La justicia imputa ahora a Carlos Fabra por una corrida de toros

Carlos Fabra tiene un nuevo frente judicial. El titular del juzgado de Instrucción número 4 de Castellón le ha citado a declarar como imputado por prevaricación en una causa abierta para averiguar si hubo irregularidades en la gestión de la Corrida de la Beneficencia que impulsó durante su presidencia en la Diputación de Castellón. También ha sido citado a declarar como imputado el recién destituido vicepresidente de la Corporación, Francisco Martínez, que también fue presidente en funciones mientras Fabra estuvo apartado por enfermedad.

Las imputaciones, según explicaron desde el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano, responden a una querella presentada por la Fiscalía de Castellón a raíz de las investigaciones iniciadas para determinar si pudo haber prevaricación en la gestión de fondos públicos para la celebración de esta cita benéfica. Ambos imputados están citados a declarar el próximo 17 de marzo.

El controvertido método ideado por Carlos Fabra para esta cita consistía en repartir entradas a los Consistorios y descontar su pago de partidas como la recaudación de tributos, subvenciones o hasta partidas para obras y servicios. “Las entradas nos llegaban cada año, nos las quedábamos casi por imposición porque se trataba de algo benéfico, y luego nos descontaban el importe”. De esta forma, explicó la metodología recientemente el alcalde de Rosell, Evaristo Martí (PSPV).

El sucesor de Fabra, Javier Moliner, anuló este método en 2012. Pero la polémica ya había estallado en Vila-real. La exdiputada del Bloc, María Gracia Molés, pidió explicaciones al exalcalde de esta ciudad, Juan José Rubert (PP), sobre el pago de la factura de los toros y éste dijo en pleno que se trataba de un “error” y que no se pagaría. Pero el 25 de noviembre de 2011 Francisco Martínez firmó un decreto por el que restaba 19.850 euros de la recaudación en concepto de entradas de 2010 y 2011. El actual alcalde, José Benlloch (PSPV) recurrió al juzgado para exigir la devolución. El tribunal lo desestimó por una cuestión formal y fue el TSJ el que estimó el contencioso y obligó a la Corporación (ya con Javier Moliner de presidente) a devolver el dinero.

El fallo del TSJ instó a la fiscalía a abrir una investigación al ver indicios de ilícito penal por malversación de caudales públicos y/o prevaricación en la gestión de fondos.

La sentencia concluyó, en el caso de Vila-real, que no existía ningún documento que acreditara la deuda contraída y constató la “verdadera perplejidad” por el método instaurado por Carlos Fabra: “De forma oral, sin contrato o convenio alguno escrito”. “Ha sido una práctica habitual, todo ello de forma oral, sin suscripción de contrato o convenio alguno que los municipios interesados en adquirir entradas para los festejos solicitaran determinado número de entradas, siempre de forma oral, abonando posteriormente a su recepción el importe de las mismas”, alegaron desde la Diputación.

La investigación de fiscalía dio con más casos. El Ayuntamiento de Argelita reclamó en mayo de 2012 que se le devolvieran 480 euros retenidos en concepto de entradas de 2009 que, aseguraron, no habían recibido nunca. En este caso, Moliner firmó un decreto aceptando la devolución. También el Ayuntamiento de Burriana recurrió la devolución de 28.356 euros al considerar que no debían de haberse descontado de la recaudación. La Diputación, como en el caso de Vila-real, lo desestimó por extemporáneo y el Ayuntamiento no acudió a los juzgados.

Javier Moliner acabó con la metodología creada por su antecesor, pero durante su etapa también se firmaron decretos para “compensar” el pago de entradas. Así, se han restado ayudas sociales a los consistorios y dinero del Plan de Obras y Servicios que gestionaba Martínez. La utilización de este método, calificado por algunos regidores como un impuesto revolucionario, ha acabado llevando ante el juzgado a Carlos Fabra y a quien fuera su mano derecha, Francisco Martínez.

A Martínez se le abre así una nueva brecha. Sobre la polémica expropiación de la finca cuya propiedad comparte con sus hijos para instalar una depuradora, aseguró ayer que el proyecto es “legal” y atribuyó a la Generalitat y a los técnicos la elección de los terrenos. “Desconocía que había una finca de un familiar nuestro”, aseguró.