Batea acusa a la Generalitat de favorecer a una entidad privada de la sanidad
Polémica por el concurso que adjudicó el servicio de rehabilitación para toda la comarca de la Terra Alta
El Ayuntamiento de Batea (Terra Alta), gobernado por la coalición UPTA-PM, ligada al PSC, mantiene clausuradas desde principios de noviembre las instalaciones del centro de rehabilitación de la Fundació Privada Terra Alta Segle XXI, a la que la Generalitat catalán había adjudicado el contrato de la comarca.
El Consistorio acusa a la Generalitat de “favorecer a la entidad privada” y su alcalde, Joaquim Paladella, considera “muy sospechosa” la adjudicación porque la beneficiaria “no cumple las condiciones”. Por contra, el Departamento de Salud de la Generalitat defiende la legalidad del proceso y la fundación ha anunciado que se querellará contra el alcalde.
El conflicto arrancó cuando el Gobierno catalán adjudicó en julio por 152.649 euros el servicio de rehabilitación de la Terra Alta a la entidad privada, fundada en 2001 y que en Batea fue la única candidata que se presentó y el concurso implicaba el cierre del servicio que también ofrecía el centro de día municipal, gestionado por una empresa participada por Ayuntamientos de Tarragona.
El alcalde de Batea plantea ahora irregularidades en el proceso. Uno de los dos edificios de la fundación “es un domicilio particular”, según denuncia. El segundo, sostiene el alcalde, solo tiene permiso para un centro de día con capacidad para 30 personas y supuestamente no cubre a los pacientes de atención primaria derivados del hospital ni la rehabilitación ambulatoria. “Solo caben seis personas y estaban haciendo la rehabilitación a 11, doblando la capacidad en una sala que no lo permite y que no respeta la normativa”, dice Paladella.
La Generalitat lo niega y culpa al Consistorio de la situación creada por haber hecho inviable la prestación del servicio en el local que ofrecía. La fundación también niega haber incumplido el pliego de cláusulas y ha presentado un recurso ante el Consistorio. Además, se ofreció a prestar la rehabilitación en los domicilios de los pacientes y ha acudido al Juzgado Contencioso Administrativo de Tarragona para tratar de abrir sus instalaciones de rehabilitación.
El Ayuntamiento convocó una consulta para que los vecinos eligiesen si querían un servicio público o privado. Sin embargo, finalmente fue suspendida a la espera de las negociaciones.{Entradilla}
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