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derechos y libertades

Protección de Datos sanciona a San Sebastián por su “brutal” videovigilancia

La Agencia repudia el uso de las cámaras instaladas en autobuses municipales

Una de las cámaras instaladas en los autobuses municipales donostiarras.
Una de las cámaras instaladas en los autobuses municipales donostiarras.

San Sebastián o “la ciudad de la videovigilancia”. Esa es una de las conclusiones a las que ha llegado la Agencia de Protección de Datos de Euskadi, que acaba de cerrar y remitir a las partes el procedimiento que abrió sobre la utilización por parte de los autobuses urbanos de la capital guipuzcoana de cámaras externas.

La investigación, que se ha saldado con una falta grave y una multa de 20.000 euros para la Compañía del Tranvía, la empresa pública municipal que gestiona los autobuses, y un procedimiento de infracción contra el Ayuntamiento, dibuja una especie de Gran Hermano sobre ruedas. Los autobuses cuentan desde mediados de 2011 con una cámara situada justo encima del conductor.

En cuanto el Ayuntamiento tuvo conocimiento de la investigación, abierta en abril de 2013, se paralizó el uso de las mismas. La misión de los aparatos, al menos así lo especificaba la encomienda que la Junta de Gobierno local rubricó en abril de 2011, era grabar solo el carril bus para sancionar a aquellos vehículos que ocuparan la vía reservada o circularan por ella. Nada más. Solo se podían captar imágenes de las matrículas de los mismos y solo en las vías principales, pero el uso que se hizo dista mucho de lo recogido en la autorización, según concluye la Agencia de Protección de Datos.

Las cámaras grababan el recorrido completo que realizaban los autobuses —90 vehículos recorren San Sebastián en una hora media del día—, por todas las calles que atravesaban y captando imágenes de toda la vía, calzada y aceras incluidas, y por lo tanto, “personas, rostros”, resume Ignacio Pariente, el presidente de la Agencia Vasca de Protección de Datos, que no duda en tildar el uso que dBus ha hecho de estos aparatos de “escandaloso y brutal”.

Vista privilegiada

Las cámaras investigadas por Protección de Datos, que ha tardado casi un año en cerrar el procedimiento por su complejidad, se sitúan a tres metros del suelo y permitían grabar amplias zonas. Por ejemplo, en vías como la Avenida de la Libertad se obtenían imágenes de toda la calzada y casi las dos aceras.

Las imágenes se guardaban en un disco duro que llevaba el propio autobús y que al llegar a la base descargaba. El sistema también permitía el visionado en directo desde un ordenador de la Compañía del Tranvía, al que sólo tenían acceso 13 empleados.

Además de los 90 autobuses convertidos en los ojos del Gran Hermano, la Compañía del Tranvía instaló seis cámaras en paneles informativos, es decir, en las pantallas que en determinadas paradas informan de los tiempos de espera de los vehículos. Estos dispositivos también debían supuestamente enfocar a la calzada para la denuncia de las infracciones que en el carril bus pudieran cometer vehículos particulares, pero una actuación de la Ertzaintza, subraya Pariente, demostró que grababan imágenes principalmente de la acera, por tanto, de los usuarios.

El mal uso de las cámaras descubierto por la Agencia no se limita solo a la captación de las imágenes, sino también al uso posterior que se hizo de ellas. El Ayuntamiento, a través de dBus, “se convirtió en suministrador de imágenes para todo tipo de entidades públicas y para fines diversos. La Ertzaintza ha solicitado imágenes de un día entero para la búsqueda de personas desaparecidas, se han facilitado imágenes a particulares para aclarar juicios civiles, además de para imponer sanciones de tráfico por infracciones no relacionadas con la ocupación del carril bus. Los agentes de movilidad y la Policía Local también han tenido acceso a las mismas, además de la concejalía de Hacienda para tramitar las sanciones”, continua Pariente.

El director de la Agencia, que inició la investigación a raíz de una denuncia interpuesta por una empresa de seguridad valenciana, recuerda que la legislación española prohíbe la grabación de la vía pública a excepción de por las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado y añade que, a pesar de que algunos carriles cuentan con un cartel que informa que el conductor o peatón entra en una zona videovigilada, “daban a entender que la grabación empieza en un punto, cuando realmente era constante”.

Y es que, remarca Pariente, el ciudadano ha de tener constancia en todo momento de si alguien le está grabando o no “para pasar por esa calle u otra, porque la legislación señala que cada persona elige el uso que se hace de sus datos personales. Una imagen es un dato personal, y tú tienes el control absoluto sobre ese dato, independientemente de si te causa algún perjuicio o no, te haga daño o no, es el hecho en sí de grabarte. Eso dice la protección de datos”, concluye.

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