El Gobierno defiende el acuerdo sobre las aportaciones subordinadas de Eroski

El Ejecutivo de Iñigo Urkullu no “avala” ni asume como propio el acuerdo de Eroski con las entidades bancarias para dar salida al problema de las aportaciones financieras subordinadas que vendieron a 30.000 personas. Pero sí lo defiende porque en él medió el Instituto vasco de Consumo. El portavoz y consejero de Justicia, Josu Erkoreka, ha sido este martes el primer miembro del Gobierno que respondió a preguntas sobre el acuerdo de Eroski con los bancos establecido como un requisito de las entidades para cerrar el proceso de refinanciación de la deuda que la cooperativa necesita para salvar sus apuros económicos.

Ante las críticas que la propuesta de solución ha recibido por parte de las asociaciones de afectados, tanto por la quita del 30% como por la conversión de la mayor parte del dinero invertido en cantidades que no podrán tocar hasta dentro de doce años, Erkoreka se ha afanado en marcar ciertas distancias indicando que esta no es la propuesta del Gobierno, sino de Eroski, y asegurando que ellos, a través de Kontsumobide, no han ni “avalado ni respaldado” la alternativa.

Minutos después y al ser preguntado por su opinión como portavoz, ha señalado que “si esta propuesta estaba encauzada por una institución del Gobierno, este portavoz la defiende”. Y es que, tal y como señaló, el Ejecutivo, a través de Kontsumobide, ha realizado un “notable esfuerzo de mediación”, según puso en valor el consejero.

En una respuesta parlamentaria, el consejero de Sanidad y Consumo, Jon Darpón, señala que esta tarea de mediación ha sido “fundamentalmente” lo que la directora de Kontsumobide, Elena Unzueta, ha realizado desde que asumió el cargo en julio. Tan es así que el resultado de las conversaciones fue anunciado por el propio Instituto vasco de Consumo a través de un comunicado de prensa la semana pasada, prácticamente al mismo tiempo en que lo hizo la cooperativa vasca.

En esa nota, Kontsumobide explicó qué ocurrirá con el 70% de la inversión —el 55% se convierte en bonos que no se pueden recuperar antes de doce años y el 15% se devuelve al momento— de las aportaciones subordinadas de las personas que decidan sumarse a la alternativa. Pero no hacía referencia explícita a la existencia de uno de los puntos más polémicos, la pérdida del 30% del dinero aportado por los clientes en caso de aceptar el trato.

Kontsumobide “no ha validado unilateralmente una propuesta procedente de una de las partes”, ha añadido el portavoz, sino que ha “escuchado a todos” y ha “considerado que esta propuesta puede tener una cierta viabilidad”, por lo que “ha posibilitado que pueda hacerse efectiva”. Es la “tercera vía” que tienen los afectados ahora, además de quedarse como están o recurrir a los tribunales. El portavoz aseguró en un primer momento que ya hay “algunos [afectados] que se están adhiriendo” a la propuesta de Eroski, una aseveración que después, al ser preguntado por cifras concretas y por cómo es eso posible si todavía los afectados no pueden acogerse al acuerdo —por estar supeditado a la refinanciación—, ha matizado diciendo que solo han “mostrado su voluntad” de hacerlo.

A 31 de diciembre de 2013, Kontsumobide había registrado 854 quejas, entre las aportaciones de Eroski, las más numerosas, y las de Fagor.