Andalucía planta cara a Hacienda y rechaza aplicar más recortes

La Junta ha recibido un tirón de orejas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por la falta de cumplimiento del plan económico-financiero de 2013 cuando falta poco más de un mes para que acabe el año. De momento —y pese a que el departamento de Cristóbal Montoro pide al Gobierno andaluz "medidas de ajuste" adicionales—, el Ejecutivo de Susana Díaz no contempla aplicar más recortes de los ya hechos. Miguel Ángel Vázquez, portavoz de la Junta, ha rechazado este martes que el Gobierno andaluz tenga previstos ajustes extraordinarios "a día de hoy". Defendió el "cumplimiento razonable" que hace la Junta del objetivo de déficit.

El límite que debe cumplir este año Andalucía está en el 1,58% del PIB regional. Según los datos aportados por el Gobierno, Andalucía estaba en el 1% (1.379 millones de euros) en septiembre. La Consejería de Hacienda prevé cerrar 2013 en torno al límite del 1,58%.

Pero en el departamento de María Jesús Montero ha sorprendido el requerimiento que les envió el lunes el Ministerio de Hacienda, tanto por el fondo como por el momento elegido, cuando se está rematando el ejercicio presupuestario y la capacidad de acción está más que limitada.

El ministerio dice haber apreciado "desviaciones" en la ejecución de las medidas a las que se comprometió Andalucía en su plan económico-financiero de 2013, que contemplaba un ajuste total de algo más de 700 millones de euros. Esta comunidad fue una de las que tuvo que aplicar un programa de este tipo al no haber cumplido en 2012 con el objetivo de déficit. El ministerio hace un seguimiento trimestral de la ejecución de los planes. El informe del segundo trimestre es el que utiliza ahora Hacienda para requerir a la Junta que "adopte y ejecute las medidas de ajuste necesarias para garantizar el cumplimiento" del objetivo de déficit del 1,58% al final de este año.

El ministerio no cuantifica el recorte adicional que se debería acometer, pero sí señala en su requerimiento los capítulos en los que se han detectado desviaciones. Respecto a los ingresos, se cuestiona la enajenación de activos contemplada por la Junta. El Gobierno autónomo había previsto en un principio que lograría 350 millones de euros por la venta de inmuebles. Luego, se redujo esa cantidad hasta los 150 millones, aunque esta medida aún no ha dado los frutos esperados por el parón del mercado inmobiliario.

El ministerio pide a la Junta que "en el seguimiento del tercer trimestre" se aporte "documentación adicional sobre la situación de los procesos de enajenación". "De no acreditarse su ejecución, esta medida deberá sustituirse de forma inmediata por otra que permita reducir el déficit en el importe señalado y cumplir las previsiones de cierre". El ministerio también pide información sobre las "certificaciones de obra vinculadas a fondos europeos" para valorar qué ingresos reales han llegado por esta vía. Fuentes de la Consejería de Hacienda reconocen que han surgido discrepancias sobre los ingresos previstos por Andalucía en las reuniones periódicas que se mantienen con el ministerio. Cifraron esas discrepancias en unos 150 millones de euros en el apartado de ingresos.

La solución que propone Hacienda en su requerimiento es "un acuerdo de no disponibilidad, que permita una contención efectiva del gasto, al menos por el importe previsto por la comunidad en concepto de inejecución de créditos". El ministerio pide a la Junta que en ese acuerdo detalle "las medidas de reducción de gasto correspondientes" y que identifique "el crédito presupuestario afectado". Además, ese acuerdo no podrá ser revocado "durante el ejercicio presupuestario en el que se apruebe o hasta la adopción de medidas que garanticen el cumplimiento del objetivo establecido".

La Junta sostiene que, a estas alturas del año, la mayoría de las disposiciones de crédito están ya ejecutadas. De hecho, la Consejería de Hacienda tiene previsto aprobar este viernes la orden de cierre del ejercicio contable, lo que implica que se bloquea hasta 2014 todo el gasto de la Administración, salvo las nóminas y algunas partidas excepcionales. La última vez que la Junta tuvo que decretar una operación de no disponibilidad fue antes de las elecciones de 2012. Supuso que se congelaran 2.500 millones.