Recursos para quien perdió la caña

Una ley que permite expropiar viviendas a los bancos que planeen el desahucio de familias en riesgo de exclusión, un decreto para garantizar tres comidas diarias a los escolares, el anuncio de otro para asegurar un suministro mínimo de electricidad y agua y un programa para que los inquilinos de viviendas sociales que no puedan pagar el alquiler compensen parte de sus deudas con trabajos para su comunidad. Si el éxito de un Gobierno se midiera por el impacto mediático de sus incitativas, la Junta de Andalucía lo tendría garantizado con las últimas medidas sociales de la coalición que forman PSOE e IU.

Pero, entre elogios y críticas, se ha abierto un debate: lo que para unos son políticas progresistas, para otros son iniciativas de beneficencia; lo que unos aplauden como una respuesta imaginativa ante situaciones de emergencia, otros reprueban como remiendos con más impacto mediático que social. En medio, algún observador mitad escéptico, mitad expectante, como el politólogo y analista político Eduardo San José. “Un Gobierno de izquierdas tiene que remover conciencias con políticas sociales, pero si no se les da dotación económica se pueden convertir en brindis al sol”, advierte.

El politólogo considera que medidas como las puestas en marcha por el Gobierno andaluz son válidas ante “situaciones extraordinarias”, sin embargo, para que realmente tuvieran calado, deberían ser reguladas como derechos. “Pero dudo que eso sea económicamente sostenible, por lo que deduzco que pueden ser medidas impactantes pero con poco recorrido”, afirma San José. Con todo, admite que PSOE e IU consiguen transmitir una idea clara: “Somos izquierda y hacemos propuestas de izquierdas”.

Los dos partidos que forman la coalición de Gobierno hacen suyo este mensaje y defienden sus medidas como una reacción “valiente” para afrontar las consecuencias de la crisis para las familias andaluzas. La consejera de Bienestar Social, María José Sánchez Rubio (PSOE), defiende estas iniciativas como complemento del sistema consolidado de servicios sociales. Niega que sean medidas de beneficencia. “Sirven para atajar unas situaciones de emergencia en un momento coyuntural. Y eso también es una obligación de los poderes públicos”, afirma.

La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU), añade otra razón para instaurar estos programas: la justicia social. “Los Gobiernos nos debemos al cumplimiento de normas esenciales, como la Constitución, el Estatuto de Autonomía o la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Queremos defender derechos que estaban siendo sistemáticamente pisoteados”, afirma Cortés, sorprendida por las críticas que están recibiendo desde algunos sectores las últimas iniciativas de la Junta, similares a otras que funcionan en muchos países europeos. En Francia o Reino Unido, por ejemplo, las autoridades pueden “incautar” viviendas deshabitadas. “No hemos inventado la pólvora”, señala la consejera de Fomento.

Los dos grupos que forman el Gobierno andaluz reivindican sus propuestas como una respuesta a las otras decretadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. “Nos vemos obligados a poner en marcha estas medidas porque hay una necesidad urgente derivada de políticas que van en el sentido contrario y que han dejado en desamparo a muchas familias. Lo que intentamos es luchar contra políticas salvajes”, afirma el portavoz parlamentario de IU, José Antonio Castro.

Pero la oposición política y muchas voces sociales sostienen que la Junta ya tenía instrumentos para conseguir los mismos resultados que se persiguen con estas iniciativas. Es lo que defiende, por ejemplo, el movimiento Marea Naranja en Granada, formado por ciudadanos y profesionales en defensa del Estado de bienestar. “El sistema cuenta con recursos, programas y prestaciones básicas que, paradójicamente, se están viendo afectados por los recortes de las Administraciones”, advierte un portavoz de esta asociación. “¿Para qué inventarse nuevas medidas? ¿No será más rentable reforzar las que ya existen o desarrollar las no ejecutadas, como las medidas de formación y contratación contempladas en el Programa de Solidaridad?”.

