La demagogia hídrica

El millonario saqueo cometido en la depuradora de Pinedo a través de la sociedad pública Emarsa lo estamos pagando los ciudadanos, con el canon de saneamiento y también L’Albufera. El lago se ha situado este otoño hasta 38 centímetros por debajo de su nivel normal, entre otras cosas porque la estación metropolitana de depuración, para ahorrar costes, dejó de efectuar a las aguas que vertía en L’Albufera el tratamiento terciario que elimina el nitrógeno y el fósforo y evita así el aporte de nutrientes a un lago que los concentra en exceso. Después de que sus directivos y los de la entidad de saneamiento de la Generalitat se hartaran de robar, como ha revelado la investigación judicial, la planta de Pinedo, en lugar de tratar el agua y verterla al lago, la ha estado arrojando al mar por el emisario submarino. Ahora todo son urgencias ante el estado de L’Albufera, mientras los regantes del Júcar se resisten a hacer desembalses no previstos y los del Turia transigen a mandar al lago sus sobrantes siempre que la maniobra no siente precedente.

Lo de los sobrantes tiene miga porque del Júcar beben, a través del canal Júcar-Turia, la ciudad de Valencia y una cuarentena de las poblaciones de su densa área metropolitana. Es algo que la mayoría ignora y que los responsables políticos eluden, mientras en la comarca de la Ribera varias localidades reciben un suministro no apto para consumo humano. Y tanto el Gobierno como el Consell pretenden dejar abierta, además, en el plan de cuenca del único río valenciano que no hemos dejado seco la vieja aspiración del lobby hídrico alicantino de que el trasvase Júcar-Vinalopó lleve su toma a un punto anterior a los campos de riego de la Ribera, donde captaría caudales de mayor calidad que los que ahora transfiere.

Presume el PP en Alicante desde hace unas semanas de haber resuelto el conflicto del Tajo-Segura. Lo ha hecho asumiendo el aumento de la reserva mínima en Castilla-La Mancha de 260 a 400 hectómetros cúbicos y lo plantea como una lección de consenso. El jefe del Consell, Alberto Fabra, asegura que no sirve de nada “la política de la pancarta”. Y lo dice ahora, cuando su partido gobierna todas las administraciones que concurren en el Tajo-Segura y ha abandonado como por ensalmo la beligerancia que exhibió frente a la ministra Cristina Narbona y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. No hay problema, dicen, con aumentar la reserva porque se da rango de ley a la continuidad del trasvase. Puede ser razonable. Pero solo lo parece hoy porque ya no hay enemigo al que combatir con fiera demagogia. Y porque ahora se negocia con las espaldas cubiertas por las denostadas desaladoras de Narbona, que dan agua muy cara pero de las que siempre se podrá echar mano para abastecer el consumo.

Al presidente de la Generalitat y a sus correligionarios del PP debería darles vergüenza referirse a la “política de la pancarta”. Ellos que se inventaron el “Agua para todos”. Ellos que pusieron en falso, con unas elecciones a la vista, la primera piedra del trasvase del Ebro. Ellos que azuzaron la guerra por mezquinos intereses partidistas. Y lo hicieron con dinero público. Más de siete millones de euros recibió la Fundación Agua y Progreso entre 2004 y 2012 de la Administración autonómica. Había que reclamar airadamente el trasvase... Hasta que llegó Rajoy a la Moncloa, se guardaron las pancartas y se desmontó el tinglado. Rechaza el Consell con trucos de patio de colegio entregar a la oposición la información que acredite en qué gastó esa fundación el dinero. Tal vez porque el agua de ese pozo está aún más podrida que la de L’Albufera.