La venta de 175 empresas en los juzgados ha salvado 5.000 empleos

La recesión se ha llevado por delante más de 7.500 empresas y 270.000 puestos de trabajo de la industria en solo cuatro años. Ante la desaparición de alrededor del 97% de las empresas que solicitan el concurso de acreedores, la Generalitat y los jueces de lo Mercantil catalanes tratan de salvar el máximo del tejido productivo catalán favoreciendo la venta de unidades productivas a otras empresas. Las transmisiones de las fábricas de Cacaolat, Cubigel o Indo son algunas de las operaciones más emblemáticas que han llevado a cabo hasta ahora.

Tras firmar un convenio con los jueces, el pasado mes de marzo el Departamento de Empresa y Empleo empezó a publicitar y mover entre posibles compradores las empresas en concurso con una actividad viable, con la diferencia de que el comprador se las queda sin deuda. El Ejecutivo catalán estima que desde entonces ha salvado 175 firmas y 5.000 puestos de trabajo del sector industrial, lo cual supone el 75% de los casos que llegaron a sus manos.

Al acceder a la presidencia del Círculo de Economía el pasado mes de noviembre, Antón Costas se fijó dos prioridades: buscar fórmulas para rebajar la mortalidad de las empresas y realizar propuestas para “reindustrializar” Cataluña. Casi la totalidad de las empresas que solicitan el concurso acaban en liquidación. Y muchas de las que consiguen alcanzar un convenio con los acreedores y zafarse de la tutela judicial recaen.

Eso sucedió con el fabricante de óptica Indo. En 2010 presentó el concurso de acreedores con un pasivo de 66 millones y lo levantó el año pasado tras acordar una quita de la deuda del 50% y el pago de sus obligaciones en cinco años. La persistencia de la crisis y la falta de crédito obligaron este año al fabricante a ir a liquidación. Este mes de diciembre, sin embargo, el fondo de capital riesgo Sherpa Capital ha adquirido la unidad productiva por 11,47 millones de euros y se ha comprometido a mantener el 90% de la plantilla. Eduardo Navarro, consejero delegado de Sherpa Capital, explica que la adquisición de una unidad productiva permite liberar a una empresa de la “mochila de la deuda”, atraer dinero nuevo y salvar producción y puestos de trabajo.

La Generalitat tiene una lista para inversores con 77 empresas en venta

El alto índice de mortalidad de las empresas que van a la antigua suspensión de pagos se debe a varios factores. “Las firmas llegan al concurso demasiado tarde y agotadas”, asegura el socio de Cuatrecasas Antonio Carreño. Eso supone que muchas empresas no lleguen a firmar un convenio con los acreedores. Y si al final lo consiguen, es fácil que recaigan. “Muchos concursos son consecuencia del sobreendeudamiento bancario, de forma que el empresario tiene una mochila con deuda y los pagos pendientes a proveedores. Cuando firma el convenio, debe volver a un negocio que ya ha bajado dedicando prácticamente todos los ingresos a saldar esa mochila”, asegura Agustí Bou, socio director del despacho Jausas.

El consejero delegado de Sherpa Capital explica gráficamente el lastre de una deuda para las empresas: “Se puede estar subiendo el Himalaya con una mochila de 80 kilos y a partir de un momento ser incapaz de seguir. Entonces te quitan 20 kilos, pero no es suficiente para escalar esa altura”. “A veces decimos que una empresa necesitaría dos vidas para pagar toda la deuda”, resume Carreño.

Una de las pocas alternativas que se han hallado para no dañar todavía más el tejido industrial, que ha perdido un 17% de sus empresas desde 2008, es la venta de las unidades productivas, en especial cuando la empresa es grande y su extinción puede suponer el fin de otras auxiliares. ¿Qué es una unidad productiva? “El conjunto de medios humanos y materiales de una empresa: incluye fondo de comercio, marca, subrogación de contratos laborales e instalaciones donde se desarrolla la actividad”, explica el juez de lo Mercantil José María Fernández Seijo. Así se salvó el año pasado Cacaolat tras el fiasco de Nueva Rumasa, su propietaria. Damm, Cobega y Victory Turnaround se hicieron con la empresa por 75 millones de euros y el compromiso de construir una nueva fábrica en Santa Coloma de Gramenet.

