Andalucía blinda La Almoraima para impedir que Cañete la venda

Andalucía protegerá toda la finca La Almoraima, ubicada en Castellar de la Frontera (Cádiz), para intentar impedir que el Estado la venda. El desencuentro es total entre el Gobierno y el Ejecutivo andaluz, que se opone a que se privatice esta finca pública de 14.113,1 hectáreas (una superficie similar a la de todo el término municipal de Sevilla). La Consejería de Medio Ambiente de Andalucía tiene previsto iniciar de forma inmediata la ampliación del parque natural de Los Alcornocales, lo que implicará que el 100% de la finca esté protegida. Esta ampliación supone en la práctica bloquear el desarrollo que el Estado había diseñado para La Almoraima, que pasaba por transformar el latifundio en un gran complejo turístico de lujo con la construcción de un aeródromo, un campo de golf y otro de polo y así facilitar su privatización. Que se vete la construcción de esas infraestructuras no impedirá que el Estado la venda. Pero los movimientos que está haciendo la Junta pueden provocar que los inversores duden si hacer importantes desembolsos para adquirir el simbólico latifundio.

El Estado es el propietario de los terrenos desde que se los expropió a José María Ruiz-Mateos en 1983. Pero el Ministerio de Medio Ambiente, dueño ahora de la finca, ha reconocido que la quiere vender. El precio de partida del futuro concurso público rondaría los 300 millones. Pero el valor ahora de la finca —un paraíso medioambiental cuyos usos actuales son forestales, agrícolas y cinegéticos y donde trabajan unas 100 personas— estaría bastante lejos de esa cantidad. Para intentar hacer más atractiva la venta a los inversores, la dirección de la empresa pública encargada de gestionar La Almoraima está tramitando un plan especial de ordenación de usos ante el Ayuntamiento de Castellar, que aún no lo ha aprobado. En ese documento se prevé el cambio de orientación desde los actuales usos agrícolas y forestales hacia el turismo de alto nivel, con la posibilidad de levantar también un hotel de cinco estrellas de gran lujo. No sería el Estado el que construya esas instalaciones, sino el comprador de los terrenos.

El 90,4% de la superficie de La Almoraima está ya dentro del parque natural de Los Alcornocales. En las 1.344,1 hectáreas restantes es donde se ubicarían todas las actuaciones de envergadura como el hotel, el aeródromo y el campo de golf. Pero, al incluirse ahora esas hectáreas dentro del parque, como prevé hacer la Junta, esas construcciones no podrían acometerse.

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Los Alcornocales, la norma que establece qué se puede hacer dentro del espacio protegido, apuesta por las "actividades primarias tradicionales, vinculadas al aprovechamiento de los recursos naturales". Además, fija que se deben "evitar las actuaciones que impliquen importantes transformaciones del paisaje". Cuando baja al detalle, el plan prima "favorecer el uso o la rehabilitación de las infraestructuras existentes frente al establecimiento de otras nuevas". Y prohíbe "la instalación de aeropuertos y aeródromos". En definitiva, bloquea prácticamente todos los usos previstos por la empresa que gestiona La Almoraima para ese casi 10% de la finca que no estaba dentro del parque de Los Alcornocales. "Actividades especulativas estarán prohibidas, o aquellas que conlleven modificaciones importantes de los recursos y valores naturales del parque, como modificaciones de los usos del suelo", indica la consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano. "Los campos de golf estarán prohibidos", añade. La consejera sostiene que, tras la ampliación, el parque contará con casi 7.000 hectáreas más —incluidas las 1.344,1 de La Almoraima que estaban fuera ahora—. Serrano enmarca esta ampliación en el proceso de adaptación de los planes de los parques naturales andaluces que su departamento realiza desde hace año y medio.

La tramitación de la ampliación de Los Alcornocales podría extenderse durante todo 2014. Pero, en el momento en el que la Junta apruebe el inicio del expediente, "se suspende la aprobación de los instrumentos de planeamiento nuevos", según fuentes de la consejería. Es decir, se paralizaría la tramitación del plan de usos que auspicia el ministerio en La Almoraima.

Ecologistas en Acción ha pedido a la Junta que declare la finca "monte de dominio público", lo que implicaría que esos terrenos fueran declarados "inalienables". Los servicios jurídicos de la consejería analizan el encaje legal de la propuesta.

Serrano y el ministro Miguel Arias Cañete se reunieron hace 10 días en Madrid. Entre los temas que abordaron estuvo La Almoraima. La consejera pidió al ministro que no venda la finca y se la ceda a Andalucía para poder hacerla rentable desde la gestión pública, una vieja reclamación de la Junta que ya fue rechazada por el Constitucional en 1994. Arias Cañete descartó la cesión, aunque sí ofreció al Gobierno autónomo que la compre, algo impensable en este momento de restricciones. IU quiere que parte de los terrenos se incluyan en un futuro banco público de tierras y el Ayuntamiento aspira a que se potencie la generación de biomasa.