La Generalitat quiere evitar los cortes de luz a personas sin recursos

El Síndic de Greuges lo avisó hace un mes: cerca de 193.000 hogares catalanes tuvieron problemas en 2011 para poder pagar los recibos de luz, gas y agua. E hizo una recomendación: la puesta en marcha de medidas para paliar un problema agravado con la crisis, sobre todo cuando se avecinaba el invierno. La Generalitat parece haber recogido el guante ahora, pese a que ya reconocía la denominada pobreza energética como un problema creciente en el Plan de la Energía que presentó hace 18 meses. El Departamento de Empresa aprovechará la modificación del Código de Consumo que se tramita en el Parlamento catalán para intentar poner barreras a la capacidad de las operadoras para cortar el suministro cuando un recibo es impagado.

“Se garantizará el suministro energético a las familias que estén en situación de pobreza energética”, explicó ayer a TV3 el jefe de gestión energética del Instituto Catalán de Energía (Icaen), Juanjo Escobar. Una de las cuestiones clave es saber cómo se establece a qué personas se cubre y otra quién asumirá el coste de esa factura impagada, si la propia compañía, el Estado o la Generalitat. Lo primero, no obstante, será la tramitación parlamentaria, para ver si se cierra este año.

La propuesta que impulsa el Gobierno catalán ya fue anunciada por el consejero de Empresa, Felip Puig, el pasado 6 de noviembre, tras anunciar la introducción de una enmienda al proyecto de ley con el que se modificará el Código de Consumo. La definición de “consumidor vulnerable” dependerá de lo que lleguen a pactar los diferentes partidos políticos y su aplicación será un pequeño alivio para los servicios sociales de algunos ayuntamientos y entidades del tercer sector que ahora están asumiendo parte de las facturas impagadas. Sobre lo que salga de esa enmienda, Escobar señaló ayer que será “nuestro plan de choque contra la pobreza energética”.

Con la agudización de la crisis, la situación se ha complicado. Según los datos recabados por EL PAÍS, la incapacidad para costear el recibo de la luz supuso 1,4 millones de cortes de suministro en 2012 en España, el doble de las cifras anteriores a la crisis. Las empresas aducen que cuentan con tarifas sociales para ayudar a sus clientes más necesitados.

En el caso del agua sucede algo similar. En Barcelona, Agbar ha llegado a acuerdos con Cáritas para que los más vulnerables no paguen el recibo. Pero en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), ICV-EUiA impulsó la creación de una nueva tarificación social que permita vincular el pago del recibo a los niveles de renta. Pero la coalición ecosocialista intenta ir a más y pretende que el Gobierno metropolitano tenga una posición activa en el caso de impagos de suministro.

Hasta ahora, cuando una suministrador de agua no cobra el recibo que ha girado a su cliente ésta lo comunica de forma automática a la AMB y, si hay silencio administrativo —lo habitual—, ejecuta el corte de suministro. ICV-EUiA pretende que liquidar esa pasividad de la corporación metropolitana y forzarla a que analice la situación del cliente para ver si se trata un caso de vulnerabilidad. Solo en los 36 municipios que integran el Área Metropolitana de Barcelona se iniciaron el año pasado 72.039 procedimientos para cortar el agua, el triple que un año antes.