Bienestar Social negocia el copago con los discapacitados

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (Cermi) ha comenzado una serie de reuniones con la Consejería de Bienestar Social para tratar de llegar a un acuerdo respecto al nuevo copago impuesto por la Generalitat. Los usuarios de los servicios de asistencia a la dependencia se quejan de la opacidad de criterios en el cálculo del importe a pagar. Los centros se niegan a ser los recaudadores directos de lo que consideran un “tributo” y la Generalitat se escuda en que es una medida impuesta desde Madrid.

“El copago, tal como está, nosotros no lo aceptamos”, explicó este jueves Joan Planells, responsable del Cermi en la Comunidad Valenciana. Desde principios de 2013, la organización y la consejería mantienen reuniones de la mesa técnica para tratar asuntos relativos a la discapacidad, pero según Planells “el copago se ha cruzado” y está siendo el tema principal de los encuentros, el último celebrado el pasado martes.

En diciembre, los más de 7.000 usuarios de centros de asistencia a la dependencia en la Comunidad Valenciana recibieron una carta con el montante a pagar para continuar disfrutando de los servicios de los centros. Esta cifra es variable según el coste de la plaza y la renta del usuario. Los afectados dicen no comprender por qué a algunos se les obliga a pagar hasta el 90% del coste del servicio.

El Cermi no acepta el método de cálculo. “En las resoluciones no dice cuál es la cifra de renta que se imputa a cada uno. Hay personas que deben pagar una cantidad mayor que su liquidez mensual porque se ha tenido en cuenta alguna herencia o inmueble que hay a su nombre para que tengan recursos cuando su familia falte. Tenemos casos concretos que están obligados a pagar 1.200 euros con una liquidez de solo 1.000 euros de una pensión de orfandad. ¿Qué pasa con esos 200 que faltan?”, se quejó Planells.

La consejería ha establecido que sean los centros quienes cobren directamente al usuario pero los algunos de ellos ya han empezado a negarse. “Las resoluciones dicen que si hay morosidad o impagos que nosotros lo resolvamos con el usuario, si es necesario, yendo a la justicia ordinaria. Pero, ¿cómo vamos a ir a la justicia contra un usuario del centro?”, critica Planells. La próxima semana, los representantes de la discapacidad se reunirán con la consejera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, para tratar de acercar posturas.

Los usuarios de los centros han comenzado a presentar ante Bienestar Social recursos de alzada contra la resolución de la Generalitat que les impone el copago. Aunque la consejería no quiere dar cifras sobre cuántos recursos han recibido, la Coordinadora de Centros Ocupacionales de la Comunidad Valenciana calcula que ya han recurrido cerca de 2.500 personas. El sector está estudiando nuevos actos de protesta contra una medida que consideran injusto.