El Gobierno insiste en que venderá la finca gaditana de La Almoraima

El subdelegado del gobierno en Cádiz, Javier de Torre (PP), ha asegurado este lunes en Algeciras (Cádiz) que "el Gobierno desvincula los usos que la Junta de Andalucía le quiera dar a la finca de La Almoraima, de sus intenciones de proceder a la venta". De Torre responde así al anuncio del ejecutivo andaluz de iniciar de forma inmediata la ampliación de los límites del parque natural de Los Alcornocales, lo que implicará que el 100% de las 14.113,1 hectáreas del latifundio que pretende privatizar el Ministerio de Medio Ambiente queden protegidas.

Aunque en principio la ampliación supondría el bloqueo del desarrollo que el Estado ha diseñado para La Almoraima, consistente en la transformación del latifundio en un complejo de lujo con aeródromo, un campo de golf y otro de polo, el subdelegado del gobierno en Cádiz ha insistido en que "el Gobierno respeta los usos que la Junta quiera dar a La Almoraima, pero debe sopesar si pretende limitar su desarrollo". "El Gobierno de España va a proceder a la venta, con independencia de lo que la Junta de Andalucía quiera hacer en ese territorio", añade De Torre, para quien "habrá que ver si algunos quieren ver que es compatible el desarrollo con el medio ambiente". "Esa es la función de la Junta en el ejercicio de sus competencias", ha apostillado el representante del gobierno central.

Para De Torre "hay dos ejemplos de cuando la Junta quiere acometer asuntos medioambientales y cuando no". "Tenemos dos problemas importantes en el Campo de Gibraltar a los que hay que dar solución y, sin embargo, la Junta no ha tenido esa premura para actuar: Se trata de dar solución a los problemas de vertido del caladero Este del Peñón, donde hay emisarios y colectores que vierten e impiden la pesca a los pescadores de la zona y a pesar de haber enviado dos cartas a la Junta para pedirle una solución, no se ha dignado en responder". "La Junta a pesar de que se impide el medio de vida a estas familias, no lleva a cabo la política medioambiental necesaria para que los pescadores puedan trabajar", manifiesta De Torre, quien reclama a la Junta "una política medioambiental que sea social y que permita que esta agua queden libres de toxinas". Además, se ha referido a un segundo asunto que, según asegura afecta a la Junta, como la autorización medioambiental de la planta de almacenaje de hidrocarburos que la empresa VTTA quiere instalar en el municipio de Los Barrios (Cádiz). "Nos encontramos, desde agosto de 2013, con un proyecto que tiene las autorizaciones por parte de industria y que solo persigue conseguir que el suministro de combustible se haga en condiciones óptimas de seguridad medioambiental y, sin embargo, la Junta no está teniendo la misma celeridad".

Mientras tanto, el vicepresidente andaluz, Diego Valderas, se ha reunido esta mañana el Castellar de la Frontera (Cádiz), el municipio en el que se encuentra la finca La Almoraima, con miembros de la plataforma opositora a la venta del latifundio, encabezados por el alcalde de la localidad, Juan Casanova (IU). En el encuentro, Valderas ha explicado las intenciones del gobierno andaluz respecto a la parte del latifundio que aún se encuentra fuera de la protección medioambiental del parque de Los Alcornocales. "Aunque la Junta lo tiene claro y lo ha dicho en numerosas ocasiones, hoy tratamos desde el diálogo más constructivo que el patrimonio del Estado pase a ser patrimonio de la Junta o sea gestionado por la Junta de la mejor forma posible para poner en valor la riqueza que esta finca pública da al patrimonio medioambiental y natural, con el objeto de evitar que una finca así caiga en manos de usos especulativos que en los últimos años no nos han conducido a ningún lado, pero sobre todo que demuestren que, desde la sostenibilidad se puede crear riqueza".

El vicepresidente asegura que "la ampliación de los límites del Parque Natural de Los Alcornocales puede ser una alternativa, pero hay que estudiarlas todas". "Esa es la alternativa que nos permite impedir usos de carácter especulativo, si el Gobierno insiste en esa dinámica, pero también hay alternativas como las puestas en marcha en otros lugares, referidas a las sostenibilidades de lo público, porque yo creo que La Almoraima no es necesario que pase a manos privadas”, ha insistido el vicepresidente.

Por otra parte, el alcalde de Castellar ha respondido a las intenciones del gobierno afirmando que, "aunque no se bajan del burro y quieren vender sí o sí, se encuentran en un error y lo que hay que hacer es gestionar de otra forma la finca". "Le pido al Gobierno que se siente con la Junta y el Ayuntamiento para que se desarrolle la finca sin poner en riesgo el valor medioambiental de la misma", ha agregado Casanova.