El expolio que nunca existió

El Gobierno prometió las nuevas balanzas fiscales para diciembre. Es obvio que va con retraso, y que ello postergará la discusión sobre el nuevo sistema de financiación autonómica. El calendario incentiva la confusión, pues donde falta información fiable crece el bulo. La última vez que se publicaron estas cuantificaciones del saldo entre lo que aporta cada autonomía y lo que percibe fue en 2008, siendo vicepresidente económico Pedro Solbes; simultáneamente lo hizo la Generalitat, con Antoni Castells. Nadie (salvo la FAES) puso en cuestión los resultados. Pero cada uno escogió los de su preferencia. O conveniencia.

Después, el departamento encabezado por Andreu Mas Colell también ha ofrecido sus números, en dos ocasiones; el Ministerio de Exteriores ha emitido alguna estimación... Pero políticos y académicos esperan a los nuevos cálculos de los técnicos del Gobierno, en la esperanza de que serán tan amplios y tan neutral y pluralmente elaborados, como en tiempos de Solbes por el Instituto de Estudios Fiscales. Lo comprobaremos.

Mientras, conviene que todos preparen el terreno expurgando el debate de falsas verdades y conceptos venenosos. El primero y principal es el del “expolio” fiscal que España estaría perpetrando en Cataluña. El concepto ascendió a la literatura de ambición científica hace ahora 10 años, en un libro a cuatro manos de Jordi Pons y el hoy eurodiputado convergente Ramon Tremosa: L’espoli fiscal, una asfíxia premeditada (Tresiquatre).

Hay misterio en ese texto: el concepto de “expolio” solo aparece una vez, y en el título, ni por asomo en el texto. De modo que habrá que atribuirlo a su activo editor, mi amigo el mandarín de la aguerrida patrulla de valencianos partidarios de la separación (de Cataluña), Eliseu Climent.

Es más, la tesis central de los autores era muy sensata y nada radical. Apoyándose en el mejor criterio redistributivo de que “los habitantes de un territorio pagan en función de su producción (PIB) y reciben en función de su población”, calculaban que la contribución neta de Cataluña debería haber sido del 5,12% de su PIB (7.351 millones de euros) y no del 7,56% (10.862 millones).

Así que Cataluña “aportó un total de 3.511 millones de euros adicionales a la solidaridad territorial, el 2,44% del PIB catalán” (7,56% menos 5,12%). Esta sería la cantidad en discusión. Es decir, Pons y Tremosa no eran partidarios de cancelar toda solidaridad y de recuperar enteramente el 7,56% del PIB aportado a la caja común, sino solo una parte de ese guarismo, un 2,44%. Eso equivalía a sostener que no se trataba de un expolio (siete puntos porcentuales lo sería), sino de un déficit excesivo (dos, tres, cuatro puntos...) En su propia conclusión literal —la número 16 del capítulo final—: los catalanes “contribuyeron en exceso a la solidaridad interterritorial”. Y eso sucedió sobre todo por culpa no tanto de lo aportado (más o menos correcto, según el alto nivel relativo de producción / riqueza), sino de lo recibido (las escuálidas inversiones regionalizables) realizadas, el sempiterno talón de Aquiles del sistema.

Años después, la especialista más ecuánime y sólida en esta materia, la profesora Maite Vilalta, recordaba en un texto que les recomiendo como la Biblia (Balanzas fiscales: metodología, resultados y elementos para un debate, Institut de Dret Públic, 2012) que “si se hubiera aplicado” el mismo criterio de “aportar según capacidad y recibir según necesidades” (un estándar justo, pues hace “compatible eficiencia y equidad”), el déficit fiscal medio en el quinquenio 2005-2009 “hubiera sido del 4,2% del PIB”, y no del 7,4% registrado (según el método de flujo monetario sin neutralizar). Otra vez un déficit excesivo, en este caso de 3,2 puntos (7,4 menos 4,2).

Esas y otras posiciones parten de la base de conjugar el deber de solidaridad (y de copago de los servicios estatales comunes) y el de dar suficiente margen a las comunidades económicamente más dinámicas.

Es lo que sucede en otros países federales, y se traduce en déficits fiscales de las regiones ricas en el entorno del 4%: Australia Occidental, un 3,93%; la belga Flandes, un 4,4%; la canadiense Alberta, un 3,23%, como estudiaron Gerard Montasell y Esther Sánchez; o un 4% la alemana Baden-Wurtemberg, y un 3% Baviera y Renania-Palatinado, como recogieron Pons y Tremosa.

Un 4%. ¿Cuál es la aportación neta de Cataluña, el saldo entre lo aportado y lo recibido, presupuestariamente? Depende del criterio que se aplique: entre el 4,3% y el 8,4% de su PIB, según se apliquen, con las oportunas correcciones para neutralizar los efectos del ciclo económico (crisis o expansión), los dos criterios básicos de cálculo (flujo monetario: donde se gasta; y beneficio: los teóricos beneficiados). Hay pues materia corregible.

Lo que no existe ni existió es el pretendido “expolio”, ese que utiliza solo el criterio que da la cifra más perjudicial, 16.543 millones, un 8,5% del PIB en 2010. Incluso si se conviniese que es la que refleja más adecuadamente el déficit fiscal, la mitad de la misma no es déficit. Se llama, o se llamaba, solidaridad.