Los funcionarios preparan un alud de denuncias para la ‘extra’ de 2012

El fin de año está siendo especialmente ajetreado para los representantes de los empleados públicos. Los sindicatos negocian con las Administraciones una parte de la paga extra de Navidad correspondiente a 2012 que los tribunales han empezado a dictar que debe ser abonada. La Diputación de Barcelona y 26 municipios han accedido a ingresar esa cantidad, que de media asciende a 400 euros y las organizaciones sindicales esperan que antes de fin de año se añadan a la lista varios consistorios más. La Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, en cambio, se cierran a satisfacer esa paga.

El Gobierno de Mariano Rajoy decidió eliminar la extra a todos los empleados públicos españoles en 2012 mediante un real decreto que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 15 de julio del año pasado. Varias sentencias han señalado que en ese momento ya se había generado parte de la paga de Navidad y que esa cantidad no podía ser suprimida porque la medida no podía tener efectos retroactivos. “La paga extra es salario y se merita a lo largo del año. Dependiendo del convenio, puede que empiece a hacerlo el 1 de junio o bien el 1 de enero, por ejemplo”, asegura la abogada del Col·lectiu Ronda Anna Huertos. El despacho ha logrado que el juzgado de lo Social número 1 de Mataró haya considerado que la decisión de suprimir íntegramente la paga vulnera el artículo 9.3 de la Constitución, que garantiza la “irretroactividad de las disposiciones sancionadoras o favorables o restrictivas de derechos individuales”.

La de Mataró no es, sin embargo, la única sentencia que determina la inconstitucionalidad de la medida. A la vista de ello, los sindicatos empezaron a negociar en cada Administración, de forma que en diciembre han estado en decenas de mesas tratando de cerrar pactos. “Era la fórmula más viable. Hay 947 ayuntamientos con sus empresas vinculadas, patronatos, institutos... Eso supone poner la justicia patas arriba y, además, hacer frente a tasas judiciales”, explica el responsable del sector de la Administración Local en CC OO. Los primeros consistorios en acceder a abonar esa cantidad fueron Vidreres (Selva) y Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat), pero se han ido añadiendo ayuntamientos de todos los colores Martorell, Sabadell, Santa Coloma de Grament, Viladecans, Sant Cugat del Vallès o Girona, donde se aprobó mediante una moción.

La Diputación de Barcelona y su organismo de gestión tributaria también han pactado devolver a sus más de 5.000 empleados públicos de la parte meritada de la paga —44 días comprendidos entre el 1 de junio y el 14 de julio— el primer trimestre de 2014. “Como primera entidad municipalista ese acuerdo fue importante. Esperamos llegar a acuerdos más municipios en los próximos días, otros no pueden porque sus interventores no lo ven claro, y algunos están siendo reacios”, explica Carles Villalante, secretario de Política de Servicios Públicos de UGT.

A los trabajadores públicos les urge realizar la reclamación, puesto que tienen un año —que vence este mes— para ir a los juzgados. Los funcionarios tienen más tiempo, cuatro años, pero los sindicatos quieren cerrarlo ahora. En el Ayuntamiento de Barcelona no ha sido posible el acuerdo y el gabinete jurídico de la UGT ya lleva días preparando las instancias para reclamar una parte de la paga extraordinaria del 2012. En el caso del personal laboral, que afecta a 400 empleados, el sindicato ha preparado hasta 16 demandas, una para cada ente municipal, ya que afecta a diferentes consorcios. La intención es presentarlas antes de que termine el año, según explicó Miguel Díaz, secretario general de la sección sindical de UGT en al Ayuntamiento.

Para los funcionarios, el calendario no urge tanto, ya que tienen hasta cuatro años para reclamar la parte meritada. Miguel Díaz, de UGT, explicó que también están recogiendo las instancias y que, en estos casos, tendrán que presentar contenciosos administrativos que tienen previsto registrar en grupos de 200. En total, hay 7.000 trabajadores afectados. El Ayuntamiento de Barcelona mantendrá su postura de no pagar la parte meritada hasta que una sentencia le obligue a abonarla, según fuentes municipales. El consistorio recordó que ya decidieron adelantar a principios de enero la paga de junio para paliar la supresión de la extra por parte del Gobierno central.

Los sindicatos también han estado negociando el retorno de la paga con las entidades municipalistas. La Asociación Catalana de Municipios (ACM) considera que “aún hay pocas sentencias”, lo cual implica que “no haya un criterio general adoptado por los ayuntamientos”, de forma que en algunos se está llegando a acuerdos mientras que otros deberán resolverlo por la vía judicial. Fuentes de la ACM explican que la asunción de esa cantidad dependerá de la situación económica de cada consistorio, aunque la entidad ya ha confirmado con el Departamento de Economía la posibilidad de destinar “el remanente de tesorería positivo” para abonar esta cantidad. La Federación de Municipios de Cataluña, por su parte, no quiso responder a las preguntas de este diario.

El proceso para reclamar la paga sigue vías distintas para personal laboral y funcionarios. La abogada del Col·lectiu Ronda Anna Huertos explica que los empleados públicos deben acudir a la vía de lo social para interponer una reclamación de cantidad o bien un conflicto colectivo. Esta última vía, añade, permite resolverlo rápidamente. Los funcionarios, en cambio, deben ir por la vía de lo contencioso-administrativo en un plazo de cuatro años para realizar una reclamación por cantidad.

La Generalitat también tiene sentencias en esa dirección, entre ellas una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en el conflicto colectivo interpuesto por CC OO, UGT, IAC y USOC. Fuentes del Gobierno catalán aseguraron, sin embargo, que han recurrido. Los sindicatos quieren forzar, de momento sin éxito, al Ejecutivo para que llegue a un acuerdo sobre esa cantidad. La alternativa, dicen, es colapsar los juzgados. “La Generalitat haría el ridículo teniendo que asumir los costes”, asegura Xavier Casas, responsable del sector de la Generalitat de UGT.

En la última reunión con los sindicatos hace apenas dos semanas, según varias fuentes, la Generalitat cifró en 80 millones el coste que tendría el pago de esa parte de la extra de 2012. Los sindicatos le advirtieron de que en caso de no abonarla puede ser peor, puesto que debería asumir otros 60 millones de euros en concepto de costes judiciales. Antes de que acabe este año, el personal laboral está presentando solicitudes a la Administración catalana para cobrar esa cantidad, paso previo a interponer una reclamación en el juzgado. De momento, fuentes sindicales estiman que solo en UGT ya hay alrededor de 20.000 reclamaciones preparadas.