Industrias que fueron todo humo

El 24 de mayo de 2012 la Xunta convocó a los medios de comunicación para lanzar un anuncio de calado: la petrolera Pemex iba a firmar contratos para construir 14 remolcadores en astilleros gallegos por un importe de 247 millones de euros hasta generar 2.500 empleos, entre puestos directos y en empresas auxiliares. En total, serían 2,6 millones de horas de trabajo para la maltratada industria naval gallega. El contrato marco además dejaba abierta la posibilidad de que la petrolera pública mexicana instalase una base logística en el Puerto Exterior de A Coruña. Ese fue el mensaje oficial que lanzó el presidente, Alberto Núñez Feijóo, en presencia de los directivos de Pemex con las cámaras de la televisión pública —que interrumpieron la programación para retransmitir el acto—en directo. Nadie del Gobierno gallego y mucho menos de Pemex exhibió entonces ni un papel. Lo solicitó primero la prensa y luego los partidos de la oposición pero la Xunta se escudó en supuestas cláusulas de confidencialidad.

A partir de aquella solemne comparecencia en el Pazo de Raxoi, fuentes del Gobierno gallego empezaron a filtrar que además de los remolcadores Pemex también estaba interesada en la adquisición de un flotel, una embarcación que el astillero Vulcano había empezado a construir para otro cliente en una operación que se frustró. Y que los encargos pactados se repartirían entre Barreras y Navantia. Año y medio después, de los 14 remolcadores presuntamente blindados por contrato, el flotel de Vulcano y el puerto base de Punta Langosteira no hay noticias. De aquellos ventajosos acuerdos se ha pasado a un concurso público convocado por la petrolera para adjudicar dos floteles. Por el medio, Pemex se hizo con el 51% del astillero vigués Barrejas, a cambio de cinco millones de euros. La Xunta da por hecho que construirá uno de los dos floteles. Al otro sigue optando Navantia, cuyos trabajadores recuerdan las palabras del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, según las cuales, el pasado invierno “estarían cortando chapa”.

El fallo del concurso acumula cinco aplazamientos. Y de hablar de contratos cerrados, la Xunta ha pasado a pedir “confianza en las posibilidades de los astilleros gallegos”. La última fecha que ha dado el Gobierno mexicano para dar a conocer los adjudicatarios de los floteles es el 28 de enero. Pemex es el último de los grandes proyectos industriales que desde 2010 han publicitado el presidente y otros miembros de su Gobierno. <TB>Por el camino se han quedado anuncios que también prometían cientos de millones de euros de inversión y puestos de trabajo por millares. El más ambicioso, el concurso eólico que el primer Feijóo convocó tras derogar el que dejó listo el bipartito. El 20 de noviembre de 2010 el presidente comunicó la lista de adjudicatarios junto al entonces conselleiro de Industria, Javier Guerra, encargado de desgranar los números aquel 20 de noviembre de 2010: 13.266 empleos con una inversión privada de 5.953 millones de euros y una recaudación de mil millones de euros para la Xunta en veinte años a través del canon eólico. De momento, ni una sola de las empresas ha hecho amago de construir los parques eólicos y fuentes de la patronal sostienen que el decreto del Ministerio de Industria que preside José Manuel Soria retirando las primas a las energías renovables equivale al acta de defunción del citado concurso.

En las hemerotecas amarillean también los titulares que preveían la instalación de una factoría de Mitsubishi en la plataforma logística de Salvaterra-As Neves. También ese anuncio venía cargado de cifras esperanzadoras: serían 250 millones de euros de inversión que generarían 1.000 empleos en Galicia. La Xunta contribuyó a alimentar las expectativas e incluso propició cambios legales en la normativa urbanística para acoger la fábrica en el puerto seco. El anterior presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, llegó a utilizar un tren bala para desplazarse hasta Kyoto durante una visita a Japón y visitar una fábrica de baterías de un socio local de Mitsubishi. Su ministra de Economía entonces, Elena Salgado, subrayó en septiembre de 2010 que se daban “todas las condiciones para que esa fábrica se instale en España”. Nunca más se supo. La última versión de la multinacional es que no encontró terrenos adecuados que pudiera comprar. Feijóo explicó en su día que fue el desastre de Fukushima y la ralentización de la economía japonesa el que aplazó el proyecto.

De Oriente iba a aterrizar también la empresa Beijing 3E para ubicar en la gigantesca dársena de Punta Langosteira una planta de generación de energía a partir del reciclaje, según anunció también en 2010 presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Enrique Losada. El proyecto también contemplaba cifras apabullantes: 270 millones de euros para ocupar 120.000 metros cuadrados del macropuerto. Presuntamente, el asunto se trató en la trastienda de una cumbre entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el de la Asamblea Nacional China, Wu Bangguo, que aprovecharon las delegaciones comerciales de ambos paises para hacer negocios. Hasta hoy...

Por el ánimo con que impulsó el proyecto, el expresidente de la Diputación de Ourense bautizó como “baltarcito” el coche eléctrico que la británica Xero Electric Vehicles iba a fabricar en serie desde el ayuntamiento de Melón —a razón de 20.000 unidades al año—. Al lado de Baltar, el entonces responsable de Industria, Javier Guerra, aseguró que la firma facturaría 287 millones anuales, que darían para generar 1.030 empleos indirectos y tres veces más en auxiliares. La firma prometió invertir 26 millones ( de los que reclamaba entre 8 y 11 a las administraciones públicas). Sus planes amarillean en las hemerotecas.