El ‘mapa de riesgos’ de Industria ha salvado al 70% de empresas en peligro

Los jueces de lo Mercantil se dieron cuenta, no obstante, de que el principal problema para el éxito de esas operaciones era “la falta de publicidad de las oportunidades de inversión en unidades productivas”, ya fuera como una forma de participar en la compañía o de adquirirla, según dijeron en el texto de un convenio que firmaron con el Departamento de Empresa y Empleo. El acuerdo alcanzado entre los jueces y la consejería que dirige Felip Puig preveía que los administradores concursales suministrarían información sobre las unidades productivas a la Administración para que esta la trasladara a “posibles interesados” siempre que la empresa tenga “actividad real”.

El director general de Industria, Antoni Grau, explica que en el primer año de funcionamiento del convenio se han salvado 175 empresas y más de 5.000 puestos de trabajo. “Estaría bien que las empresas con dificultades nos llegaran antes, porque cuanto más al límite están, más difícil resulta controlar los daños”, asegura. El departamento trabaja además con un ‘mapa de riesgos’ con compañías que pueden entrar en crisis. “Eso nos ha permitido salvar entre el 70% y el 80% de los empleos que entran en esa zona”, añade el director general de Industria. En la página web de la consejería hay una lista con 77 unidades productivas en venta. Las que ahora hay publicitadas son compañías con una facturación de menos de cinco millones de euros entre las que predominan las industrias, aunque también hay inmobiliarias y constructoras. En el caso de las inmobiliarias es más frecuente la subasta de los activos. Es el caso del edificio Estel de Barcelona, la antigua sede de Telefónica, que su administrador, Jausas, adjudicó a Renta Corporación por 56 millones.

La lista de empresas cuya unidad productiva ha sido vendida es amplia y hay casos en todos los sectores. Faro, por ejemplo, se hizo con Biosca y Botey a cambio de quedarse con su deuda con los proveedores y mantener la plantilla; pero también han pasado por ese proceso Sati; Itowa, en la que entró un grupo indio; Cubigel, que adquirió la china Huayi; Clínica del Pilar, ahora en manos de IDC; o Idagua ha sido comprada por MAT Holding. “La parte positiva es que te transfieren la sociedad limpia, con lo cual facilita su viabilidad. El único inconveniente es que la empresa ha estado sometida a una fase de destrucción de valor que repercute en la marca”, explica Pau Relat, consejero delegado de MAT Holding.

La venta de una unidad productiva no es un proceso exento de complicaciones, en especial con los acreedores, que cobrarán con el dinero que se obtenga de la transacción. “Sí es una fórmula más exitosa para reestructurar una empresa. Lo vemos aquí, pero también en Gran Bretaña, Estados Unidos o Alemania. Y allí hemos visto algunos puntos de conflictos. El primero, que la cantidad que recuperan los acreedores puede ser algo menor que la que retornaría por la vía del convenio. Y el segundo atañe a la competencia: muchas empresas acuden a esta figura para mantener actividad y empleados sacándose deuda de encima, lo cual perjudica a los competidores y tener un efecto dominó”, explica Juan Ferre, socio del despacho Jones Day.

El juez Fernández Seijo coincide en que “se puede correr el riesgo de perjudicar a los acreedores”. Sin embargo, el abogado Antonio Carreño, de Cuatrecasas, opina que éstos difícilmente obtendrían más en los procesos de liquidación, mientras que estas ventas permiten “mantener actividad, empleo y recaudación para las arcas públicas”. “No es un tema pacífico, por eso el proceso debe ser ágil pero transparente”, zanja Fernández Seijo.