgado y al perito en 2006

El descubrimiento de datos que fueron silenciados por los responsables de la Generalitat que dirigía el expresidente Francisco Camps fue lo que llevó a la fiscalía y a la Asociación de Víctimas a solicitar la reapertura de la causa el año pasado. La juez no consideró necesario investigarlos.

Pero la Audiencia sí, para aclarar: “Si la unidad siniestrada presentaba deficiencias como se puede deducir de los siniestros [previos] de los que no se informó al juzgado y al perito”; “la incidencia del sistema de frenado en el accidente, teniendo en cuenta la posible existencia de una avería previa de la que no se informó al perito”, y “el motivo por el que se desprendieron del marco las ventanas de la UTA [Unidad de Transporte Articulada] 3736, indicando si no estaban convenientemente fijadas o se había alterado su sistema de fijación a la unidad sin estar homologado”.

Los tres jueces de la sección segunda ordenan a la juez practicar 11 diligencias. Entre ellas, interrogar “a los mecánicos responsables de las revisiones de la unidad siniestrada en 2005 y 2006” y a los maquinistas que conducían el convoy “cuando tuvo los accidentes previos al investigado”.

El informe de un perito sobre las nuevas pruebas que se practiquen decidirá la suerte de la reapertura

Requerir a Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) el informe de la avería en los frenos que la unidad sufrió “los días 20 o 21 de junio de 2006”, dos semanas antes del siniestro, así como “la grabación entre maquinista y puesto de mando” comunicándola. Reclamar a Siemens, fabricante de la UTA, las características de “marcos y ventanas”, por las que salieron disparadas parte de las víctimas en el momento del descarrilamiento.

Y pedir a FGV la identificación de los responsables de “revisar periódicamente y decidir la ubicación de las balizas de limitación de velocidad”. En la peligrosa curva entre las paradas de Jesús y Plaza de España en la que el convoy se salió de la vía no había ninguna.

La Audiencia limita la capacidad de actuación de la juez al establecer que el resultado de las diligencias que en su momento rechazó practicar deben ser remitidas al perito que realizó los informes anteriores, para que determine “si el estado de la UTA 3736 fue una de las causas del accidente”.

Nadie en el Gobierno de Camps asumió responsabilidades

El resultado de ese informe pericial decidirá la suerte de la tercera reapertura de unos hechos que no tuvieron consecuencias penales: la juez consideró único responsable, por exceso de velocidad, al conductor, que se contó entre los fallecidos. Ni políticas: nadie de la Administración Camps dimitió.

El Gobierno de Camps manejó el accidente como un problema, producido a los pocos días de la visita a Valencia del Papa Benedicto XVI, y limitó la investigación abierta en las Cortes Valencianas a una semana de sesiones en el mes de agosto, en lo que fue la comisión más corta de la historia de la Cámara.

“No caben dudas, titubeos o vacilaciones. No hay que desfallecer en la búsqueda de la verdad para evitar una victimización secundaria de las víctimas del fatal accidente, personificada en ellas mismas o en sus parientes más cercanos”, concluyen ahora los jueces para justificar la nueva investigación.

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