Hacia el cambio de rasante feliz

El año recién estrenado se perfila como el de los grandes y buenos deseos. Según el diagnóstico que trazó el pasado martes el presidente de la Generalitat, habrá consulta el 9 de noviembre y, de camino a ella, veremos cómo empieza a desvanecerse la niebla de la crisis y escampan los nubarrones del desempleo. Habrá mucho paisaje para un trayecto de apenas 12 meses.

Movido por esos nuevos aires, Mas ha dado vacaciones a sus ya achacosas metáforas marineras y las ha sustituido por paradigmas viarios: “Cataluña está en un cambio de rasante positivo”. Pero una cosa son las palabras y otra los hechos. El camino hacia el optimismo social solidario está sembrado de obstáculos. Es como si, en el fondo, el presidente Mas y sus colaboradores se resistieran a enterrar junto a las metáforas marineras algunas ideas que en su momento les resultaron extraordinariamente atractivas, como las que veían en la justicia social una especie de impedimento atávico que lastraba al mercado.

El Gobierno catalán ha anunciado medidas y ha redactado propuestas de clara inspiración socialdemócrata. Es decir, ha puesto la retórica al servicio de la mejora de la realidad. Pero solo la retórica, porque la fractura social está ahí. Y no se trata de una fractura de sobremesa sobre la consulta que divide familias catalanas en Navidad —como asegura el ministro Jorge Fernández— sino de esa desigualdad salvaje que, como sostenía Tony Judt, corrompe y deja sin esperanza a las sociedades.

Dice el presidente Mas que los de 2014 son los presupuestos más sociales que ha tenido la Generalitat. No debería sorprender en un país como Cataluña, que tiene 624.872 parados registrados. Y ahí es donde la retórica debería dejarlo de ser para actuar sobre la realidad catastrófica: en 2013 se hicieron 2.160.964 contratos, de ellos solo 234.699 son fijos y 1.926.255 son temporales. Es decir, en Cataluña se hacen 5.277 contratos temporales al día. Los frutos de la reforma laboral, que en su día fue votada por CiU, se materializan en empleos, más que temporales, fugaces. Pero eso, se dirá, depende poco del Gobierno catalán. Sí, a pesar del entusiasta apoyo dado al proyecto del PP, el empleo y la macroeconomía dependen poco de Mas. Lo que sí depende del Ejecutivo catalán son las medidas para paliar los efectos de la crisis entre los ciudadanos que ocupan el eslabón más débil. Y ahí todo se queda en grandes enunciados. El pasado mes de diciembre se aprobó a bombo y platillo un decreto de pobreza energética, que contempla una moratoria en el pago de los recibos de electricidad y gas para aquellas familias que ingresen menos de 569 euros al mes. Loable empeño, pero, como los grandes proyectos sociales de los gobiernos de Zapatero —recordar la ley de la Dependencia—, no cuenta con un solo euro en cuanto a dotación. Serán los ayuntamientos y las entidades sociales —por presión política unos, por sensibilidad otras— quienes hagan frente al pago de a esos recibos que llegarán con efecto bola de nieve en abril. Es decir, la Generalitat administra la parte retórica del conflicto y los municipios y ONG pagan, como han hecho hasta ahora y seguirán haciendo en el futuro.

También son los ayuntamientos quienes se anticipan a la Generalitat a la hora de penalizar a las instituciones financieras que mantienen pisos cerrados durante más de dos años sin cederlos en alquiler social. La presión de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha movilizado a los gobiernos municipales. Primero fue Terrassa y después le han seguido Santa Coloma de Gramenet, Mollet del Vallès, Sabadell … Esas son las localidades que han comenzado a sancionar a los bancos. El Gobierno catalán lleva ocho meses, los mismos que faltan para llegar a la anunciada consulta, mareando la perdiz de la ley para aplicar las multas.

Tampoco se ha movido más allá de la retórica la fotografía de la industria, ese gran motor de Cataluña. Francesc Xavier Maria Mena, consejero de Empresa y Empleo, solía explicar una fábula —aparte de la parábola de los receptores de la renta mínima que se lo gastaban todo en televisión por cable y peajes de autopista— que consistía en cómo unos monjes laboriosos que se van pasando migas pueden acabar construyendo una montaña de pan. La entrada de Felip Puig en el departamento cambió la parábola por el eslogan. El nuevo titular proclamó: “Cataluña será industrial o no será” . Y de momento va camino de "ser" poco a juzgar por el recorte de las ayudas públicas. Más allá de aplaudir unas exportaciones que van solas y de afirmar que la crisis ha acabado (a pesar de Panrico, Alstom , Comsa-Emte o Roca), el consejero presentó el plan Una estrategia industrial para Cataluña, (17 páginas de power point), que no incluye datos, ni dotación presupuestaria. La única cifra real es que los fondos de apoyo a la industria han caído de 111 millones de 2013 a 53 millones de 2014.

Con este bagaje, vamos hacia el cambio de rasante feliz. Sin nubes ni nieblas... Y sin proyecto social ni económico.