Euskadi acredita el menor abandono escolar de las dos últimas décadas

Euskadi ha registrado sus mejores datos sobre abandono escolar temprano de toda la serie recogida por el Eustat. La comunidad autónoma cuenta, según datos de 2012, con una tasa del 7,7% —frente a los 17,8 en 1994— de jóvenes entre 18 y 24 años que no han logrado el graduado escolar ni estudian en ese momento, un porcentaje alejado del 12,8% de la Unión Europea y mucho más del 24,9% que registra España. A las puertas de la aplicación de la Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que tiene como uno de los principales objetivos reducir el abandono escolar temprano español, Euskadi supera de entrada todos los objetivos marcados en la LOMCE y mira preocupada a los efectos que esta pueda tener en su sistema educativo. Dos directores del Departamento de Educación, Begoña Garamendi (Innovación Educativa) y Ramón Martínez de Murguia (Formación y Aprendizaje), coinciden en señalar que son datos muy positivos, pero descartan que Euskadi haya llegado ya a unos niveles estructurales de fracaso escolar.

Se destruirán 13 millones

Garamendi tilda de “gran éxito” los resultados, que atribuye a un esfuerzo compartido entre los distintos gobiernos autonómicos, los docentes, las familias y los propios alumnos. “La escuela es de todos y hoy en día está sirviendo para la mayor parte del alumnado”, indica, al tiempo que remarca su “preocupación” por ese 7,7%, ya que detrás de las cifras hay personas que tienen todavía una “pérdida de oportunidades que puede condicionar el futuro de su proyecto de vida personal, académico y profesional y agudizar el riesgo de exclusión social”. “Hay que saber sacar el potencial de cada alumno desde su singularidad, todo el mundo tiene unas capacidades, pero no tienen por qué ser las mismas”. Garamendi defiende que la escuela debe “compensar los efectos de la desigualdad” que surge por contextos económicos o sociales diferenciados en el alumnado. Los resultados, del último año de la pasada legislatura, no son fruto de la casualidad.

El País Vasco destina muchos recursos económicos y humanos a evitar el abandono de los centros educativos antes de lograr el graduado escolar y mantiene desde hace años una política consensuada y continuista en su estrategia de escuela inclusiva. Las reducidas cifras de abandono escolar temprano también están ligadas a la crisis económica, que impulsa a que los estudiantes pasen más tiempo en el sistema educativo ante la falta de oportunidades laborales. Para 2020 se prevé que la Unión Europea destruya 13 millones de empleos con perfiles de baja cualificación y creará otros 15 de media o alta. En la educación obligatoria, el Gobierno colabora con los servicios sociales de otras instituciones para atajar el absentismo escolar, tiene proyectos de intervención global en una decena de centros situados en medios desfavorecidos para dotarles de más recursos y cuenta desde hace años con herramientas como el PROA, un programa de acompañamiento fuera del horario escolar para casos de retraso en la escuela, con monitores, alumnos mayores o exalumnos del propio colegio que apoyan a los más pequeños (en 2012 hubo 143 centros en este programa).

El 68% de los alumnos de programas de cualificación logra título

Para el primer ciclo de Secundaria existe además el programa de refuerzo educativo específico (PREE), con un centenar de docentes que buscan dar respuestas en el mismo aula a estudiantes en dificultades. En el segundo ciclo, la diversificación curricular refuerza a aquellos con problemas de aprendizaje en el terreno de las lenguas o las enseñanzas científico-técnicas. En los casos más graves, se hace uso de la escolarización complementaria, un cambio de centro para estudiantes de edades entre 12 y 16 años con el fin de aprender las competencias necesarias de cara a obtener el graduado escolar. El Gobierno ha puesto en marcha en su primer año dos nuevas medidas, un plan de coeducación en el que se incluyen medidas para tratar de reducir la diferencia de género en algunas culturas presentes en el sistema educativo vasco, como la gitana, en las que la mujer tiene tasas de abandono muy superiores que el hombre, o el proyecto Hauspoa, que se prueba en trece centros con una reorganización de las actividades formales e informales con métodos que se alejan del aprendizaje conceptual y buscan el aprendizaje a través de proyectos para estudiantes que se sienten “más incómodos en los ámbitos más formales”.

A las medidas de prevención y de atención individualizada en los primeros cursos, se suman en Secundaria los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), que tienen como objetivo “reenganchar” al sistema a los estudiantes que están a punto de dejarlo, a través de enseñanzas con metodologías más prácticas que cada curso alcanzan a entre 4.000 y 4.500 estudiantes repartidos por 67 centros, según datos de los últimos cinco cursos. En los últimos cursos ha habido ligeras reducciones que Ramón Martínez de Murguia achaca a la llegada de menos estudiantes del extranjero que no son escolarizados desde pequeños en Euskadi. El resultado es que el 30% de los estudiantes de PCPI se saca finalmente el graduado escolar, un porcentaje que Educación quiere incrementar, y el 68% consigue un certificado de profesionalidad después de realizar las prácticas, de carácter obligatorio, en el segundo curso de los PCPI.

Los alumnos restantes, logran el acceso directo a un grado medio de FP. Euskadi fue la comunidad pionera en extender este programa a los dos años, una idea similar a la que busca la FP básica que recoge la LOMCE y que el Gobierno central exige implantar durante el próximo curso. “Se está haciendo de manera muy forzada, es prácticamente imposible implantarla en septiembre”, explica el director, que señala que los centros de FP están “muy preocupados”. “No sé si podremos mantener los PCPI como tal, pero nuestro objetivo es seguir dando la misma respuesta a los estudiantes” porque la FP básica “coincide en muchos aspectos con lo que hacemos en Euskadi”. El departamento está “presentando propuestas” al ministerio de cara a materializar los cambios en FP, aunque rechaza las medidas de la LOMCE porque, a su modo de ver, “el Gobierno central busca maquillar los datos de abandono escolar con la FP básica sin entrar a la cuestión de fondo, la de dar la cualificación necesaria”. Garamendi añade que “hay que seguir la política educativa de inclusión, no impulsar una de segregación temprana”.