Cientos de ‘pobres energéticos’ quedan al margen de la tregua de la Generalitat

Pilar Prior, de 67 años, no cumple ninguno de los restrictivos requisitos exigidos por la Generalitat para acogerse a la tregua invernal aprobada antes de Navidad, que prohíbe cortar la luz y el gas a personas sin recursos durante el invierno: su pensión, de 600 euros, rebasa por poco el indicador de renta de suficiencia (569,12 euros), límite máximo de percepción para acogerse a la tregua; no es beneficiaria del bono social ni posee un informe que acredite que su consumo energético es bajo. Prior caldea su casa con la madera que le ha proporcionado Cruz Roja para encender su estufa de leña, su único calefactor.

La mujer admite que solía pasarse días enteros en cama, entre las mantas, para resguadarse del frío invernal que se colaba en la casa donde vive, en el pueblo de Cantonigròs (Osona). Ahogada por una deuda de 3.000 euros que debe a su casera por los atrasos en el pago de suministros, no podía permitirse ni siquiera comprar la leña. Pilar destina la mitad de su pensión a costear el alquiler. Los 300 euros que le restan, a duras penas le alcanzan para comer y pagar facturas atrasadas.

Prior desconoce la moratoria hasta abril aprobada por el Gobierno catalán. Tampoco ha oído hablar del bono social. Solo quiere saldar sus deudas, aunque para ello tenga que privarse hasta de comer. “Las facturas estaban a nombre de mi casera, que ha mantenido al día los pagos. Ahora le he pedido que ponga las facturas a mi nombre y veré si tengo para comer tres días en vez de cuatro. No quiero deberle nada a nadie. Prefiero pagar las facturas antes que comer y cenar todos los días”, confiesa.

La ignorancia sobre la aplicación práctica de la tregua invernal afecta a todas las partes implicadas. Diez días después de su entrada en vigor, ni las compañías energéticas saben cómo actuar con los clientes que solicitan la moratoria, ni los ayuntamientos disponen de un protocolo a seguir con los posibles beneficiarios. “No hemos recibido instrucciones para saber cómo tramitarlo. Pero seguimos recibiendo casos de familias que no pueden afrontar el pago e intentamos gestionarles las ayudas”, señala Raúl Moreno, teniente de alcalde de Bienestar Social en Santa Coloma de Gramenet.

Tampoco los potenciales usuarios tienen constancia de que pueden beneficiarse de la moratoria. “Hay un desconocimiento total de la situación y se difunden muy poco las medidas para paliar la pobreza energética. A veces, ni siquiera los profesionales conocen medidas como el bono social. Es indignante que muchas familias no puedan acogerse a la tarifa social porque no saben ni que existe”, critica Núria Salas, responsable de un proyecto de sensibilización y atención de pobreza energética de la ONG ABD. Los profesionales critican, además de la falta de información, que los criterios son demasiado restrictivos y muchos potenciales usuarios que atienden en los servicios sociales, como la mujer de Cantonigròs, se quedarán fuera de la tregua. “El decreto es insuficiente y no va a favorecer al gran número de familias que atendemos”, sentencia.

Igual que Prior, absorta en sus deudas y ajena a la tregua invernal, sobrevive José Rolando Rivadeneia, de 50 años, en su casa de L’Hospitalet de Llobregat. Con un desahucio a la vista y sin más dinero en el bolsillo que los 200 euros que cobra de la prestación de desempleo, hace malabares para comer y mantener al día el pago de las facturas de luz, agua y gas. En marzo dejará de percibir la única ayuda económica que tenía para vivir.

Sin embargo, tampoco él es susceptible de beneficiarse de la moratoria aplicada por la Generalitat. Aunque la calefacción hace mucho tiempo que dejó de encenderse en su casa y el único lujo que se permite es ducharse con agua caliente, no es beneficiario de la tarifa social y tampoco dispone de un informe que acredite que no tiene un alto consumo energético.

Privándose de algo más que lo prescindible, ha conseguido mantenerse al día con las facturas. “Tienes que privarte de comer y vestirte como antes, por ejemplo”, reconoce. Su piso se ha convertido “en una nevera”, pero no puede permitirse que corra el contador al encender la calefacción.

Los profesionales sociales aseguran que la medida no es más que “un parche” y no ataja el problema de raíz. “Esto es pan para hoy y hambre para mañana. A partir del mes de abril se acumulará la factura y estas familias seguramente seguirán sin tener recursos para afrontar los pagos atrasados”, apunta Raúl Moreno.

La portavoz de ABD advierte, por su parte, de que el decreto es una medida “ambigua” y no clarifica algunos puntos, como el informe acreditativo del ahorro energético: “No se establece cómo pueden acreditar que no pueden ahorrar más en el consumo energético, ni tampoco se explica qué pasará en los siguientes meses, cuando pase la tregua”.