La Generalitat aligera la actualización de 1.300 licencias ambientales
La Generalitat no exige a las explotaciones ganaderas ningún informe sobre la calidad de las aguas subterráneas y del suelo
El Departamento de Territorio y Sostenibilidad ha informado esta mañana de que optará por un procedimiento "simplificado y a corto plazo" para la revisión de 1.300 autorizaciones ambientales vigentes, y que antes del 7 de enero del próximo año tienen que estar actualizadas. La Generalitat pretende "reducir y minimizar las cagas administrativas de las empresas". Tanto es así que el Gobierno catalán no exigirá ningún informe de la calidad incial de las aguas subterráneas y el suelo a las explotaciones ganaderas, a pesar de que son los principales contaminadores de los acuíferos y que la Unión Europea lo exige, y reduce a 152 la lista de "miles de sustancias peligrosas relevantes" del organismo europeo.
Con este procedimiento exprés, la Generalitat dará cumplimiento a la transposición del Gobierno español de la Directiva europea de emisiones industriales. Cataluña concentra el 20% de las 6.000 empresas, entre las que hay industrias, energéticas, manufactureras y agroganaderas. La transposición de esta Directiva fija nuevos requerimientos ambientales al sector, como la vigilancia de las aguas subterráneas y el suelo, la obligación de presentar informes cuantitativos de la calidad del medio al inicio y al final de la actividad respecto a la sustancias peligrosas relevantes, la necesidad de velar por la eficencia energética y el ahorro de recursos y la regulación de un sistema que tendrá que determinar la frecuencia de las visitas de inspección.
El Departamento de Territorio ha especificado que la aplicación de la Directiva europea se ha hecho con la voluntad de "reducir y minimizar" las cargas administrativas. "De esta manera se han agilizado y simplificado los trámites para facilitar el ejercicio de las actividades económicas y no añadir nuevas cargas". Un procedimiento, enmarcado dentro de los Acuerdos de Gobierno sobre la promoción de la actividad económica que "comporte el mínimo impacto económico y para el tejido productivo", ha asegurado el Gobierno.
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