El exalcalde de Alicante queda al borde del banquillo por fraude fiscal y cohecho

Luis Díaz Alperi, alcalde de Alicante entre 1995 y 2008, y diputado del PP en las Cortes Valencianas, quedó este viernes a un paso de ser juzgado como autor de tres delitos fiscales y otro de cohecho pasivo impropio. Alperi se benefició, según cree el juez, del pago por terceros de un crédito cercano a un millón de euros sin declararlo a Hacienda. Disfrutó, dando la apariencia de ser suyo, de un catamarán de lujo de 15,5 metros de eslora abonado también por otros. Y utilizó un amarre en la marina deportiva de Alicante de forma gratuita, cuando “los restantes usuarios de las instalaciones, por un punto de amarre de similares características” pagan “alrededor de 12.000 euros anuales, impuestos y tasas aparte”, recoge el auto.

Alperi, que está también imputado en el caso Brugal, está ahora a expensas de que la fiscalía y la Abogacía del Estado pidan la apertura de juicio oral contra él, lo que parece más que probable. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia Antonio Ferrer le impone una fianza de 1,4 millones de euros. Y 1,5 millones más a otros dos empresarios imputados.

Alperi está imputado también en el caso Brugal por amañar presuntamente el plan urbano de Alicante

El exalcalde, diputado autonómico desde 2007, adscrito en su momento a las filas del campismo, habría ocultado al fisco más de un millón y medio de euros y habría dejado de tributar 682.681 euros. El fraude se habría producido en los años 2007, 2008 y 2010. En este último ejercicio, además, Alperi habría utilizado una sociedad inactiva para facturar por su actividad privada como perito mercantil, obteniendo una ganancia neta aproximada de 52.397 euros y eludiendo el pago de los impuestos correspondientes por su labor de asesoría.

Una de las empresas que pagó a Alperi por trabajos privados fue, según la resolución judicial, Salvetti Abogados, propiedad en parte de José Luis Castedo, hermano de la actual alcaldesa de Alicante que según el sumario del caso Brugal habría participado en el amaño del plan urbanístico de Alicante. Los hermanos Castedo también están imputados en esa causa.

Cobró siendo diputado de varias empresas eludiendo el pago de impuestos. Una fue el despacho de abogados del hermano de la alcaldesa de Alicante

Salvetti Abogados abonó a Alperi 2.750 euros, IVA aparte, “por un trabajo denominado Estudio y Asesoramiento Estratégico de Varios Inmuebles sitos en Madrid”. El exalcalde facturó igualmente a las empresas Convalesa, Sorea, Sdad, Reg Abastecimiento, Blaurban y Ancon Levante “por el concepto de abono cuota mensual según contrato por asesoramiento urbanístico y medioambiental, intermediación, tasación pericial y similares” por un importe de 59.975 euros (sin IVA) siendo parlamentario.

El juez del Tribunal Superior de Justicia Antonio Ferrer no da mucha credibilidad a las explicaciones ofrecidas por Alperi y el resto de imputados. Respecto a uno de ellos Antonio Moreno, que canceló por Alperi una deuda cercana al millón de euros, el magistrado señala: “Es difícil admitir o cuando menos sospechosa la justificación que se nos pretende dar al respecto, dado que no resulta creíble que una persona que se tiene por un prudente y experimentado comerciante (Moreno), otorgue un crédito cercano a un millón de euros, a una persona (Alperi) al que en su declaración admitió no conocer de antes, ser consciente de su falta de solvencia y tenerlo por un mal pagador”. Y hacerlo, además, sigue el auto, “sin exigir garantía, ni pago de interés alguno, aparte de otorgar sucesivas renovaciones a ese supuesto crédito”.

Un imputado canceló una deuda de un millón por Alperi a pesar de admitir que lo tenía por "mal pagador"

El juez considera poco serio el intento de mejorar la apariencia de los hechos comunicando al tribunal que, hace unos días, Alperi habría abonado 50.000 de los 942.678 euros que debía a una de las empresas de Moreno.

El magistrado asume igualmente las sospechas de la fiscalía y de la Agencia Tributaria respecto a las numerosas compraventas cruzadas entre Alperi y el empresario Antonio Solana de las acciones de la sociedad inactiva Andarx Business. La única función de la empresa pareció ser ostentar la titularidad del catamarán Akra Uno y servir de velo para ocultar que el diputado disfrutaba en exclusiva de la “embarcación de grandes proporciones”.

El juez también deja al borde del juicio a Javier Palacio, dueño de la marina deportiva del puerto de Alicante, por no cobrarle el amarre a Alperi, lo que constituiría un delito de cohecho impropio. El mismo delito que llevó al banquillo al expresidente valenciano Francisco Camps.