Ofrecían contratos falsos de trabajo en el País Vasco a cambio de dinero

La Guardia Civil ha desarticulado un entramado criminal que ofrecía contratos de trabajo ficticios a cambio de dinero. Entre los 422 detenidos en diversos puntos de España, dos de ellos han sido arrestadas en Euskadi y hay otras cuatro personas imputadas. Las dos detenciones se han llevado a cabo en Bilbao y en Vitoria. Asimismo, el número de imputados en este entramado en el País Vasco ascienden a cuatro; uno en la capital vizcaína, otro en Gipuzkoa y dos más en Vitoria.

La operación Relisto de la Guardia Civil se inició al tener conocimiento de la existencia de un entramado criminal, liderado por un vecino de la localidad de Jerez de la Frontera. Al parecer, creaba empresas fantasma y pagaba, en la mayoría de los casos, a toxicómanos con gran cantidad de antecedentes penales para que figurasen como administradores únicos.

Para crear estas empresas, el entramado solía llegar a acuerdos con gestores autorizados en la red de la Tesorería General de la Seguridad Social. De este modo, se montaron hasta diez empresas, con una gran cantidad de trabajadores en nómina.

Las pesquisas realizadas por los agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz, desvelaron que estas sociedades no cumplían con los pagos y obligaciones, tales como los abonos de obligaciones fiscales y laborales contraídos por las empresas y los supuestos trabajadores. De esa forma quedaba al descubierto que no tenían ingresos ni gastos de bienes y servicios, y hacía patente que se trataban de empresas simuladas.

El objetivo era dar de alta a falsos trabajadores para obtener prestaciones por desempleo

El objetivo era dar de alta a falsos trabajadores para que obtuvieran prestaciones por desempleo, regularizar su estancia de extranjeros -principalmente ciudadanos marroquíes-- y obtener situaciones penitenciarias favorables, como el tercer grado.

El entramado, y sobre todo su líder, obtenía beneficios económicos, ya que a todos los trabajadores a los que daba de alta en las empresas, se les cobraba una cantidad económica en función de las necesidades concretas que tuviera. Además, les engañaba asegurando que tenían que abonar los costes adicionales por tener un trabajador, seguros sociales, retenciones a cuenta. Las cantidades iban a parar al cabecilla y que nunca llegaban a la Administración.

Finalmente, la operación se ha saldado con la puesta a disposición judicial de 422 personas, entre beneficiarios de los contratos, entramado criminal y el máximo responsable. Además, se ha procedido a la detención de 14 reclusos que en la actualidad disfrutaban del tercer grado penitenciario.