En esta necesidad de cumplir con los programas y derechos vigentes antes de implantar otros nuevos coincide también el Partido Popular. Lo contrario, advierte la parlamentaria Rosario Soto, es “pura demagogia y más pancarta”. Soto señala, sobre todo, los retrasos en los pagos del Ingreso Mínimo de Solidaridad, el llamado salario social, para el que los ciudadanos tienen que esperar meses entre que se le concede y empiezan a cobrarlo. “Primero que cumplan con eso y luego, si queda dinero, que pongan nuevas medidas”, afirma Soto, que es de la opinión de que para las familias es mejor recibir una ayuda (como el salario social ya existente o la prometida renta básica) y “autogestionar” sus ingresos.

La renta básica es la gran promesa pendiente. Ahí coinciden todos. IU llevará al próximo pleno la creación de un grupo de trabajo para poner en marcha este salario mínimo, aunque el Gobierno prevé que no entrará en vigor hasta 2015. Según el Ejecutivo andaluz, no hay tiempo antes porque hay que estudiar la normativa estatal y europea y se quiere escuchar la opinión de los agentes sociales. Pero además de faltar tiempo, probablemente falta dinero, ya que la renta básica requiere una liquidez mensual difícil de garantizar hoy. “Cualquier Gobierno que quiera ser un verdadero Estado del Bienestar debería garantizar una renta básica. Pero, con las circunstancias actuales, es imposible que nadie lo haga. La realidad es que solo los países ricos tienen una buena renta básica”, advierte el politólogo Eduardo San José que, con todo, aplaude que la Junta persiga esta “utopía”. “Tienen que hacerlo. Hace unas décadas era utópico mucho de lo que hoy consideramos básico. Un Gobierno de izquierdas tiene que intentar poner en marcha una renta básica el problema es: ¿cómo se financia?”.

La duda que expresa San José será una de las incógnitas que tendrán que despejar los grupos políticos el año que viene, aunque el secretario general de CC OO de Andalucía, Francisco Carbonero, cree que “reordenando y concentrando los esfuerzos” que ahora se dispersan entre distintos programas bastaría para garantizar una renta mínima. “En Andalucía se están promoviendo medidas demasiado cortoplacistas. Cualquier iniciativa que palie dificultades nos parece positiva, pero hay que avanzar hacia derechos que aborden problemas estructurales, no situaciones puntuales”, señala. Su opinión la comparte el exdefensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, que lleva años reivindicando una ley de Inclusión, cuyo borrador llegó a redactarse en la anterior legislatura y que debía regular la renta básica. “Todo lo demás son parches. La excusa para parar la ley de Inclusión fue que era cara. Pero resulta que ahora se sacan del bolsillo otras medidas”, lamenta.

Como Carbonero, el exdefensor aboga por instaurar derechos e integrar estas políticas en una sola norma. “Ahora está todo deslavazado, parecen brotes”, afirma Chamizo, que aunque defiende la renta básica aboga por “huir de la paga”. “Es bueno responsabilizar a las personas a las que se va a ayudar. Si recibes 400 euros debes ofrecer a la sociedad al menos una hora de trabajo diario. Ellos, los afectados, lo reclaman, quieren dignificar la ayuda que reciben”, asegura.

Esta idea de resarcir con el esfuerzo personal el apoyo institucional es el eje del alquiler compensado, la última medida anunciada por la Consejería de Fomento y Vivienda. La propuesta no ha gustado al líder andaluz de CC OO, que rechaza “cambiar empleo por trabajos sociales”, ni al PP, para quien es una iniciativa “electoralista y de efecto muy limitado”, según la parlamentaria Alicia Martínez.

La consejera Elena Cortés, sin embargo, asegura que son los propios inquilinos de viviendas sociales atrapados en deudas los que han reclamado una fórmula que les permita contribuir con su trabajo. “Es una propuesta que sale de abajo, de escuchar a la gente”, afirma. Frente a los reproches por parecer política de beneficencia que han tenido algunas iniciativas de la Junta, el alquiler compensado es “lo opuesto a la caridad”, afirma Cortés. El Gobierno andaluz, de todas formas, no reniega de las ayudas de emergencia. “Nos gustaría dar la caña y no el pescado. Pero a muchas personas les han quitado la caña, el cebo y les han atado las manos. No podemos dejarles tirados”, afirma el portavoz de IU, José Antonio Castro.