Financiación y políticas universitarias

En una mañana en la que me levanto analizando los datos del último informe Pisa, acaba de llegar a mi mesa de trabajo un informe bajo el título La Universidad española en cifras 2012. Su presentación tuvo lugar el pasado 28 de noviembre y constituye una muestra del compromiso que mantiene la universidad con la sociedad española. Los datos relativos a la financiación universitaria que contiene este informe están referidos al curso académico 2010-2011, lo que impide observar los cambios de tendencia que han producido los recortes en estos últimos años.

Habría sido muy pertinente poder contar con dichas cifras porque uno de los conceptos básicos sobre los que pivota la financiación de las universidades es el de suficiencia financiera, un principio hoy en entredicho. En España la inversión en educación superior gira en torno al 1,3% del PIB, cifra que se sitúa por debajo de la media de la OCDE. El año 2007 el Informe sobre financiación del sistema universitario español ya subrayaba la necesidad de aumentar la inversión destinada al sistema universitario. La política económica llevada a cabo por el Gobierno del Estado, sin embargo, ha socavado de manera casi irreversible la suficiencia financiera. Ello ha abocado a nuestras universidades a aplicar recortes y ajustes no deseados.

Educación, ciencia y tecnología constituyen una palanca poderosísima tanto para el crecimiento económico como para la ampliación de la base social y la calidad de nuestra democracia. Sin educación no hay democracia, y no la habrá si la Consejería persiste en su política de impagos a la Universitat de València. ¿Sabe el lector que la Consejería debe en torno a 300 millones de euros a nuestra Universitat? Reivindiquemos con fuerza y argumentos ante los poderes públicos, pero pongamos también en marcha la imaginación y la racionalidad. Es necesario que nuestra Universitat se vuelque en la lucha por la equidad, por la calidad de los servicios universitarios y por la eficiencia.

Sobre este asunto, echo de menos que la Universitat de València no haya tenido un papel más activo ante hechos tan graves como la política de becas ineficiente que padecemos, y la subida de tasas universitarias que ha hecho tambalear la irrenunciable igualdad de oportunidades. También desde esta tribuna me siento obligada a reclamar a los gestores de la Universitat una mayor concreción sobre los objetivos de eficiencia que persiguen, puesto que son absolutamente imprescindibles cuando se habla de financiación y de utilización racional de los recursos públicos. Permítanme decirles que observo con tristeza muchas tareas pendientes ante la urgente necesidad de mejorar la eficiencia en el servicio que presta la Universitat de València; entre ellas la imprescindible transparencia y la rendición de cuentas. Resulta curioso que “las cuentas” hayan dejado de tener su lugar obscuro dentro de las universidades para adquirir un protagonismo que reclama a gritos pasar de una fiscalización del gasto a lo que podríamos llamar una evaluación de la gestión.

Discúlpenme los lectores si el contenido de este último párrafo resulta un poco técnico pero, en síntesis, reclamo a los que tienen responsabilidades de gestión en la Universitat de València que expliquen muchas omisiones sobre la financiación universitaria y que por esta razón, deben dar cuenta de aquellas políticas que en un principio se deberían de haber diseñado durante estos últimos cuatro años pero, desgraciadamente, han quedado arrumbabas en la cuneta. Y acabo con una última pregunta ¿Dónde están las políticas de investigación, la mejora de la docencia y las políticas sociales, muchas de ellas autofinanciables a poco que nos esforcemos y utilicemos nuestra imaginación?

María Antonia García-Benau es Catedrática de Economía Financiera y Contabilidad de la Universitat de València